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21 de Septiembre del 2023
Ideas
Lectura: 4 minutos
21 de Septiembre del 2023
Pablo Piedra Vivar

Abogado por la PUCE; LL.M. En American University, WCL. Docente universitario; defensor de derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Funcionarios públicos y mineras: juntos, estafando al Ecuador
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Kimsacocha, este proyecto ubicado en las jurisdicciones de Girón y Cuenca en la provincia del Azuay, no debió seguir operando desde que se dieron los resultados de las consultas mencionadas. Sin embargo, la transnacional minera dueña de la concesión, en contubernio con funcionaros del Gobierno del Ecuador, continuaron actuando y tramando planes para hacer fraude a las consultas e incumplir impunemente la sentencia de un juez.

En marzo de 2019, más del 89% de los habitantes del cantón Girón decidió decir NO a la minería. En marzo de 2021, más del 80% de los cuencanos decidió rechazar la minería en su cantón. Desde julio de 2022 existió una sentencia de un juez de garantías jurisdiccionales del Ecuador que resolvió suspender las actividades mineras del proyecto Loma Larga, también conocido como Kimsacocha. Este proyecto que geográficamente está ubicado en las jurisdicciones de Girón y Cuenca en la provincia del Azuay, no debió seguir operando desde que se dieron los resultados de las consultas mencionadas. Sin embargo, la transnacional minera dueña de la concesión, en contubernio con funcionaros del gobierno central del Ecuador, continuaron actuando y tramando planes para hacer fraude a las consultas e incumplir impunemente la sentencia de un juez.

El 18 de agosto de 2023, a pesar de la existencia de la consulta y de la sentencia, el gobierno de Guillermo Lasso y la transnacional canadiense Dundee Precious Minerals, celebraron un contrato de inversión para dotar de mayor protección a un proyecto que, por los antecedentes descritos, sería contrario al ordenamiento jurídico. Los autores de este contrato, de objeto ilegal y contrario a los intereses nacionales, fueron Daniel Legarda, ministro de Producción y Comercio Exterior del Ecuador; Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, y los representantes de la transnacional canadiense Dundee.

El 28 de agosto de 2023, diez días después del ilegal acuerdo firmado por el gobierno de Lasso y la empresa Dundee, la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la vulneración de derechos causada por el Estado ecuatoriano y las actividades mineras en Kimsacocha, y dictó sentencia de última instancia. La sentencia es clara, se debe suspender toda actividad minera.

este proyecto ubicado en las jurisdicciones de Girón y Cuenca en la provincia del Azuay, no debió seguir operando desde que se dieron los resultados de las consultas mencionadas. Sin embargo, la transnacional minera dueña de la concesión, en contubernio con funcionaros del Gobierno continuaron actuando y tramando planes para hacer fraude a las consultas

¿Cómo es posible que con todos estos antecedentes el gobierno de Lasso decida firmar un contrato de protección de inversiones en una zona donde, a momento de firmarse el acuerdo, la transnacional Dundee tenía prohibido realizar actividades mineras? Diez días antes de la sentencia, los ministros Legarda y Santos, sirven en bandeja de plata a la transnacional canadiense un acuerdo que abre la puerta a futuras reclamaciones internacionales contra el Estado ecuatoriano por actos que sean percibidos como amenaza a su inversión ¿A qué intereses sirven Daniel Legarda, Fernando Santos y Guillermo Lasso? ¿A los del Ecuador? De ninguna manera. La puerta giratoria sigue girando y colocando funcionarios con conflicto de intereses en instituciones públicas, a costa de los intereses públicos y en favor de los intereses particulares.

Estas terribles prácticas a las que están acostumbrados personas como Lasso, sus ministros y sus antecesores, explican que, suelto de huesos, el Presidente, llevando su tacita de porcelana blanca a la boca exprese su voluntad de no querer cumplir la consulta popular del Yasuní, mientras sus funcionarios e interesados, aplauden esos criminales anhelos.

El contrato, firmado entre funcionarios traicioneros y empresarios sin escrúpulos, abre la puerta para que decisiones tomadas conforme a la Constitución del Ecuador, sean puestas en duda en tribunales arbitrales internacionales. Desde ya, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría deberían empezar a armar expedientes para impedir esta estafa y asegurar que cualquier reparación que surja de tan absurdos contratos sea repetida contra esos malos funcionarios que los firmaron.

El presidente de la República y sus subalternos deberán ser responsabilizados directamente de este intento de estafa contra el Ecuador.

[PANAL DE IDEAS]

Fernando López Milán
Joel Kouperman
Patricio Moncayo
Consuelo Albornoz Tinajero
Alfredo Espinosa Rodríguez
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Giovanni Carrión Cevallos
Mariana Neira
Aldo Lorenzzi Bolaños

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