Es incuestionable la responsabilidad de los partidos políticos en la articulación de las redes de corrupción. De ello no se salvan ni los partidos de izquierda ni los de derecha. Lo que no se entiende es la impavidez del CNE ante esta evidencia. Nos aprestamos a un nuevo evento eleccionario, y lo único que sus integrantes discuten son las fechas. Nada de fondo.

La pandemia puso al descubierto la existencia de mafias que lucraron de la crisis sanitaria, con el reparto de hospitales, y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos.

Absortos vemos la acción valiente de la fiscal, Diana Salazar, frente a la indolencia de la llamada clase política, pese a que funcionarios provenientes de ella están procesados por tráfico de influencias, peculado, y otros atracos a los bienes públicos.

El cuadro muestra múltiples vínculos entre el mundo de la política y la corrupción.  Todo esto en medio de la peor crisis que azota al país, en distintos campos: económico, sanitario, político, moral ¡Y tan campantes nos aprestamos a concurrir a las elecciones de 2021 como si nada de esto nos concerniera!

La democracia, en estas condiciones de pandemia moral, aparece atrofiada. Aun antes de los comicios, ya peca por esto de ilegitimidad. A sabiendas de que los partidos volverán a cometer los mismos errores en la nominación de candidatos, el CNE no exige que se cumplan las disposiciones del Código de la Democracia, en lo atinente a los requisitos que se deben observar para mejorar la calidad de los nominados.

Por su parte, los partidos políticos ni se dan por aludidos, ni anuncian la adopción de correctivos para mejorar la calidad de las nominaciones. También en este caso no importa si son de izquierda o de derecha. Las prácticas son iguales.

Se ha hablado mucho de la reactivación económica, aun poniendo en riesgo, la salvación de vidas, pero no se ha dicho una sola palabra de la erradicación de la corrupción en las prácticas políticas.

Ello revela una indiferencia social sobre la situación de la democracia. Ésta también debe entrar en cuidados intensivos para que el país en el 2021 encuentre el camino para sacar a la democracia de su postración.

Hace falta la conformación de una fuerza de tarea para “allanar” (metafóricamente) los recintos partidarios  e indagar el uso del fondo partidario en la capacitación de los afiliados y en la rendición de cuentas por su responsabilidad en la nominación de candidatos, hoy infractores de delitos de corrupción.

Una instancia tipo Fiscalía que ejerza funciones de supervisión y control de los partidos registrados en el CNE, independiente de las funciones del Estado, lamentablemente contaminadas por la corrupción.

Tampoco el gobierno le otorga prioridad al saneamiento de la práctica partidaria. La prioridad sigue siendo la economía, sin advertir la interconexión entre política y economía. Si bien es bueno que el gobierno haya dado paso a la conformación de un consejo asesor económico, no se explica que no se haga lo mismo en el frente político. 

La política termina siendo terreno del populismo. O sea de una práctica que privilegia la improvisación, la demagogia y el mal uso de los recursos públicos. El despilfarro, la malversación de fondos, la ineficiencia son tan graves como la corrupción; son como hermanas gemelas.

Las estrategias de los partidos siguen siendo de corto plazo.  Las acciones del gobierno  son juzgadas en función de intereses electorales.

David Estlund, politólogo norteamericano, sostiene que la democracia implica más que la equidad. Si solo consistiera en el derecho de todos a elegir y ser elegidos, no se diferenciaría mayormente de la lotería o del sorteo. Pues allí también rige la igualdad y, por cierto, la suerte.

Pero  la democracia vale también por la posibilidad que ofrece para producir mejores decisiones “que las que arrojaría una lotería o algún otro método alternativo”. 

Por eso es que se reclama que los políticos se eduquen y conozcan las herramientas y técnicas de gobierno para que puedan contribuir a producir mejores decisiones. 

La democracia, entonces, no se legitima solo por el procedimiento equitativo de las elecciones, sino por la calidad de las decisiones que atañen a todo el electorado.   

Es evidente que con las elecciones, tal como se las practica en Ecuador y en la región, los partidos terminan beneficiándose de la voluntad mayoritaria de los votantes que no es lo mismo que la voluntad general de Rousseau. Según ésta no cuenta solo lo cuantitativo sino lo cualitativo, no solo la voluntad de todos sino de cada uno.

Si los partidos, como todos lo reconocen, no preparan cuadros, carecen de escuelas de formación política, seleccionan candidatos no por sus méritos ni conocimiento, sino por la necesidad de ganar en las elecciones, ¿con qué autoridad pueden representar a las clases pensantes y, peor aun, a las clases marginadas? 

Lo que tenemos, por tanto, es una  democracia puramente electoral basada en una falsa representatividad social. Los partidos políticos deben dejar de ser maquinarias electorales, y convertirse en filtros que garanticen la idoneidad cognitiva y moral de sus candidatos. Tampoco éstos deben quedar librados a su suerte. Los partidos tienen la responsabilidad de rendir cuentas por el desempeño de sus candidatos. Y éstos, a su vez,  rendir cuentas tanto a sus partidos como a sus electores.

El pueblo que eligió a sus representantes tiene derecho a saber cómo se manejan sus recursos, cuál es el destino del gasto público, la contratación de la obra pública, el endeudamiento externo, los equilibrios macroeconómicos, la atención prioritaria de la salud y la educación, la generación de fuentes de trabajo, la elevación de la capacidad de gobierno a todo nivel.

La remodelación del sistema democrático es una prioridad que no se la puede ni debe postergar. La realización de comicios para el 2021 no debe reeditar los viejos errores ni defectos de un sistema que no es democrático y que en el contexto de una pandemia, que no sabemos cuánto tiempo durará, debe ser reemplazado por un sistema democráticamente renovado y capaz de afrontar la difícil y compleja situación que se nos viene.

Ello exige un liderazgo renovado con efectiva representatividad social y  que tenga otra manera de entender y practicar la política. Un liderazgo que articule el pensamiento y la acción, con una visión interdisciplinaria y pluralista. Capaz de recuperar la legitimidad del Estado y la democracia, mediante la implementación del  juego limpio, y la erradicación de las prácticas oportunistas que aúpan a los corruptos.