La aprobación del Código Orgánico de la Salud (COS) se parece cada vez más a la historia de Pedrito y el lobo. Son tantos los borradores de proyecto que han circulado que ya no se tiene la certeza de que alguno llegará a convertirse en ley de la República. Peor aún ahora que la recesión ha alterado sustancialmente la orientación paternalista y clientelar que el correísmo le imprimió al Estado durante la era del despilfarro. Seguramente el gobierno está pensando en marcos jurídicos que se adecuen a las nuevas condiciones de escasez.

Ya pasó un período legislativo completo (2009-2013) sin que se pudiera contar con un documento referencial sobre el cual debatir. Al parecer, los intereses en pugna son tan complejos que ni siquiera existen coincidencias al interior del oficialismo. Por eso han aparecido versiones disímiles, y hasta contrapuestas, entre el bloque legislativo de Alianza País y el propio gobierno. A cada propuesta le ha correspondido una réplica reformada, maquillada o rehecha que cuestiona a la anterior, y que aparece como la versión definitiva y última. Puro amague.  Cada cierto tiempo se anuncia que dispondremos de un texto consistente, para luego dar marcha atrás.

Lo peor es que todo ha transcurrido en medio de la más completa opacidad. Como si algo tan público como la salud de los ecuatorianos tuviera categoría de máximo secreto. Son años en que las organizaciones sociales, los gremios y las instituciones de la sociedad civil que trabajan en el sector salud han sido confinados a los terrenos de la especulación. De la sospecha. Solamente se debate a partir de rumores y suposiciones.

Hoy la Asamblea Nacional está tramitando un enésimo proyecto de COS cuya autoría sigue siendo un misterio. Se han presentado tantas versiones superpuestas que ya no se tiene claridad respecto de la identidad cada una. La que ingresó al CAL, y que eventualmente podría ser tramitada por la Asamblea Nacional, es un compendio de incoherencias, contradicciones y vacíos. Un copy-paste de innumerables documentos. No existe un marco conceptual o filosófico que lo sustente. Se trata, en resumen, de un documento no apto para el debate. Consensuar no significa tejer una colcha de retazos que por cobijar a todos no calienta a nadie.

Al parecer, la intención del oficialismo no solo apunta a dificultar o impedir el debate –y tener a todos los actores de la salud perdiendo el tiempo en vanas discusiones y análisis– sino a volver inviable al proyecto. Habrá tantas observaciones, desacuerdos y críticas que la postergación indefinida de su aprobación será inevitable. Por ejemplo, la visión privatizadora que el régimen ha impuesto al sector salud durante los últimos años es incompatible con los principios constitucionales. Solamente en ese punto se crea un cuello de botella infranqueable.

Desde el poder de turno conviene que todo siga igual. Las nuevas circunstancias que enfrenta el país exigen respuestas fiscales con alto costo político.  Y el clientelismo sin plata es un suicidio. Al gobierno le resulta más práctico retocar un marco legal obsoleto e inapropiado que arriesgarse a tramitar un COS inaplicable o conflictivo. Así, lo que estamos viviendo es un alarde más de un proyecto de ley que seguirá en el anaquel. A menos que Alexis Mera tenga bajo la manga el proyecto –ese sí– definitivo. El lobo nos puede agarrar desprevenidos.