La campaña electoral revela los “ojos” con los que los políticos están mirando la realidad. Todos al parecer tienen el “lente” puesto en la economía. El gobierno, pretendiendo librar una “guerra” contra el mundo empresarial, se empeña en demostrar que no hay crisis económica y que le deja a su sucesor un país en crecimiento. La oposición se concentra en evidenciar la situación de crisis en la que queda el país tras diez años de administración correista. La estrategia del gobierno se orienta a reivindicar al estado como eje de la distribución de la riqueza (hacia allí apunta la Ley de la Plusvalía) y achaca a sus adversarios, en especial de la derecha, querer reimplantar la dictadura del mercado. En ello consiste su coordenada ideológica.

La estrategia de la oposición va por la senda de cuestionar el “estatismo” y mostrar que este fue el causante de la crisis económica. Se habla, por tanto, de la necesidad de optar por otro modelo económico, desde luego que no faltan los matices; la derecha es mucho más frontal que la izquierda en este cuestionamiento. La primera es partidaria de dar la vuelta a la página, y de abrir las puertas a la inversión privada, como una manera de salir de la crisis. Postula un “ajuste” de cinturones en la economía, lo cual supone la eliminación de subsidios, la reducción del gasto público y del tamaño del estado. La segunda, es más cauta, critica la política económica del régimen, pero no plantea arrinconar al estado; su perspectiva es más política, se centra en el “hiperpresidencialismo” como causante de la corrupción, en la que los organismos de control practicaron el “dejar hacer” y dejar pasar”.   

En esta visión, tanto del gobierno como de la oposición, se advierte el peso de una concepción reduccionista de la sociedad. Para unos, la estructura económica es la responsable de las calamidades sociales, el estado desempeña el papel de  amortiguador de las diferencias y conflictos sociales. Para otros, el estado debe garantizar el libre juego de las leyes del mercado y abstenerse de intervenir y regular la economía. Es en torno a ello que giran las diferencias ideológicas. La izquierda aboga por una mayor intervención del estado como contrapeso del mercado.

La derecha, considera que es esa intervención la que trae consigo la pobreza, dado que ahuyenta la inversión privada con la que se puede reactivar la economía. 

Lo que unos y otros no ven son otros campos de la vida social que, al parecer, gravitan poco en la competencia electoral. Se trata de lo que Habermas define como el “mundo de la vida”, o como Clause Offe entiende como el “nuevo paradigma” de la política. Hasta no hace mucho la política estaba asociada al poder; por ello burguesía y proletariado se lo disputaban. Ranciére, filósofo francés, sostuvo que la política es otra cosa, es mostrar en casos concretos el contraste entre igualdad y desigualdad, a partir incluso del lenguaje y de la apropiación del mismo.

Según Aristóteles lo que diferencia a los hombres de las demás especies es la palabra. Pero ocurre, razona Ranciére, que no todos la poseen.   Los que dominan son “racionales”, los dominados acceden solo al “placer y al sufrimiento”, pero carecen de “logos” (la palabra que define lo justo y lo injusto, lo útil y lo nocivo), solo tienen voz y, por tanto, apenas “hacen ruido”. Ello justifica la violencia de quienes “hablan” contra los que solo “gruñen”.  

Así, por ejemplo, los shuar que luchan por sus territorios ancestrales invadidos por  el proyecto minero Explorcobres son “responsables” de la muerte del policía José Luis Mejía, y no seres pensantes capaces de razonar. En lugar del diálogo el gobierno optó por el “Estado de excepción”, militarizando la zona, Panantza, un poblado pequeño del cantón San Juan Bosco. La Conaie alertó sobre la presencia de tanques de guerra en Morona Santiago (datos tomados del Diario El Comercio, de 17 y 22 de diciembre del 2016).

Acción Ecológica fue sancionada por “promocionar la violencia y la discordia social”. Ocupar militarmente la zona ¿no es promocionar la violencia? ¿O ésta es legítima cuando se la ejerce en territorios ancestrales en los que el gobierno ha decidido dar paso a la explotación minera sin consultar con sus habitantes? Lo que hizo Acción Ecológica fue rescatar el logos del pueblo shuar, en el figura su derecho a oponerse al proyecto minero Panantza; lejos estaban de promover la violencia. Pero para el gobierno, los shuar que se tomaron el campamento “atacaron” a los uniformados con lanzas y armas de fuego.  Son, pues, incapaces de “hablar”,  de ahí que no quepa dialogar con ellos, sino darles bala.

Oponerse a la minería es expresión de “salvajismo”, de carecer de “razón”, la economía no puede estancarse, debe encaminarse hacia el “progreso”; el Estado en posesión de esa “racionalidad” combate la acción “irracional” de los shuar. Justamente en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, “agradeció al gobierno por las acciones inmediatas para controlar la situación”.

El frente de la cultura no ha sido solo afrentado con la ocupación militar de Panantza, sino por el avasallamiento  “legal” de instituciones de menor “ancestralidad”, pero de alto valor simbólico, como la Casa creada por Benjamín Carrión  en circunstancias críticas para el Ecuador, o en universidades que enarbolaron la causa de la reforma universitaria de Córdoba de 1918.       

Con la Ley Orgánica de Cultura se limita la autonomía de la Casa de la Cultura y se somete a la cultura a un patrón institucional-burocrático de control e injerencia política. El control de las universidades se inició con la Ley de Educación Superior y la creación de un aparato de control con el cual se privó de autonomía a las universidades. Con el Mandato 14 se clausuraron las llamadas “universidades de garaje”, dejando a miles de estudiantes que se preparaban en ellas en el limbo. Pero, para colmo, universidades de prestigio académico innegable, como la Universidad Andina Simón Bolívar y la FLACSO, fueron incluidas en la Ley de Extinción de las Universidades, despojándoles de sus recursos y de su competencia para administrarlos, bajo pretextos sin sustento.   

Paradójicamente, un gobierno que se jacta de no haber incurrido en el ajuste económico neoliberal comete un ajuste mayor, el ajuste del “mundo de la vida”. En éste, dice Habermas, confluyen el lenguaje y la cultura. Los actores inmersos en éstos no son burócratas dependientes del Estado, se mueven dentro de otro horizonte, ajeno al estatal y estructural. En ese horizonte ejercen una “acción comunicativa” para alcanzar sus objetivos.

Es curioso que un gobierno llamado de izquierda desarrolle una práctica más próxima a un proyecto neoconservador. Offe, sociólogo alemán, lo caracteriza así: “aspira a una redefinición restrictiva de la política, cuya contrapartida se busca en el mercado la familia o la ciencia”. Aquí reside lo no político. Para los nuevos movimientos sociales los temas no políticos, si bien deben quedar fuera de la órbita estatal, no pueden ser tratados como no políticos. Pero ello no significa atarlos al Estado, sino a instituciones de la propia sociedad civil, distintas de las instituciones políticas formales. Ello supone rescatar “un ámbito intermedio entre aspiraciones y preocupaciones “privadas”, por un lado, y modos políticos institucionales , sancionados por el Estado, por otro”.

De aquí nace el “nuevo paradigma de la política”. Según este paradigma, temas como el “género, la edad, la raza, la lengua, los derechos humanos, el cuerpo, la salud, la identidad sexual, el vecindario, la ciudad y el entorno físico, el legado y la identidad culturales, étnicas, nacionales y lingüísticas, las condiciones de vida físicas y la supervivencia de la humanidad en general” son políticas pero no estatales. Estos temas se asientan en valores como “la autonomía y la identidad, la oposición a la manipulación, el control, la dependencia, la burocratización, la regulación, etc”.

Este, por tanto, constituye otro frente de la política en el que ya no se sostiene la clasificación tradicional de “izquierda” y “derecha”. Éstas ya no encuadran en el “nuevo paradigma”. No se ve que en la contienda político-electoral haya una comprensión de este nuevo realineamiento de fuerzas. ¿Quiénes están a la derecha y quiénes a la izquierda en función del nuevo paradigma? ¿En qué medida los movimientos sociales en el Ecuador son conscientes de su nuevo rol? ¿Hasta qué punto los partidos políticos que se oponen al gobierno tienen sus ojos puestos en este frente?