En momentos que se discute para Ecuador un proyecto de flexibilidad laboral —que debe ser entendida como la libre movilidad de los empleados entre empresas, la capacidad de ajuste de las horas de trabajo, la asignación diferenciada de tareas dentro de la empresa y la flexibilidad salarial— es muy pertinente revisar algunas evaluaciones de instituciones internacionales, la experiencia reciente sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo en el mundo y algunas cifras del Ecuador para guiar la discusión.

De acuerdo a los estándares de la OCDE, Ecuador tiene un mercado laboral muy rígido que se intenta corregir a través de esta reforma en dos de sus componentes. El primero, los trabajos de carácter indefinido o permanente con altas indemnizaciones por los años de servicio, y el segundo, las restricciones al ajuste y distribución en las horas trabajadas por día y semana, los cuales terminan afectando la productividad y limitando los aumentos salariales. Lo que no es inmaterial, porque en el largo plazo solo los aumentos continuos de productividad permiten sostener altas tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, sustentar aumentos en los salarios reales de los trabajadores.

En particular la volatilidad e incertidumbre sobre el ciclo económico hace que los altos costos de terminación de los contratos representen un riesgo demasiado elevado que las empresas no están dispuestas a pagar. Sus efectos tienen que ver con la reducción de la tasa de entrada al empleo, el aumento de la duración del desempleo promedio, el incremento de la tasa natural de desempleo y la afectación de la propia productividad como resultado de una baja del nivel de esfuerzo ante una menor probabilidad de despido (salarios de eficiencia). Para los que son católicos, esto es como el matrimonio. Si se permitiría divorciarse con cierta facilidad, se incrementaría notablemente la tasa de matrimonios, pero si dicen que es para toda la vida, como que hay pensar mucho antes de dar ese paso.

Precisamente del Informe Going for Growth, 2018, de la OCDE, se desprende que deben  reducirse las altas indemnizaciones por años de servicio con el objetivo de aumentar la formalización del mercado laboral y evitar la precarización que tanto defienden algunos; así como incentivar los aumentos de productividad y suavizar el ciclo económico; en tanto las indemnizaciones tienden a aislar a los trabajadores con contratos de carácter indefinido de las presiones en el mercado laboral, mientras el resto de los trabajadores sufre en forma desproporcionada los efectos de los ciclos económicos.

Respecto a las regulaciones sobre la duración de la jornada laboral, debe señalarse que éstas terminan discriminando a las familias con hijos pequeños y aquellas actividades cuya demanda no se distribuye uniformemente en la semana, como es el caso de las dinámicas industrias del turismo y del esparcimiento. La flexibilización de la jornada de trabajo apunta a satisfacer las necesidades y preferencias de cada uno, y cabe preguntarse quién es el gobierno para decirle a una persona cuántas horas o cuántos y qué días trabajar.

Un vistazo a las cifras del mercado laboral en Ecuador entre 2010 y 2018, denota que el costo de estas sobre regulaciones no tiene que ver exactamente con la tasa de desempleo que se mantiene relativamente acotado entre 5% y 7%, sino con la calidad laboral que se ha visto severamente afectada con un nivel de empleo adecuado que no ha superado el 60% en este periodo y que desde 2014 no ha dejado de caer, además de un subempleo en tendencia alcista desde 2012 con un promedio de 13.80% en este periodo.  Así mismo parecería evidenciarse que estos resultados tienen explicaciones estructurales, más que por quiebres del ciclo económico. A escala mundial, la evidencia empírica, en cambio, apunta a que el costo de estas sobre regulaciones sea el desempleo que ha acompañado al ciclo contractivo en países con mercados laborales rígidos (España, Grecia, Portugal, Italia, Francia) vis-à-vis el ajuste en países con mercados laborales más flexibles (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido).

De allí que podemos señalar que esta reforma laboral compatibiliza con una irrefutable evidencia nacional e internacional sobre el funcionamiento de los mercados laborales, y más bien lo que se debe destacar es que están faltando otros elementos que son igual de trascendentes para el mejoramiento del mercado laboral.

Uno de ellos, es la fijación del salario mínimo, que en Ecuador no solamente representa una proporción muy alta del salario medio, sino que su forma de cálculo dista mucho de los niveles de productividad y de la propia tasa de inflación. Un incremento promedio anual del salario mínimo del orden del 7.8% en estos 10 años, nada tiene que ver con un incremento promedio de la productividad que bordearía el 1.48% o la tasa de inflación promedio del 3.3%. Esto termina afectando negativamente al empleo, particularmente de los jóvenes, mujeres y trabajadores con un bajo nivel de calificación, lo cual tiene importantes efectos negativos en la pobreza y la desigualdad de ingresos.

En efecto, un empleo adecuado —que para los hombres bordea el 49.7%— entre 2008 y 2018 se reduce 18 puntos y se ubica en el 31.6% en el caso de las mujeres. Igualmente el desempleo se mantiene sistemáticamente mayor en el caso de las mujeres (5.9%), con una brecha de más de 2 puntos por encima de lo observado en los hombres (3.6%) en este mismo periodo. Según el grado de instrucción, los no universitarios mantienen un empleo adecuado de 35.6%, a diferencia de lo alcanzado por los universitarios que supera el 68.3% promedio de empleo adecuado en estos últimos 10 años. Las mayores tasas de subempleo también se concentran en los no universitarios (18.4%), con 9 puntos por encima de lo observado en los individuos con instrucción superior (9.1%). Finalmente son los jóvenes los que también pagan las consecuencias de un mercado laboral demasiado rígido, en tanto aquel grupo poblacional comprendido entre 15 y 24 años mantienen un empleo adecuado del 26%, esto es 22 puntos menos a lo observado por los grupos de mayor edad (48%). De la misma forma el desempleo de los jóvenes (10.4%), se mantiene sistemáticamente por encima de lo que se encuentra en grupos de mayor edad (3.5%).

Frente a esta realidad, la OCDE y otras organizaciones multilaterales han recomendado el uso del salario mínimo reducido en un umbral que puede estar alrededor de los 20 años. Alguien podrá argumentar que un salario mínimo reducido proveería un ingreso muy bajo como para alcanzar un nivel de vida digno, pero debemos tener claro que el salario no es lo mismo que ingreso. El salario es un precio que tiene que ver con las condiciones de oferta y demanda. Quien contrata a un trabajador, no es responsable de asegurar los recursos mínimos necesarios para un hogar, sino que contrata a las personas en relación al trabajo que desarrollarán. El ingreso es lo que tiene que ver con un nivel de vida digno, y es el Estado el que debe solucionar este problema con subsidios al ingreso, salud, educación, y no llevando el salario mínimo a niveles que terminen afectando el empleo.

En paralelo, una reforma laboral integral debe incluir un uso más extensivo de los contratos de aprendizaje que permitan adquirir calificación a los jóvenes con bajo nivel de capacitación para así aumentar su productividad y sus salarios de mercado. Una reforma más estructural, pero con efectos de más largo plazo, consiste en fortalecer la educación técnica profesional, la que se ha visto desplazada por el excesivo énfasis en la educación universitaria. En este ámbito hay experiencias interesantes en Europa, especialmente en Alemania.

Por otro lado, y como compensación de la reducción de los costos de despido, se debe fortalecer el seguro de desempleo con incentivos adecuados para que no terminen afectando el proceso de búsqueda de empleo. Entre los puntos a considerar se encuentran que los aportes se realicen en forma gradual para no agravar los problemas financieros de las empresas en ciclos recesivos, que el monitoreo de los beneficiarios debe incentivar la búsqueda de empleos y que los beneficios durante el desempleo dependan inversamente de su duración.

También es importante reconsiderar que la negociación salarial sea a nivel de empresas y no de ramas, debido a que los niveles de productividad del trabajo tienen una gran dispersión entre empresas de la misma rama productiva, siendo por lo general la productividad más baja en empresas pequeñas y medianas, las que se ven negativamente afectadas con una negociación por rama, lo cual limitará el poder de negociación de los sindicatos que  buscan maximizar el bienestar de aquellos que pertenecen al sindicato (insiders), en desmedro de los que no lo son (outsiders).

Finalmente, debemos recordar que en un mundo cada vez más competitivo, integrado y desarrollado tecnológicamente, el mantener regulaciones laborales muy rígidas puede ser tremendamente costoso desde el punto de vista de la evolución del empleo y de las remuneraciones reales a través del tiempo, por los incentivos a sustituir trabajo por capital y el trasladar nuevas inversiones hacia otras latitudes en un mundo donde el capital es cada vez más móvil. Para Ecuador, es más grave todavía si consideramos  que no tenemos moneda propia para compensar disminuciones de competitividad y/o shocks externos con el efecto devaluación, lo cual potencializa la necesidad de esta reforma laboral.