A Gustavo Jalkh se le chamuscó la vergüenza. Después de haber secundado durante diez años los atropellos más inimaginables a la Constitución y a las leyes, hoy se ha convertido en un constitucionalista insigne. Un legalista de cepa. Sale a defender la institucionalidad luego de haber propiciado la demolición sistemática del sistema de justicia.

El mayor problema de los correístas obtusos es su arbitrariedad. Reivindicaron la voluntad popular siempre y cuando sirviera a sus intereses. Hoy que el pueblo ha encargado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio el saneamiento de las instituciones del Estado, cuestionan la legitimidad de una decisión soberana.

Lo que sucede es que les toca enfrentar a su peor enemigo: la ética. Porque eso, en esencia, es lo que representa Julio César Trujillo. Cuando rechaza el concurso convocado por el Consejo de la Judicatura para renovar a jueces y fiscales por considerarlo mañoso, no está actuando desde la formalidad jurídica, sino desde la ética. Pone en duda un procedimiento discrecional que perdió la confianza pública. Y Jalkh sale por los fueros de una dignidad de membrete. Está asustado con el fantasma de la transparencia.

Bien hace el CPCCS transitorio en pasarse por encima de las minas, trampas y marañas burocráticas con que el correato dejó sembrado el terreno de la institucionalidad pública. Porque todo estuvo diseñado para perpetuar un aparato mafioso de control del Estado. Durante una década se crearon normas y procedimientos cuyo principal objetivo no solo era encubrir la corrupción, sino impedir cualquier cambio o modificación institucional. Dejar todo en las mismas manos.

Imbuidos de un mesianismo ramplón, los funcionarios del correato se creyeron intocables. Eternos. No entienden, ni mucho menos aceptan, que sea la sociedad la que presiona porque los echen de sus cargos. Y porque, además, les exijan cuentas.

La reconstrucción de las instituciones estatales no se reduce, sin embargo, a cortar las cabezas del correato. Existe un complejo engranaje burocrático a nivel medio que añora el autoritarismo, la opacidad y la discrecionalidad del anterior régimen. Y que, seguramente, bloqueará cualquier intento por transparentar la administración pública. Sobre todo, por impedir que opere la justicia.

Si la lucha contra la corrupción se ha convertido hoy en prioridad nacional, una función judicial proba e independiente es fundamental. Y esto resulta imposible si la administración de justicia continúa sujeta a las decisiones e influencias de funcionarios incondicionales del correato. Tal como ocurre con la intención del Consejo de la Judicatura por realizar un concurso mañoso, cuyo único propósito es prolongar el mismo viejo esquema de sumisión judicial.

El saneamiento institucional debe extenderse lo más ampliamente posible. Y el CPCCS no debe inmutarse con la alharaca legalista de los correístas obtusos. Rasgarse las vestiduras se ha vuelto su deporte favorito.