El Consejo de Participación (CPCCS) transitorio acaba de activar un dispositivo adormecido por más de una década. Las muestras de apoyo ciudadano a sus gestiones reflejan un estado de ánimo colectivo frente a una aspiración común: la lucha contra la impunidad. No se trata de organizaciones o movimientos sociales con agendas particulares. La indignación general por el latrocinio perpetuado durante el correato convoca a lo más diverso de la ciudadanía. La movilización y la participación en redes sociales son de una multiplicidad que recuerda al movimiento de los forajidos.

El impacto es tan efectivo que ha remecido al propio sistema político. Al gobierno y a la Asamblea Nacional no les ha quedado más opción que sintonizarse con las expectativas populares, so pena de cargar con el desprestigio del anterior régimen. Hoy respaldan a regañadientes la campaña de higiene institucional emprendida por ese organismo. Únicamente el correísmo obtuso se ha colocado en la otra vereda de la decencia pública. En su torpeza y desesperación se están poniendo la soga al cuello. ¿Deliran, acaso, con la absolución electoral luego de alinearse con la defensa de la corrupción?

La reacción de la sociedad actualiza el viejo debate sobre el lugar de la política. El Consejo transitorio abre la posibilidad de una mayor injerencia social en las decisiones del Estado. Del coto cerrado de los partidos y organismos políticos intenta pasar al amplio espacio de lo público. Y lo hace desde una medida contundente: destapando un sistema de corrupción y abuso de poder montado a partir de la manipulación institucional. Lo que más indigna a la gente es que hayan saqueado el erario nacional en sus narices.

¿Cómo fue posible que se montara semejante maquinaria de corrupción? Pues dejando al aparato del Estado el control de la vida pública, depositando una fe ciega en el caudillo de turno, apoltronándose en la exuberancia del consumo, engolosinándose con la propaganda. Si los correístas pudieron manejar la riqueza nacional a su antojo fue porque la sociedad permaneció de espaldas a la política.

Tal vez lo más traumático para el país sea constatar algo que siempre debió intuirse. Abandonar la política por comodidad, hastío, miedo o indiferencia resulta un pésimo negocio. Permite la entronización de auténticas mafias en la administración del Estado. Una vez amarrada la punta del hilo, la maraña de inmoralidades y atropellos crece en forma interminable.

Hoy, las dificultades que tiene el Consejo transitorio para desmontar las trampas burocráticas y jurídicas heredades del anterior gobierno son enormes. Y su mejor opción, como lo han reconocido varios de sus integrantes, es volver los ojos a la gente. A la sociedad. Ponernos a todos en las calles ha sido un ejercicio refrescante.