José Tuárez pende de una cuerda floja. Exige galerías de obras de arte en lugar de oficinas, que su jerarquía sea superior a la de la Corte Constitucional y que se dirija a él únicamente el presidente de la República. Tuárez resultó ser un fiel remedo de la década ganada.

Tuárez está solo. Sus compañeros consejeros le exigen explicaciones, la Conferencia Episcopal lo desconoce como sacerdote y se plantean serias denuncias sobre su hoja de vida presentada ante el Consejo Nacional Electoral para ser candidato al puesto que ocupa. El sacerdote se presenta como director de una Radio, rector de un colegio y como director de Recursos Humanos de un Convento que todos lo niegan. A esto se suma que lo conseguido por el religioso en número de votos es menor que el total de votos nulos.

Tuárez es el candidato con menos votos de entre los elegibles para ocupar el cargo presidente del organismo. Con el 7% de los sufragios obtuvo 17% menos votos que el 24% de los anulados y 31% menos que lo obtenido por la vicepresidente Rosa Chala. Estas distorsiones a las elecciones se produjeron al convocar a una elección en tres papeletas distintas con un desfile de candidatos, sin listas verticales, sin alternabilidad entre hombres, mujeres y pueblos, y sin una fórmula de asignación de escaños. Tuárez, y el resto de correistas en el Consejo, son hijos del voto nulo.

Pero las cosas ya están hechas y la débil democracia ecuatoriana se enfrenta a un organismo que ha desafiado la autoridad de la consulta popular de febrero de 2018, del Consejo transitorio que obró bajo un mandato popular de fuerza constituyente y una Corte Constitucional en funciones legitimas.

El problema no se resuelve si José Tuárez renuncia a su cargo de presidente o a su membresía en el Consejo. Este atentado a la democracia republicana perpetrado por el correismo constituyente de 2008 empezará a revertirse cuando este organismo perverso sea expulsado del sistema de instituciones. ¿Cómo hacerlo? Con un referendo ciudadano.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo padecen de baja credibilidad y harían mal en liderar una propuesta de reforma parcial. Si un referendo de esta naturaleza no restringe derechos y garantías constitucionales, ni modifica el procedimiento de reforma constitucional, como sucede en este caso, puede ser convocado por el 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, según el artículo 442 de la Constitución, lo que representa un poco más de 130 mil firmas de apoyo.

Después de recibir el dictamen de la Corte Constitucional, que ordena el artículo 104 de la Constitución, la iniciativa debe tramitarse en la Asamblea Nacional en, al menos, dos debates distanciados por 90 días y tras su aprobación se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Si antes de que se acabe este año se recolectan las firmas, antes de las presidenciales de febrero de 2021 se ordenaría el referendo.

Los hijos del voto nulo son embajadores del ático. Responden a instrucciones específicas para crear un clima de caos institucional. La finalidad consiste en exacerbar los sentimientos antipolíticos en los ciudadanos y justificar la instalación de una asamblea constituyente. Entonces, si se instalara una nueva asamblea plenipotenciaria, se infiltrarían como lo hicieron con el religioso y harán con nuevos Tuárez, todo para recobrar la impunidad con el pretexto de recuperar la patria.

Un referendo ciudadano es urgente para detener el avance de esta forma velada de golpismo.

@ghidalgoandrade