Al amanecer del 17 de julio de 1972 cinco hombres fueron arrestados dentro de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata ubicado en el complejo de edificios Watergate, iniciando uno de los escándalos políticos más famosos de la historia y que terminaría con la dimisión, dos años más tarde, del Presidente republicano Richard Nixon, único mandatario estadounidense que ha renunciado a su cargo.

¿Por qué renunció Nixon? Pues porque luego de dos años de investigaciones se demostró, gracias sobre todo a la investigación realizada por dos periodistas del Washington Post Carl Berstein y Bob Woodward, con la ayuda anónima de  William Mark Felt, número dos del FBI en la época en que se destapó el caso (que se hizo llamar Deep Throat y cuya identidad recién se reveló treinta y tres años después del escándalo), que Nixon mintió sobre su supuesto desconocimiento de las escuchas ilegales a realizarse en la sede del partido opositor y que además conspiró para encubrirlo todo. ¿El objetivo? Lograr la reelección de Nixon en noviembre de 1972.

El nexo principal entre las escuchas ilegales en la sede del Partido Demócrata y el presidente Nixon fueron las grabaciones que éste mismo hiciera en el Salón Oval y que luego de varias negativas de éste para entregarlas, aduciendo inmunidad presidencial y razones de seguridad nacional, finalmente pudieron ser analizadas por el Procurador y el Comité del Senado que investigaba el caso, gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es que si bien el hilo conductor de la investigación era el desarrollado por Woodward y Berstein, ésta no habría llegado a ningún lado sin la participación de instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, el Senado y la Corte Suprema, que actuaron con independencia y en beneficio de la sociedad y no del gobierno, aun cuando en algunos casos, su posición costó el puesto a algunos funcionarios.

Así podemos ver cómo la conjunción entre periodismo independiente e instituciones sólidas, forjadas en la firme convicción de que trabajan para la sociedad y no para el  gobierno de turno, pudieron llevar a cabo una investigación que sirvió, sobre todo, para demostrar que nadie puede estar más allá del bien y del mal, de la  Ley y de la rendición de cuentas aduciendo razones de seguridad nacional, porque si bien ésta es importante, lo es igual o más la intimidad de los ciudadanos, los que no pueden ser espiados ilegal e impunemente.

En Ecuador por otra parte, más allá de las denuncias de WikiLeaks acerca de las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y el “enemigo del Internet” Hacking Team, la divulgación de correos electrónicos privados como los de Martha Roldós, o de chats privados de Whatsapp de personas poniéndose de acuerdo para protestar (con todo el derecho que les asiste), demuestra fehacientemente que estamos siendo vigilados ilegalmente.

El problema es que Ecuador no cuenta con instituciones independientes, sino con un entramado que responde fielmente al gobierno actual y con una pseudo prensa que en absoluto es pública, si no gobiernista y que en lugar de exigir aclaraciones, como es su obligación, publica esa información privada sin la menor vergüenza y peor aún, análisis.

Aparentemente, luego del remedo de rueda de prensa brindada por el Secretario Nacional de Inteligencia, nos tocará esperar al retorno de la democracia para que los ciudadanos podamos conocer el alcance de la vigilancia a la que hemos sido sometidos, porque ni la Fiscalía, ni la Contraloría o peor aún, la Asamblea Nacional (pese a los loables esfuerzos de los asambleístas de oposición), harán nada por clarificar esta situación, pero quede de ejemplo la deshonrosa renuncia de Nixon para que entiendan que tarde o temprano todo se sabe, y entonces allí vendrán el llanto y crujir de dientes.