¿Qué significa que en los Estados Unidos se empiece a hablar sobre la posibilidad de que los ricos paguen más impuestos, algo que se aplica en muchos países de Europa desde hace más de medio siglo?
         ¿Conciencia, vergüenza, solidaridad o miedo?

Las voces a favor y en contra de esta propuesta están atizando el debate, en algunos casos desde posturas aterradoramente fundamentalistas, como aquellas que atribuyen esta idea a una supuesta ofensiva comunista. Desde la otra orilla se condena una aparente hipocresía de quienes perciben que el esquema de acumulación de riqueza global estaría a punto de reventar y que, en consecuencia, toca edulcorar los conflictos. Sea lo que fuere, es inevitable tratar el tema.

En el Ecuador, los devotos del neoliberalismo a ultranza ponen el grito en el cielo ante la sola insinuación de que los más adinerados contribuyan con el erario nacional. La peregrina idea de que la riqueza por sí sola genera el bienestar de toda la sociedad quedó incrustada en el imaginario de estos personajes. Ahora le presionan al gobierno para que radicalice su política tributaria en favor de los grandes grupos empresariales, so pena de quitarle su apoyo… o, inclusive, de empezar a conspirar.
Esta postura, sin embargo, no resiste ningún argumento que no provenga de una visión absolutamente mezquina y codiciosa de la economía. Despiadada, por decirlo con términos menos piadosos; tal como las gigantescas utilidades obtenidas por ciertas empresas aprovechándose de la pandemia.

Al parecer, ni siquiera la mal llamada Ley Creando Oportunidades, que constituye una oda a la injusticia tributaria, satisface los apetitos de los grandes grupos de poder. Si fuera por ellos, habría que volver a los inicios del liberalismo; es decir, a la ley de la selva. El problema es que el sistema ya no tiene la capacidad para digerir tantas desigualdades.

Que América Latina sea la región más desigual del planeta no es una casualidad. A fin de cuentas, fuimos los pioneros en aplicar el modelo colonial capitalista. A partir de entonces quedaron institucionalizadas ciertas conductas sociales, como el rentismo y la discrecionalidad de la ley. Para las élites nacionales, la retribución a la sociedad por las ganancias obtenidas sigue siendo de muy mal gusto. Por eso, precisamente, la elusión, la evasión y los paraísos fiscales están considerados como proezas empresariales.

Pero los estallidos sociales siguen estando a la vuelta de la esquina. Atribuirle el levantamiento de octubre de 2019 a unas mentes calenturientas es como culparle al colchón del embarazo. En el fondo, no se trató más que del agotamiento de la paciencia ciudadana frente a las injusticias legitimadas desde el poder. Elevar el precio de los combustibles sin afectar a las grandes fortunas era una rueda de molino difícil de tragar. Exactamente como la ley tributaria que acaban de aprobar correístas y lassistas en unidad de espíritu.