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19 de Octubre del 2015
Ideas
Lectura: 6 minutos
19 de Octubre del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Gobierno en disputa o en subasta
En el nuevo escenario, llamado de “transición”, se aprecian señales de una recomposición de fuerzas que atañen tanto al entorno de Alianza PAIS, al del gobierno y al de la oposición.

En esta transición se preveía un “gobierno en disputa”. De un lado, corrientes de izquierda que aun creen posible que el gobierno siga en la línea del reformismo gradual, bajo la cual imaginan una “acumulación de fuerzas” a favor de un proceso más radical. De otro, una tendencia “social demócrata” partidaria del pacto entre lo público y lo privado, en el que lo público regule lo privado, pero que “no pretenda sustituir a éste”. Una tercera corriente, más cercana al neoliberalismo, aboga por el abandono del modelo “estatista” y la adopción sin tapujos del modelo de libre mercado. Una cuarta, menos ideológica y más pragmática, está centrada en la conquista de espacios de poder para los grupos enquistados en él y abierta a negociaciones poco santas.     

Con los últimos cambios de gabinete parecería que la “disputa” se resolvió a favor de la última tendencia, y con la derrota de la primera. En cuanto a la segunda y tercera, son cartas que el gobierno puede barajar según sus conveniencias y circunstancias. Ello plantea una probable recomposición de fuerzas, una vez que la ideología en la que se sustentaba el proyecto ha sido relegada en provecho del “realismo político”.

El realismo político, según Pier Paolo Portinaro, alumno de Norberto Bobbio, “pretende ser un antídoto contra toda utopía, ideología y práctica jacobina de la absolutización de los valores (…) sus dardos se orientan preponderantemente hacia los ilusos, los ingenuos, los soñadores”.

El realismo político en la práctica, sin embargo, ha significado un desencanto de la población respecto de la política. Es lo que los gobiernos hacen una vez que se sienten rebasados por la realidad en la que deben actuar y aplicar sus ideales. Correa lideró un proceso basado en beneficios materiales para los sectores populares, a los que hizo sentir partícipes de un proceso de elevación de su autoestima. Gracias a ello logró altos niveles de apoyo popular. No avanzó mayormente en cuanto a reformas estructurales, a las que aspira el ala radical; cifró más su acción en la propaganda acerca de un “modelo económico” exitoso y de una voluntad política nacionalista y anti-oligárquica, sustentada en una autoridad inapelable y represora, no compatible con los principios de la democracia.

Los errores cometidos en el manejo de la economía no le ocasionaron perjuicios en los niveles de aprobación de su gestión, entre otras razones por la sensación de un cambio en las relaciones de poder. La identificación del pueblo con su líder es la principal fuente de su legitimidad.

Las condiciones, sin embargo, ya no lucen tan halagüeñas; el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas de ajuste económico, entre las cuales figura la reducción del gasto público que fue el pivote de su “modelo”. Reivindica la inversión pública como un gran logro social de su administración, pero ya no puede basarse en ella solamente y requiere cada vez más de la inversión privada.

El acercamiento público-privado, no obstante, rebasa el ámbito económico y se topa con el político. La línea de la división de clases dio a Correa muchos réditos electorales. Él no sabe cómo conciliar esa práctica con el objetivo de atraer a los empresarios nacionales y extranjeros hacia una acción conjunta de mutuos beneficios.  

Las enmiendas constitucionales constituyen una prueba de fuego para el gobierno. De hecho será una carta de negociación en la concreción de la alianza con el sector privado. La política tiene una lógica distinta de la economía; están en juego otros intereses; la reelección indefinida atenta contra intereses y aspiraciones de una gama de actores, del que no se excluyen ni siquiera aliados del gobierno.

En este terreno hay una disputa entre el régimen y una ciudadanía, esta sí altiva, que ha hecho sentir su presencia combativa en las calles y plazas de muchas ciudades del país. La concurrencia de sectores sociales organizados con alta representatividad como los indígenas, los obreros, campesinos, profesionales, servidores públicos, configura un cuadro de fuerzas que cuestionan el esquema concentrador y autoritario del régimen, y reivindican una democracia en la que se restaure la libertad de opinión, de expresión, organización, participación autónoma y vigilancia del ejercicio del poder.  

La desconfianza de la ciudadanía respecto de la política y los políticos obedece precisamente al trueque de los principios por los cálculos oportunistas del poder.    La base social del correísmo corre el riesgo de diluirse en tanto el gobierno se aleja de la ideología y de los proyectos de herencia y plusvalía que ya no son compatibles con las exigencias de una coyuntura que sale de su control.

La gobernabilidad del régimen es menor, y las presiones de la cooperación internacional y de los grupos empresariales privados del país, le dejan al gobierno inerme y vulnerable, mientras el conflicto con las fuerzas sociales de oposición no tiene visos de solución.

 

                                            


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