El 13 de enero de 1898, el diario L’ Aurore publicaba en su primera plana una extensa carta firmada por Émile Zolá y dirigida al presidente de Francia, Félix Fauré. Esta carta era un alegato de Zolá, para subrayar la inocencia del capitán de origen judío, Alfred Dreyfus, acusado de traición a la patria y condenado a cumplir cadena perpetua en la prisión de la Isla del Diablo. A pesar de que aparecían cada vez más evidencias de la inocencia de Dreyfus, no se daba paso a un nuevo proceso judicial. El famoso escritor Zolá, asume la defensa pública de Dreyfus desde una carta titulada J’accuse (Yo acuso), valiente misiva en la que se acusaba directamente a los culpables de la injusticia cometida contra el joven capitán. En la carta se demandaba también que se reabra el “caso Dreyfus” y se lleve a cabo un nuevo juicio. Seis años después, Dreyfus fue finalmente indultado. Un indulto que quería más bien evitar un nuevo proceso que develaría aún más las inconsistencias del sistema de justicia y a los verdaderos militares traidores. Años después, los estudiosos determinarían que la sentencia judicial tuvo un profundo corte antisemita. Se develaría también que en la sociedad francesa existía un núcleo de profundo nacionalismo y antisemitismo, que era alimentado y difundido por una prensa poderosa e influyente. 

En el mismo continente donde está la temida Isla del Diablo, a donde Dreyfus fue a cumplir su condena y 110 años después de la muerte del valiente Émile Zolá, un comando de policías ecuatorianos ingresaba, el 3 de marzo del 2012 con pasamontañas y con fusiles, a una casa ubicada en el sur de la ciudad de Quito, en el barrio Luluncoto. En ese operativo capturaron a diez jóvenes, quienes luego fueron procesados por terrorismo y sentenciados por organizar “actos terroristas”.

Mientras duró el proceso, la fiscalía no aportó con más pruebas que afiches del Che Guevara, libros y banderas...  Pero claro, eran los días en que la justicia respondía solícita a los deseos del autodenominado “jefe de todos los poderes del Estado” y la prueba más contundente era la palabra acusatoria del presidente Correa, quien con sorna decía en sus sabatinas “Claro… se reunieron para rezar”. Los “diez de Luluncoto”, fueron sentenciados y cumplieron una condena de casi y dos años. Salieron entre diciembre del 2013 y Marzo del 2015. Por capricho y obcecación de un presidente/monarca y su corte, diez jóvenes ecuatorianos perdieron más de un año de sus vidas. Seis años después, la Defensoría Pública, de otro gobierno, ofrecería disculpas públicas y aún se continúa investigando para determinar si los jueces violaron el debido proceso.

En el gobierno de Correa se comenzaron a utilizar las palabras terrorismo y rebelión. En ese gobierno, Alexis Mera y sus boys desarrollaron el punitivo Código Integral Penal (COIP). En los diez años de correismo los periodistas tuvieron que enfrentar sendos juicios y los asambleístas opositores no tenían inmunidad parlamentaria. Creo que todo comenzó con la brutal represión a los manifestantes de Dayuma, y el encarcelamiento a la Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori. Luego vino la persecución a dirigentes indígenas, a estudiantes secundarios, a luchadores antimineros…

Fueron diez años en los cuales los procesos judiciales respondían al capricho del presidente y donde los jueces hacían “buena letra” para Alexis Mera para Gustavo Jalhk… Ante estos atropellos, los otrora organizadores barriales de izquierda, luego asambleístas o ministros del gobierno correista, callaban. Justificaban tácitamente ese accionar del “yo, el supremo” criollo, desde discursos de la gobernabilidad, desde el cálculo o la sobrevivencia. Oponerse a los designios del “compañero Rafael” era estancarse en “el congelador” o directamente caer en desgracia.

Las prácticas implementadas por el gobierno de Correa, en materia de persecución política han encontrado un terreno fértil, en el gobierno de Lenin Moreno. Pero debe anotarse que un sistema de justicia obediente de los deseos del Ejecutivo, no comenzó con Correa: así se comportó con Lucio, con Febres Cordero…, y parece que ese fuera el modus operandi que seguirá dándose … ¡Oh, sino de mierda! La corrupción es investigable dependiendo de quiénes estén implicados. Los debidos procesos judiciales y los Derechos Humanos son leguleyadas que jueces y fiscales se pasan por el forro, a conveniencia.

En ese contexto y como consecuencia de las jornadas de protesta de octubre, aparecen nuevos presos políticos. Como en los días de Correa, se hacen allanamientos policiales a la madrugada y si en los días de Dayuma se acusó a una prefecta de dirigir esa insurrección, ahora se acusa de rebelión a otra prefecta, la de Pichincha, y exasambleísta de la revolución ciudadana, Paola Pabón. Se allana la casa del excompañero ideológico y exasesor del presidente Moreno, Virgilio Hernández, responsable de la organización política y la de Christian González, trabajador del Consejo Provincial, además de un par de otros domicilios.

Y como en los días de los Diez de Luluncoto, la fiscalía no presenta pruebas contundentes acusatorias, no se permite a los acusados defenderse en libertad, no se respeta el debido proceso. El abogado defensor, Ramiro Aguilar, presenta argumentos jurídicos pero los jueces fallan según las decisiones que quiere el poder. Y la historia de persecución se repite. Y hay un nuevo allanamiento domiciliario, la casa del músico Juan Paredes... ¿Cuál es el siguiente? 

El correísmo hizo procesos judiciales funcionales al poder y un COIP punitivo donde se incluyó terrorismo y rebelión. Los correistas callaron ante estos atentados contra los DDHH y sus asambleistas aprobaron ese COIP.  Ahora, esos procesos funcionales al poder son usados en contra de los correistas que callaron. Esos artículos del COIP son usados en contra de los asambleistas que los aprobaron. Nada de que alegrarse. La justicia no debe estar en los vaivenes del poder político. Hay una cosa llamada Derechos Humanos.

No por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer en su tiempo, se debe legitimar con el silencio el atropello que ahora sufren. Así como rechacé la persecución brutal del correísmo hacia estudiantes y líderes de oposición, como Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, rechazo la caza de brujas del Gobierno actual. Así como me parecieron detestables los procesos judiciales contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, detestables me parecen los de ahora. Aun cuando no comparta sus adscripciones políticas, rechazo los allanamientos domiciliarios y las detenciones de Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández.

Así como en su tiempo me opuse a la prepotencia correista y a la condena vergonzosa dictada contra los Diez de Luluncoto —con cuyo partido he tenido profundas divergencias— hoy me opongo a que se les impida a Pabón, González y Hernández, defenderse en libertad. Entonces y ahora hay una cosa llamada Derechos Humanos. Los seres humanos los tenemos por la mera condición de ser eso: seres humanos. Los derechos de los correistas, conculcados por una justicia tan espúrea, como la que servía a Rafacho I en su tiempo, deben respetarse.

Este no pretende ser un J’accuse ecuatorial. Es de esperarse que algún día la Justicia deje de responder a los intereses del poder político. Quizás para ello es necesario otro valiente como Émile Zolá, que denuncie de frente las injusticias del sistema de justicia. Y de pronto aparece, aún sabiendo que el escritor francés, por su “atrevimiento” fue condenado a un año de cárcel y 300 mil francos de multa, (la pena máxima), aún sabiendo que Zolá tuvo que vivir el exilio y que pocos años después apareció muerto, asfixiado por el humo de su chimenea. Hecho inmediatamente calificado de accidente, pero que hasta ahora no deja de levantar controversia por los antecedentes.