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15 de Septiembre del 2016
Ideas
Lectura: 8 minutos
15 de Septiembre del 2016
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

Los golpes del correísmo
Los ejecutores de ese golpe, en ese entonces integrantes de la función Ejecutiva, fueron varios de quienes en este 2016 son conspicuos anticorreístas. En aquel momento eran parte del proyecto y desarrollaron y apoyaron la medida. Ni les preocupó, se infiere, que con aquella maniobra estaban afectando los principios constitucionales vigentes y pisoteando la soberanía popular.

Las denuncias sobre la inminencia de un golpe de estado en su contra han sido insistentes por parte de los jerarcas de la AP (Alianza País). Dos son los períodos que han concentrado las acusaciones: 2010, con su “30-S”, y 2015, por las movilizaciones que iniciaron antes de la visita del papa. De tanto mencionarlas se han convertido en un fantasma, como lo sostiene el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y ex ministro de Defensa, el general retirado Oswaldo Jarrín en una entrevista con los 4 pelagatos. Un fantasma listo para ser sacado para amedrentar, en el momento en el que más convenga a los intereses de la Revolución Ciudadana (RC). No obstante, el golpe no siempre ha sido un fantasma. 

Cuando tantos eran correístas, en marzo de 2007, el régimen de la AP protagonizó su primer golpe de estado: el que destituyó a los legisladores elegidos por voto popular  y los sustituyó por congresistas que fueron bautizados como los diputados de los manteles. Fue un “golpe institucional”, huérfano de respaldo jurídico, menos aún de fundamento constitucional. Una crónica del diario paraguayo ABC Color, del 12 de julio de 2011, lo describe con detalle y precisión. Los ejecutores de ese golpe, en ese entonces integrantes de la función Ejecutiva, fueron varios de quienes en este 2016 son conspicuos anticorreístas. En aquel momento eran parte del proyecto y desarrollaron y apoyaron la medida. Ni les preocupó, se infiere, que con aquella maniobra estaban afectando los principios constitucionales vigentes y pisoteando la soberanía popular. ¡Aquellos diputados expulsados del congreso habían sido elegidos en las urnas! Pero… el proyecto era la luz que guiaba sus vidas y en función de ello todo estaba justificado. 

¿Por qué aquel movimiento fue un golpe de estado? Porque fue una “medida grave y violenta” por parte de una función del estado que “usurpó” las atribuciones de otra, conforme la definición del Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, en la edición de 1985. La misma concepción del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), hasta hace unas décadas. Recién en la edición de 1994 el DRAE cambió el significado de golpe de estado y lo registró como la “violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno, generalmente por fuerzas militares”.  Hoy este diccionario designa al golpe de estado como la “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Interesante que las acepciones sean dinámicas y se modifiquen. Pero esta frase es una digresión.

El ex presidente Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la política define al golpe de estado como un movimiento “que se origina en las altas esferas gubernativas, se produce sin participación popular y persigue imponer por la fuerza un gobierno de hecho sobre la sociedad”. Un golpe de estado se concreta, añade Borja, “cuando un gobierno de poca vocación democrática siente que pierde piso”.

Un segundo golpe de estado lo comandó la RC con la expedición de varios de los mandatos decretados por la Constituyente de 2008, en los que se incorporaba la siguiente disposición: “este mandato es de obligatorio cumplimiento y en tal virtud no será susceptible de queja, impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo, criterio o pronunciamiento administrativo o judicial alguno…” El derecho a la defensa fue abolido de facto. Y esos bandos se constituyeron en un antecedente de la gestión discrecional de la justicia, que no se instauró luego de aquella consulta para “meter la mano en la justicia” sino cuando un colectivo con “plenos poderes” introdujo textos como los que he reproducido. ¡Y en democracia!

Claro, estos no han sido los únicos golpes de estado desde instancias institucionales, en el siglo XXI en nuestro país.  En el gobierno del presidente Gutiérrez también se produjo otro cuando la mayoría oficial del Congreso cesó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el 8 de diciembre de 2004, conforme lo publicó Plan V. El argumento de quienes se opusieron a esa decisión fue que el Congreso, como función del estado, no tenía competencia para interferir en la de otra. Este quebrantamiento determinó que aquella destitución de los jueces fuera un golpe de estado. Por cierto, Gutiérrez fue “demandado por crímenes de lesa humanidad”, ante la Corte Penal Internacional, según lo divulgó el portal Ecuador inmediato.

En toda su historia republicana Ecuador ha persistido en una tendencia a resolver los problemas políticos mediante golpes de estado. Su frecuencia ha llevado a que el país, a veces, los haya tomado con cierta ligereza, y a que en ciertos segmentos se los comenzara a clasificar sin fundamento ni jurídico, ni histórico. De este antojo emerge aquello de los golpes blandos.  Más bien golpes de efecto, en momentos en los que el poder político considera que los debe develar. Pero esta ligereza semántica entraña riesgos. Configura peligros. Abre la puerta a contingencias que en modo alguno harían bien a la democracia ecuatoriana, por más imperfecta o débil que esta fuera, y que Borja las examina en su Enciclopedia de la Política, al enunciar las vinculaciones entre los conceptos de golpe de estado y de gobierno de facto. El gobierno de facto “es el que se instaura o se ejerce al margen o en contra de la ley. Lo de facto sugiere necesariamente la idea de ‘antijuridicidad’. Lo de facto está en permanente contradicción con lo de jure en materia política. De manera que gobierno de facto es el que se origina al margen de la ley o el que se ejerce en contra o fuera del Derecho”.  El autor, diferencia entre los gobiernos de facto y los usurpadores, y los distingue por la “forma cómo ejercen el poder y el grado de respeto a los derechos humanos [que] son asuntos que están en gran medida librados a la apreciación subjetiva”.

¿Por qué esto es relevante? La preocupación de Borja es la de explorar cómo se pueden regularizar las resoluciones de un gobierno de facto, para que esta normalización provoque menos daño social y ciudadano. Una de las posibilidades que establece es la de validarlas a posteriori: retroactivamente. Esto fue lo que aconteció con los mandatos constitucionales: fueron legitimados con la aprobación en las urnas de la Constitución de 2008 y de todo lo actuado en su período ordinario de sesiones y durante el llamado congresillo.  Y a esto es a lo que se acostumbró el correismo y lo volvió una práctica rutinaria. El albur es que estas argucias destruyen el constitucionalismo y demuelen la institucionalidad democrática, “una de las más valiosas conquistas del hombre en su lucha por la libertad”.

 

 

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