¿Por qué Guillermo Lasso se empeña tanto en llegar a la segunda vuelta a sabiendas de que perderá las elecciones? ¿Por qué Rafael Correa no tiene ningún recato en evidenciar su alineamiento con la derecha? ¿Por qué Jaime Nebot pone el aparato electoral socialcristiano al servicio de un fraude que no le beneficia directamente?

Si se hiciera un recuento de las inquietudes que en estos momentos abruman a la mayoría de los ecuatorianos, seguramente aparecerían muchas más –y mejores– que las formuladas en el párrafo anterior. Pero para estas hay una respuesta obvia: de por medio está en juego el proyecto federalista y la consulta popular de Nebot. Es decir, el viejo imaginario de las élites guayaquileñas en su perpetua confrontación con el centralismo y con el Estado unitario.

La imposibilidad de celebrar a lo grande el bicentenario de la independencia a causa de la pandemia implicó un duro golpe para el discurso oficial de las autoridades porteñas. La reivindicación de un acontecimiento que se presenta como precursor de la existencia de la República tenía un potencial altamente simbólico luego del paro de octubre. Anclar Guayaquil a un referente de país liberal, capitalista y sobre todo urbano, marcaba una distancia abismal con el pluralismo cultural reivindicado por el movimiento indígena.

Era el triunfo de la modernidad sobre la ancestralidad, una concepción de la política en la cual coinciden los tres personajes de marras. No es casual que durante los diez años de correato el pacto bajo la mesa con los socialcristianos y con los mayores grupos empresariales guayaquileños, incluido Guillermo Lasso y su banco, funcionara a la perfección. Rentas, políticas públicas, infraestructura, megaproyectos e inversión extranjera llegaron con absoluta fluidez. El modelo de ciudad neoliberal contó con la anuencia de un gobierno que decía ubicarse en las antípodas.

Todo lo contrario de lo que ocurrió con el mundo indígena. Ya desde inicios del anterior gobierno, la CONAIE estuvo consciente de los riesgos que implicaba para la plurinacionalidad el viraje pragmático de Correa. En plena Asamblea Constituyente vino la ruptura. A partir de entonces, la confrontación escaló hasta derivar en la total criminalización de las protestas sociales. La persecución a la dirigencia indígena fue implacable. La modernización capitalista debía imponerse a la fuerza; mejor dicho, a pesar de la resistencia de los pueblos y nacionalidades que se oponían a la devastación de sus territorios.

Es evidente que un eventual gobierno de Yaku Pérez alteraría este esquema de dominación, empezando por algo tan elemental como obligar a los grupos de poder a cumplir con la ley. Basta imaginar la inconformidad de los empresarios mineros con la consulta de Cuenca para suponer el grado de intransigencia que manifiestan desde ahora, al extremo de permitir un fraude electoral.

En el caso de los involucrados directamente en la trampa electoral habría que analizar los posibles términos del execrable pacto. ¿Impunidad para el uno, venta del Banco del Pacífico para el otro, monarquía porteña para el tercero? Lo único que tienen claro los tres es que los indios tienen que quedarse en el páramo.