5.3 mil millones de dólares es la recaudación que por concepto de impuesto a la renta ha recibido el gobierno nacional en el año 2022. Esto significó un incremento significativo respecto al año 2021, pero sin duda será un valor menor respecto al año 2023 cuando se termine el periodo para declaración y pago del impuesto.

Este incremento en la “renta” de los entes privados, no solo responde a la variante de carácter económico producto de la reactivación económica –que ciertamente sí existe– sino también a una variante legal. Y esta es la razón por la que este año, las personas y las empresas hayan visto incrementado su impuesto a la renta de forma sustancial.

No es raro ver en las vías de Quito, publicidad visual de ciertas tarjetas de crédito donde se promociona la posibilidad de diferir el impuesto a la renta, como si se tratara de la compra de una lavadora o un vehículo. Algo que no se ha visto nunca y que sincera la realidad en la que vivimos los ecuatorianos.

Y es que desde el año 2022, en el Ecuador se debe cancelar el impuesto a la renta en base a la Ley orgánica para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal. En esta se establece una fórmula de pago distinta que en la ley anterior, en donde pasamos a calcular ciertos gastos personales como una forma de renta.

Cambios tan radicales como que antes se consideraba como gasto personal –y por ende deducible del impuesto a la renta– al vestido y la vivienda y que ahora se lo considera como un lujo propio de la clase alta del Ecuadorsí . Así como un cambio que ha causado sorpresa: ahora la base desgravada es inferior, y por ende, “la renta” que los ciudadanos generamos es mucho mayor.

Todo fue fríamente calculado: un acuerdo de omisión deliberada en la Asamblea Nacional, en la cual el correismo apoyó la afamada Ley con una abstención en la votación de sus asambleístas, causó su aprobación, ya que así se aseguraba que la ley pasara por el “Ministerio de la Ley”. Viejo truco, mismos actores.

Aquí es precisamente cuando el ciudadano común no logra entender a los políticos. Por un lado, vehementemente vociferan su oposición cuando es pública pero, cuando nadie escucha, acuerdan en silencio. Y es peor todavía, cuando para el correismo este acuerdo significó promover la agenda de su peor enemigo:  el Fondo Monetario Internacional.

Esta “gran recaudación”, generada por la aplicación de la Ley Tributaria de Lasso, es un verdadero atentado a la economía doméstica de la clase media y una afrenta a la buena voluntad de quienes todavía creemos que los recursos públicos deben invertirse en el desarrollo de la gente, del pueblo.

Con enorme desazón, quienes sí pagan impuestos ven que existe poca o nula inversión social, poca o nula inversión en obra pública, y una incapacidad administrativa sorprendente para solucionar los graves problemas que tiene el país.

El haber priorizado esta “gran recaudación” tributaria, no solo que ubica al gobierno en el lugar donde las encuestas lo muestran, sino también que es por sí misma la expresión fehaciente de que poco o nada le interesa la economía familiar del ecuatoriano promedio, que trabaja por el beneficio de los suyos, antes que darle ese dinero a la burocracia.