La trayectoria histórica de las Fuerzas Armadas está marcada por su emancipación del caudillismo. La Revolución Liberal sentó las bases de la profesionalización de la institución militar y ello entró en conflicto con el caudillismo encarnado en los generales Eloy Alfaro y Leonidas Plaza. El general Julio Andrade invocó el principio de la separación de los militares, en servicio activo, de la política y abogó por la independencia de las Fuerzas Armadas de las luchas políticas y partidistas, tanto dentro de las filas del liberalismo cono en el marco de los enconados enfrentamientos entre liberales y conservadores.

Con la Revolución Juliana terminaron los “golpes” de los caudillos militares y se inauguraron los golpes institucionales de las Fuerzas Armadas, en circunstancias de la crisis del cacao y del vacío del poder, derivado de esa crisis y de la fragmentación política del liberalismo.

En esa etapa comenzó la tecnificación de la administración del Estado con la creación del Banco Central y otras organizaciones que le dieron a la administración del estado mayor autonomía frente a los grupos de poder económico.

El general Alberto Enríquez Gallo descolló, no solo por su identificación con las reivindicaciones sociales, sino por su lealtad al sistema democrático y su oposición al caudillismo, encarnado, esta vez, por José María Velasco Ibarra. Los militares no fueron sordos a las demandas sociales, lo que se tradujo en la expedición del Código del Trabajo, mucho antes, incluso, de que apareciera la industria en el Ecuador.

La larga crisis política que azotó al país en la década de los años treinta fue una de las causas de la debacle territorial provocada por la invasión militar del Perú en 1941. El mensaje de esta crisis, bien enunciado por el canciller Arahna del Brasil, a la firma del protocolo de Río de Janeiro de “háganse país”, caló muy hondo en la conciencia de los militares que entendieron que al país había no solo que armarlo, sino enrumbarle por la senda del desarrollo.

Ese fue precisamente el sentido de los golpes militares de 1963, primero, y de 1972, después. Ambas dictaduras asumieron el desarrollo como política de Estado y nuevamente tuvieron como principal contradictor al populismo de Velasco Ibarra. Pero a esta adhesión al desarrollo, se sumó la adhesión a la democracia. Estas dictaduras militares no cayeron en los extremos de las dictaduras del Cono Sur, y por ello, fueron calificadas de “dictablandas”.

El Ecuador regresó a la democracia en 1979 e inició un largo período de estabilidad política, interrumpido nuevamente por el populismo de Abdalá Bucaram  y otros brotes populistas. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, no aprovecharon de estas crisis para encaramarse en el poder, a costa de la democracia.

Hoy el país atraviesa por una crisis compleja. El presidente Correa ha gobernado durante ocho años. Se señala que ello revela la alta gobernabilidad de la que ha gozado. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo y otros factores externos, además de los propios errores de la política gubernamental, se ha generado una situación de incertidumbre que coloca al país nuevamente ante un callejón con pocas salidas.

El paro de los trabajadores y de la CONAIE, la irrupción de la clase media quiteña y de otras ciudades del país, ponen en duda la gobernabilidad del gobierno. Las demandas ciudadanas y populares convergen en la necesidad del retiro de las enmiendas constitucionales que representan más que enmiendas, reformas de la Carta Política aprobada en Montecristi. El gobierno se ha negado a ir a una consulta popular sobre el controvertido tema de la reelección indefinida, con lo cual no deja otra opción que la calle, como escenario de la controversia política.

La pertinaz renuencia del presidente Correa a escuchar el clamor popular pone en duda su capacidad para dar a esta crisis una salida consensuada.

En esta situación, las Fuerzas Armadas se ven nuevamente compelidas a salvaguardar el orden constitucional y la democracia, y a oponerse a toda tentativa golpista, venga de donde viniera. Cabe tomar en cuenta que por su trayectoria histórica, las Fuerzas Armadas tomaron distancia de las luchas partidistas por el poder, y defendieron tanto su propia institucionalidad, como la institucionalidad del Estado ecuatoriano. 

No se trata de que las Fuerzas Armadas se tomen el poder; pero tampoco que avalen el intento de convalidar un régimen que acentúe la polarización del país y que amenace al Ecuador con una división similar a la que precedió la debacle territorial de 1941-42. Si bien desde la firma de la paz con el Perú, ya no hay ese riesgo, sin embargo hay otras amenazas que vienen otra vez del exterior, en nombre de una trasnochada reedición de la “guerra fría”.

El Ecuador tiene un patrimonio que defender; en él no tuvieron éxitos acciones armadas como las que asolaron a Colombia, con las FARC, y a Perú, con Sendero Luminoso. Por eso, se granjeó el calificativo de  “isla de paz”.

Ello no puede ser demolido por una descontextualizada y supuesta revolución que insiste en ignorar los avance democráticos y sociales del país, del que el propio gobierno actual es producto. El Ecuador en la hora actual requiere de un reencuentro nacional, de la conquista de una legitimidad institucional que vaya más allá de los apetitos de poder y de la entronización del imperio de un caudillismo con tintes mesiánicos.

Alianza País debe aprender a vivir en democracia y alejarse de toda tentación totalitaria. La justicia social no es incompatible con la libertad. En los países donde dicha justicia ha pretendido imponerse haciendo tabla rasa de la libertad, los resultados han sido contrarios a ese noble objetivo.

El país les dio una oportunidad, tuvieron el control de todos los poderes del estado, no pueden culpar a nadie de sus errores; si en ocho años no lograron transformar al país, no hay ninguna razón para pensar que puedan hacerlo en otros ocho o más años.

Es hora de dejar el poder; el péndulo social lo exige. Y que otros pongan a prueba sus tesis, aptitudes y conocimientos. En eso consiste la alternabilidad, piedra angular de la democracia.