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3 de Septiembre del 2019
Ideas
Lectura: 6 minutos
3 de Septiembre del 2019
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista.

Los fonditos sí han servido
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No eran criticables los "fonditos" cuando podían usarse al antojo de los cabecillas de la RC; cuando esos se mantenían en la opacidad y en el mayor secretismo y no mediaba rendición de cuentas alguna.

Desde cuando Rafael Correa fue designado ministro de Economía, en abril de 2005, hasta cuando dejó la presidencia del Ecuador, en mayo de 2017, múltiples fueron las ocasiones en las que se burló de los fondos de ahorro a los que con sorna denominaba “fonditos de liquidez” y les atribía ser idea de los contadores que fungían de economistas, o de quienes, a lo sumo, alcanzaban la categoría de OCP: “ortodoxos, conservadores y prudentes”. Estas opiniones y las prácticas resultaron ser opuestas cuando la administración Correa manejó un fondo de solidaridad, para la utilización de ciertos aportes en sus campañas electorales, entre otros.

Los fonditos que fastidiaban al antiguo gobernante y a sus amigos, se evidencia, eran aquellos que para su manejo obligaban al ejercicio de disciplina fiscal; esos cuyo uso estaba normado por ley y sus regulaciones constituían una camisa de fuerza para quienes los cuestionaban. No eran criticables los fondos cuando podían usarse al antojo de los cabecillas de la RC; cuando esos se mantenían en la opacidad y en el mayor secretismo y no mediaba rendición de cuentas alguna. Por ello el fondo de solidaridad, descrito con tanta prolijidad en el testimonio de Laura Terán, la ex asistenta de la ex asesora del despacho presidencial y ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, sí fue aceptado por la cúpula de la RC. 

No eran criticables los fondos cuando podían usarse al antojo de los cabecillas de la RC; cuando esos se mantenían en la opacidad y en el mayor secretismo y no mediaba rendición de cuentas alguna.

La comparación entre la crítica correista a los fondos de ahorro provenientes de las ventas petroleras y la decisión de crear, mantener y engordar fondos partidarios paralelos y permanentes ejemplifica la incongruencia entre las prédicas y las prácticas de los personeros de la RC. Mientras abominaban de los primeros, porque implicaban que debían enmarcarse en los procedimientos vigentes y respetarlos, apreciaban a los segundos, porque su organización suponía un ejercicio de la autoridad que se caracterizaba por su ductilidad y conforme las conveniencias del momento. Mientras los primeros significaban seguir un camino guiado por principios e intereses de orden general, los segundos develaban la preeminencia de la busca de las ventajas particulares y de cortísimo plazo de quienes mandaban en la RC. 

Ello permite comprender porqué el ex presidente Correa cuando asumió el ministerio de Economía anunció que eliminaría el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Publico (FEIREP) supuestamente por carecer de “sentido técnico y ético”. Los recursos que este fondo de ahorro petrolero había acumulado desde su creación, en junio de 2002, debían ser usados, según el funcionario, para cubrir los requerimientos presupuestarios: es decir para el gasto corriente, no solo para la inversión social. El 70 por ciento de los recursos del FEIREP estaba destinado a que el estado efectuara operaciones de pago y de recompra de la deuda pública nacional, que superaba en ese entonces los 13 mil millones de dólares.  El 20 por ciento podía servir para enfrentar desfases presupuestarios y el 10 por ciento para ejecutar programas sociales. La creación del FEIREP, hay que recordar, fue la respuesta del gobierno de entonces a los pedidos de los organismos multilaterales de que el país no dilapidara sus recursos petroleros.

En reemplazo del FEIREP, y por una iniciativa del ministro Correa, el Congreso Nacional creó en julio de 2005 la Cuenta de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS). Se la destinó en el 35 por ciento para la recompra de la deuda; en el 20 por ciento para el Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC); en el 15 por ciento para educación; en el 15 por ciento para salud; en el 5 por ciento para investigación científica; en el 5 por ciento para vialidad y en el 5 por ciento para reparación ambiental.

Cuando asumió la presidencia de la República, en enero de 2007, el jefe de Estado denunció la corrupción que significaba la “barbaridad llamada FEIREP” porque “garantizaba el pago de deuda y recompraba ésta en forma anticipada y pre anunciada”. ¿Y sobre la CEREPS, qué dijo? Ni una palabra.

Durante su administración, Correa no dejó de cuestionar la existencia de los fondos de ahorro porque, así lo decía, “el mejor ahorro es la inversión en carreteras, hospitales, puentes”. ¿Ahorro e inversión? ¿Para quiénes, en especial cuando de proyectos estratégicos se refería? A la luz de los hechos revelados por la investigación periodística y por la posterior efectuada por la Fiscalía, otras parecen ser las motivaciones que llevaron al ex mandatario a privilegiar la ejecución de obra pública en condiciones dañinas para la economía de entonces y la futura. O, acaso, ¿no estamos viviendo las consecuencias de la forma como se entregó a dedo la ejecución de tantos proyectos que resultaron caros, mal hechos y hasta innecesarios?

A la luz de los procesos que lleva adelante la Fiscalía, de yapa nos estamos enterando, una vez más, que la discrecionalidad fue una política de estado y de gobierno que envolvió cada acto de la administración Correa. El abuso y la arbitrariedad fueron dos de sus signos. Los fonditos también han servido para demostrarlo.

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