En febrero de este año 2016, el Jefe del Comando Conjunto (COMACO) y  los tres comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas expresaron públicamente, en defensa del patrimonio de la seguridad social militar, su inconformidad con la  orden arbitraria del presidente Correa de debitar 41 millones de dólares del ISSFA por un supuesto sobreprecio en la venta de los terrenos de los Samanes. Por ese “atrevimiento”, ipso facto fueron relevados.

En el Ejército, el Gral. Carlos Obando fue reemplazado por el Gral Luis Castro, quien sigue en funciones. En la Marina, el Valm. Luis Santiago fue reemplazado por el Valm. Ángel Sarzosa; pero Sarzosa fue relevado de sus funciones por pedir al Presidente que rectifique sus declaraciones sobre los liceos navales, el reemplazo fue el Valm. Fernando Noboa, ahora éste fue sustituido por el Valm Carlos Vallejo, inmediatamente Vallejo fue removido mediante una triquiñuela pseudo legal y nombrado Comandante de la Marina  el Calm. Renán Ruiz. En la Aviación, el Tgral. César Merizalde asumió la comandancia de la Fuerza Aérea, en reemplazo del Tgral. Raúl Banderas; ahora, Merizalde es reemplazado por el Bgral. Patricio Mora y asumió la Jefatura del COMACO.

En la Marina, por efecto de estos cambios intempestivos, pasan al servicio pasivo los Valm. Oswaldo Zambrano, Fernando Noboa, Roberto González, Carlos Vallejo Freddy García y Calm. Ronald Muñoz; en la FAE, los Bgral. Hugo Lanas y Juan Vivero. García y Vivero, estaban en la “mira” del gobierno por la firme y valiente defensa, como directores, del ISSFA.

En 10 meses, (a diciembre de 2016) el COMACO  ha tenido 3 Jefes; el Ejército 2 Comandantes; la Marina 5 y la Fuerza Aérea 3 y en los casi 10 años de gobierno de Correa 8 Ministros de Defensa. ¿Cómo se puede administrar bien una institución tan compleja como la militar si no hay estabilidad en sus mandos?

Hoy más que nunca el Ecuador necesita de unas FF.AA. democráticas, profesionales y estrictamente jerarquizadas, con alta disciplina y estabilidad en los mandos. En su cúpula deben estar  los mejores miembros, nombrados con apego estricto a leyes y reglamentos militares.

La Constitución y leyes militares establecen que el Presidente tiene la potestad de nombrar a los mandos militares (Jefe del COMACO y Comandantes de Fuerzas) y firmar los decretos de ascenso a los oficiales generales que hayan sido calificados por el respectivo Consejo; estos son asuntos serios y de altísima responsabilidad; aquí no debe haber espacio para los compadrazgos, amiguismos, simpatías o antipatías y venganzas; peor,  afinidad a los planes políticos del gobierno de turno. El Jefe de Estado, Autoridad Máxima de las FF.AA.  tiene la obligación de mantener la capacidad operativa de las FF.AA., respetar los mandos, y utilizarlas estrictamente en las misiones claramente establecidas en la Constitución y sobre todo, mantenerlas totalmente alejados del quehacer político.

A propósito de calificaciones, el Calm  Freddy García fue calificado idóneo para ascender al grado de Vicealmirante; el Presidente, no tiene ninguna atribución legal para objetar la decisión colegiada del  Consejo de Vicealmirantes. Es obligación del Jefe de Estado y de las autoridades civiles y militares asegurarle a todo  militar digno que llegará a alcanzar todos los grados de su carrera sólo por la vía del profesionalismo severo. Nada de adulos, ni compadrazgos, peor presiones políticas; únicamente respeto, disciplina, trabajo, justicia y como objetivo central, la consolidación de una institución de sólidos valores cívicos, morales y espirituales; desgraciadamente, todos esos principios y valores en los que se ha cimentado históricamente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en estos 10 años han sido ignorados y se ha hecho tabla rasa de la Constitución, leyes y reglamentos militares.

Los Generales y Almirantes que han sido nombrados para dirigir las FF.AA. deben demostrar su lealtad a los más caros intereses del pueblo; desgraciadamente en la actual Constitución, la llamada de Montecristi, se borró en forma deliberada lo que constaba en el Art.  184 de la Constitución de 1998 que “La fuerza pública se debe al Estado”, es decir que las FF.AA. no pueden ser parte del proyecto político de ningún gobierno. Constitucionalmente, las FF.AA.  “Es una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. Por lo tanto, las FF.AA. y sus mandos tienen la obligación de proteger el derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, la libertad del sufragio y de garantizar que las próximas elecciones sean totalmente transparentes y que harán respetar la voluntad soberana del pueblo.