Algunas fuentes periodísticas aseguran que German Cáceres, el principal sospechoso por el execrable femicidio de María Belén Bernal, fue identificado por usar la expresión “gracias, ñaño”, no por las investigaciones, pericias o rastreos policiales.

Sin embargo, precisamente hoy hubo un conversatorio privado sobre la captura de Germán Cáceres. Para la reunión, la Policía Nacional envió invitaciones a unos pocos periodistas. ¿Así quieren transparentar una infraestructura agarrotada, desacreditada y desconfiable por causa de unos pocos miembros? ¿Puede un estado democrático moderno funcionar sin una policía nacional transparente?

Desde la restauración de la democracia alrededor de la década del 1980, Latinoamérica ha enfrentado un problema de creciente inseguridad, delincuencia y violencia provocados por las inequidades y fracturas sociales. Las experiencias de los ciudadanos con la policía y su impacto en la percepción del estado de derecho se han convertido en un factor decisivo en la comprensión ciudadana de la democracia como en el funcionamiento de sus instituciones. Tras el abominable delito cometido en el interior de la Escuela Superior de Policía de Quito el 11 de septiembre de 2022 es urgente debatir a nivel político y ciudadano sobre una reforma de la policía como institución de seguridad y como pilar de la democracia.

Según Lucía Lambert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, en su trabajo titulado “Challenges of police reform in Latin America” publicado en 2019 en Routledge handbook of law and society in Latin America, las instituciones policiales en América Latina varían sustancialmente, pero a pesar de sus diferencias, casi todas las agencias policiales de América Latina se caracterizan por un alto grado de desconfianza pública debido a la baja eficiencia, escasa transparencia, el aumento de la corrupción y el uso excesivo de la fuerza.

Según Lambert, la desconfianza policial tiene una larga historia por su participación en guerras civiles y dictaduras que tuvieron lugar en las décadas de 1970 y 1980. Tres acontecimientos desde el retorno a la democracia han afectado directamente a la policía: su hermetismo, el aumento de la delincuencia callejera y la creciente presencia del crimen organizado transnacional.

Si bien la violencia ha existido en América Latina durante décadas, el crimen se ha convertido recientemente en un tema de política pública. El uso continuo de la violencia por parte de actores estatales y no estatales ha sido ampliamente analizado en la historia de la región, y muchos autores destacan el pasado reciente de guerras civiles y dictaduras militares. La delincuencia se considera un problema que debe ser abordado por la policía y el poder judicial, y en la mayoría de los países, la prevención y la rehabilitación no forman parte de las políticas públicas institucionales como tampoco las políticas de transparencia.

En muchos países, la participación de las fuerzas armadas en el combate y la prevención de la delincuencia se considera el último recurso cuando los organismos policiales se enfrentan a problemas graves. En México, por ejemplo, debido a la precaria institucionalización y la aparente penetración del crimen organizado en las policías de varios estados y en muchas organizaciones policiales locales, el ejército se desplegó como una solución temporal, pero profundizar la represión solo parece agudizar la violencia. En Centroamérica, la situación de hoy es muy similar.

Para Lambert, el desarrollo del conocimiento policial en la región está directamente relacionado con el estudio del derecho y la sociedad. No sólo por la crisis de legitimidad del monopolio estatal del uso de la fuerza, sino también por la necesidad de construir capacidad institucional para mejorar las relaciones públicas y la efectividad del trabajo policial. Muchos factores estructurales obstaculizan significativamente la mayoría de las principales iniciativas de reforma policial, como la politización del debate, la falta de experiencia, profesionalismo o conocimientos técnicos e incluso la negación a la modernización en el campo de la seguridad pública defendida en Ecuador incluso por autoridades de alto rango.

Cáceres no cayó por usar un coloquialismo. Fue capturado por el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad del Ecuador y de Colombia. La seguridad pública es la suma de los esfuerzos de la sociedad civil, los medios de comunicación, las autoridades políticas y los sectores democráticos de la policía nacional, y eso no se consigue escondiendo la información.

@ghidalgoandrade