El éxito del acuerdo entre CREO, Pachakutik e Izquierda Democrática en las elecciones para autoridades legislativas no será suficiente si la alianza no privilegia uno de los aspectos más importantes de la gestión que se disponen a ejecutar: la comunicación política, tanto interna como externa.

Sin duda, los grandes medios de comunicación —abiertamente anticorreístas— apoyarán el acuerdo en la medida en que cada vez el distanciamiento de la presidenta Guadalupe Llori con la “revolución ciudadana” (RC) sea más real, contundente y productiva en favor del bien común, no de los grupos políticos acostumbrados a abusar de sus privilegios.

Los medios digitales se dividirán: algunos se ubicarán en un mal llamado “periodismo militante”, que, en realidad, es periodismo fanático a favor de lo que un día fue la mal llamada RC, y otros se esforzarán por comunicar como se debe comunicar, con equilibrio, sensatez, profundidad y, sobre todo, con actitud crítica tanto en sus investigaciones sobre la corrupción como en sus informaciones diarias.

La presidenta Llori (Pachakutik) tiene la obligación de rodearse no solamente de expertos en comunicar a los ciudadanos lo que hace la Asamblea, sino de profesionales que realicen su trabajo de manera transparente, limpia, asertiva y, sobre todo, honesta.

La idea de que las relaciones públicas institucionales están allí para omitir los errores y para exagerar los aciertos ya es obsoleta porque, aunque bombardeado de noticias reales y falsas, el ciudadano cada vez es más suspicaz, más observador, más agudo y menos ingenuo.

El filósofo colombiano Germán Rey dice en su libro Escritos sobre periodismo que “la información compone una perspectiva fundamental de la actividad ciudadana y una dimensión central de las sociedades. Cada vez más los ciudadanos exigen que la información les sirva para tomar decisiones cotidianas que van desde las inversiones más rentables hasta las ofertas en los supermercados, pero que también les ofrezca información útil sobre las decisiones legislativas en favor del pueblo, los problemas de la seguridad, los altibajos en la educación, el acceso a la salud, la realidad de las pensiones del seguro social o los proyectos de los asambleístas (...). Buena parte de las interacciones entre instancias del poder y sociedades se inscriben en la comunicación y algunos de sus temas más problemáticos tienen que ver con decisiones en el campo de la información, la circulación de conocimientos y la capacidad de comunicar de las tecnologías de la información”.

La interrelación entre quienes manejan el poder y los ciudadanos de a pie es cada vez más cercana, lo que quiere decir que los políticos ya no pueden, como ocurría antes en los más altos niveles de ese poder, ocultar, mentir, cometer graves actos de corrupción, establecer mafias escondidas en los cargos públicos, sacar provecho de su posición privilegiada y, para redondear, negar a los medios de comunicación los datos, las cifras, los documentos que demuestran las irregularidades.

Lo primero que debe hacer la nueva Presidenta de la Asamblea es tomar decisiones inteligentes e importantes que se constituyan en golpes mediáticos positivos para hacer olvidar a un parlamento saliente que, quizás, es el peor de la historia republicana (unos dicen que sale con el 7 por ciento de credibilidad, otros afirman que esta credibilidad llega a niveles vergonzosos: 2 por ciento).

La presidenta Guadalupe Llori debe devolver a la Asamblea Nacional, como institución, la dignidad, la legitimidad, la confianza del pueblo en su gestión personal y en la gestión de la entidad.

Tiene el deber de preocuparse —y hasta vigilar— que los asambleístas legislen y fiscalicen (que es su tarea constitucional) y no caminen por la cuerda floja de los negociados, de las llamadas telefónicas para arreglar asuntos chuecos, de los repartos, de los canjes de apoyos o de salvatajes a cambio de prebendas, de la exigencia de pagar diezmos a cambio de una asesoría o un cargo, de las oscuras triquiñuelas para salvar a funcionarios investigados a cambio de uno o varios votos que salven a la persona fiscalizada.

Llori también debe establecer canales directos de información con los medios de comunicación, pues ya hemos visto, hasta la saciedad, que lo que los políticos intentan ocultar se llega a saber tarde o temprano gracias a la investigación de periodistas valientes o a la delación de quienes fueron marginados de los intercambios de favores.

La nueva presidenta de la Asamblea debiera, antes de emprender otras tareas, filtrar y destituir a los funcionarios que fungen de asesores o de asistentes sin tener las credenciales éticas para ejercer tales cargos.

Sería triste y decepcionante que en este nuevo periodo aparezcan, de nuevo, individuos inmorales que llegan a la institución para convertirse en enlaces, en eslabones, en mensajeros de las malas artes a las que están acostumbrados ciertos políticos que, lamentablemente, han sido reelectos como asambleístas y es probable que no dejen de hacer travesuras contra los intereses del Estado.

Del otro lado, del de los medios de comunicación y los periodistas, en especial de quienes cubren las actividades de la Asamblea, el país espera que se cumplan las mismas exigencias que se le hacen a los legisladores.

En su libro El discurso de la información, el analista francés Patrick Charaudeau interpela y cuestiona el rol de la prensa cuando no ejerce su tarea con probidad: “¿Qué garantía podemos tener de que lo que ponemos a la entrada de la máquina de informar producirá, a la salida, el efecto previsto? Y ese mismo efecto, ¿en qué está fundamentado? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que garantiza a la instancia mediática que el tratamiento de la información que propone se corresponde con lo que los ciudadanos esperan? ¿Qué es que lo garantiza que en todo acto comunicativo haya correspondencia entre los efectos que la instancia de la enunciación desea producir en la recepción y los efectos realmente producidos?”.

Chareaudeau advierte, además, sobre “el peligro de que los medios construyan una visión parcializada de ese espacio público, una visión adecuada a sus objetivos pero muy alejada de un reflejo fiel”.

Los ecuatorianos esperamos que se vayan borrando, aunque sea de a poco, las huellas de 14 años de control legislativo por parte de la llamada RC. Y en eso tiene mucho que ver la calidad y la honestidad con la que actúen Guadalupe Llori y los legisladores.

Pero también esperamos que los medios y los periodistas sean capaces de encontrar nuevas formas de relacionarse con los representantes para que, de una vez por todas, se ponga fin a la cobertura fácil, la de esperar en el pasillo y entrevistar al legislador como si esa fuera la forma adecuada de obtener información a sabiendas de que el político dirá lo que le interese decir y no más.

Así que, si exigimos un nivel de dignidad y de recuperación de la credibilidad a la presidenta Guadalupe Llori y a los asambleístas, también exigimos el mismo nivel a quienes, desde el periodismo, tienen el deber de cambiar sus rutinas y sus prácticas con el objetivo de pasar de lo superficial a lo profundo.

Eso es lo que se llama comunicación social.