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31 de Agosto del 2017
Ideas
Lectura: 4 minutos
31 de Agosto del 2017
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Los ilusionistas de la justicia
La sociedad ecuatoriana no puede tolerar más rodeos de la justicia. No puede dar más tiempo a estos prestidigitadores judiciales para que hagan aparecer flores donde no hay más que inmundicia. Habrá que presionar en las calles para que juntos encontremos una fórmula democrática y transparente que desinfecte la administración de justicia.

León Febres Cordero y Jaime Nebot siempre sostuvieron que no tenían responsabilidad en la violación de derechos humanos porque nunca fueron formalmente procesados por la justicia. Descargaban en la inoperancia y venalidad de nuestro sistema judicial la inexistencia de un crimen. ¿Dónde quedaban, entonces, los asesinados, desaparecidos, perseguidos y torturados durante su régimen? Mediante este hábil sofisma, muy propio de nuestra política criolla, se desaparecieron los hechos. Mejor dicho, se alteró la realidad.

A propósito de los escándalos de corrupción que avergüenzan al país, y que desbordan toda imaginación, los jerarcas del correato pretende hacer exactamente lo mismo. No es casual que el vaso comunicante entre socialcristianos y correístas sea, precisamente, un mago de la jurisprudencia como Alexis Mera, gran maestro del ilusionismo jurídico. Con dos o tres leguleyadas pretenden santificar a los pícaros. Solo falta que hagan evaporar los billetes encontrados en caletas y tumbados para trastocar los hechos.

Según declaraciones judicializadas de altos directivos de Odebrecht, la empresa estructuró un sistema de sobornos para asegurarse todos los contratos que consiguió en los distintos países donde operaba. Todos. Las coimas que repartió no eran acciones casuales ni aisladas; eran parte de una estrategia de corrupción debida y metódicamente planificada. Es más, la adjudicación de contratos a través de estos medios ilegales servía de promoción para sus representantes. A más coimas, más contratos; a más contratos, más ascensos.

Esta sola información, proporcionada a las autoridades, ha servido para enjuiciar y encarcelar a una pléyade de empleados de la empresa y de políticos corruptos en Brasil y en otros países de la región. Porque, a diferencia de lo que ocurre en el Ecuador, allá no se discute si hubo o no sobornos, sino con cuánto y a quiénes se sobornó.

Difícil tarea con un sistema judicial viscoso y opaco como el que nos heredó el correato. Gustavo Jalkh, otro de los artífices de la demolición institucional del país, acaba de confirmarlo. Las sospechas respecto de la improbidad e impudicia de jueces y fiscales han sido ratificadas gracias a la divulgación de los mensajes hecha por la periodista Patricia Poleo. ¿Que hay que verificar su autenticidad? No es necesario: todo el mundo lo sabía y lo comentaba en voz baja. Y Jalkh no lo ha negado. Ahora solo falta que desaparezcan a los aludidos para negar el contubernio.

Difícil hacer justicia con semejantes funcionarios. Porque las investigaciones deberían empezar por aquellos que propusieron, permitieron, facilitaron o avalaron sus nombramientos: panas, padrinos y patrocinadores verde-flex. Entre otros, todos los funcionarios públicos que negociaron, acordaron, contactaron, parrandearon y, sobre todo, que firmaron contratos con la empresa Odebrecht. Y, por deducción lógica, con los chinos. La serpiente tendría que morderse la cola.

La sociedad ecuatoriana no puede tolerar más rodeos de la justicia. No puede darles más tiempo a estos prestidigitadores judiciales para que hagan aparecer flores donde no hay más que inmundicia. Habrá que presionar en las calles para que juntos encontremos una fórmula democrática y transparente que desinfecte la administración de justicia.

 

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