El Art. 168.1 de la Constitución establece de manera expresa que la administración de justicia aplicará, entre otros, el principio de independencia interna y externa, por lo que su afectación ‘…conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley’. Esto es bueno tener presente en estos momentos cuando la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, mediante un tuit, deja entrever que la justicia ecuatoriana no goza de esa independencia que se halla amparada en la Carta Fundamental la que, lamentablemente, muchas veces, se violenta e inobserva, en medio del más vergonzoso cinismo, creando ciudadanos de primera, segunda, tercera y más clases, pulverizando con ello la idea fuerza de la igualdad ante la ley consagrada en el derecho internacional y la legislación local.

Cuando leemos y releemos el mensaje  en la red social Twitter de la principal autoridad encargada de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal en el país, podría entenderse como una especie de grito desesperado: ‘Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable’.

Resulta, entonces, por demás grave lo señalado por la Fiscal General. De ahí que no cabe que esa afirmación se diluya en conversaciones de cafetín o perderse en comentarios que inundan las redes sociales. Hay que volver la mirada a lo que señala la norma constitucional, es decir, está la obligación de identificar las responsabilidades que pudieran existir en torno a una eventual vulneración del principio de independencia de la justicia y establecer, consecuentemente, las sanciones que se hallan previstas en la ley.

De otro modo, si no asumimos cabalmente nuestra responsabilidad ciudadana y nos quedamos solamente en los tuits y retuits, seguiremos a merced de un esquema de corrupción que ha penetrado desgraciadamente en la esfera de lo público y privado, amenazando seriamente al estado de derecho al desgarrar -ese monstruo- a dentelladas el frágil tejido social.

Es evidente que una democracia se consolida en la medida en que, por un lado, predominen los pesos y contrapesos lo que supone el establecimiento de límites al poder y, por otro, que las diferencias o problemas que surjan en el relacionamiento social sean atendidas a través de la activación de resortes institucionales lo que deriva en la vigencia e imperio de la ley. Lo otro, que implica estar subyugados a presiones e injerencias del más fuerte, nos traslada a un estado naturaleza, de tipo hobbesiano, donde predomina la violencia, el temor a la muerte y la desesperanza.

Que la Dra. Diana Salazar escriba públicamente: "No cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano", deja entrever que su trabajo enfrenta a peligrosas estructuras criminales que se mueven en las sombras y que merecen el repudio general.

La Fiscal General debe sentirse respaldada por un pueblo y seguir ratificando en sus actos esa inquebrantable voluntad de velar por el interés público.