Mientras la protesta pacífica de los indígenas se desnaturalizaba y la violencia empleada en las manifestaciones alcanzaba niveles nunca registrados, parecía que el fantasma del golpe de estado retornaba y rodeaba a Carondelet.

Alejando el zoom de lo ocurrido esta semana se distinguen claros indicios sobre un intento desestabilizador que buscaba socavar el orden constituido. Esta ocasión, el movimiento indígena fue el anzuelo utilizado por los desestabilizadores para engañar al gobierno y generar un ambiente de caos, violencia y desorden, cuyo claro objetivo era el derrocamiento del Presidente de la República, o al menos, propiciar las condiciones para alcanzar la pretensiosa muerte cruzada y elecciones anticipadas.

Las nocivas declaraciones de Correa y de sus cómplices sátrapas, los ataques a plataformas petroleras, las distintas ofensivas contra la infraestructura crítica del estado, el intento de asalto a la Brigada Aérea del Ejército, el incendio producido en las oficinas de la Contraloría General del Estado, los ataques a las instalaciones de Teleamazonas y El Comercio, los innumerables saqueos a tiendas comerciales y daños a la propiedad privada, así como la aglutinada presencia de miembros de bandas criminales en las supuestas pacíficas manifestaciones, no son hechos aislados, sino que, por el contrario, responden a un plan previamente estructurado, liderado y financiado por actores internos y externos del país. Lo preocupante de esto es que una vez más el servicio de inteligencia del estado no tuvo la capacidad de descifrar oportunamente lo que se había planificado desde la subversión.

Sun Tzu claramente sostenía, lo que realmente marca la diferencia en un conflicto es la previsión o el saber algo de antemano, y continúa, la previsión no la conceden ni los espíritus, ni los dioses, ni procede de las analogías con acontecimientos del pasado, ni de los cálculos y meditaciones. Esta previsión nace de los hombres que conocen la situación del enemigo. Bajo esta premisa, parecería que la escalada de violencia perpetrada por los insurgentes nunca estuvo en el análisis de la inteligencia ecuatoriana, lo cual, además de evidenciar una desconexión entre la inteligencia y el proceso de toma de decisiones del Estado, pone de manifiesto la defectuosa comprensión del ambiente estratégico en el que se inserta la realidad el país. Esto produjo mayores dificultades en la respuesta del estado a través de sus instituciones porque existía desconocimiento sobre cuales eran las verdaderas motivaciones e intereses que se escondían tras el reclamo social.

Se pueden plantear tres hipótesis que se relacionan entre sí sobre el por qué se anuló el trabajo de la inteligencia del estado, dejándolo desprovisto de insumos para la correcta toma de decisiones y bajo la oscura nube de la incertidumbre. Primero, existe una incuestionable desinstitucionalización de la inteligencia ocasionada desde los inicios del correato. Ese fundamentalismo ideológico basado en la doctrina del socialismo SXXI significó para nuestro país un retroceso en sus niveles de democracia, limitación de libertades fundamentales y vulneración de derechos políticos y civiles, en el que se desvirtuó el papel de las instituciones estatales poniéndolas al servicio de intereses partidistas. En este contexto, la inteligencia pasó a ser usada como un aparato de persecución política para los críticos de los abusos de autoridad y de la permisividad de ese gobierno sobre la escalofriante corrupción que lo caracterizó.

Segundo, la falta de un cuerpo de analistas y expertos sobre la cuestión de la inteligencia en todos los niveles de conducción ha dificultado la concepción de un sistema eficiente que permita disminuir la incertidumbre sobre lo que se planifica evitando la discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones. Desde que la inteligencia pasó a la conducción civil en el 2008, no se ha logrado establecer una institucionalidad eficiente que permita adoptar una política de inteligencia clara, concreta y precisa, que sea capaz de direccionar un camino a seguir en términos exclusivamente estatales. El desconocimiento y el servilismo de las autoridades de la inteligencia en épocas correistas, ahora se transforman en incapacidad de cumplir con las responsabilidades legales encomendadas a la inteligencia.

Por último, pero posiblemente el factor que mayor afectación ha causado a la inteligencia del estado y que dificultó la previsión del intento desestabilizador fue la tímida decisión por parte de las autoridades gubernamentales de separar de las instituciones del sector seguridad a servidores públicos -si se los puede llamar así- que respondían plenamente a la política correista autoritaria. Viceministros, asesores y directores que mantienen sus posiciones privilegiada en cuanto a información pudieron ser el engranaje ideal en el cual se conectaba perfectamente, por un lado, el engaño desde los planeadores subversivos hacia la inteligencia del estado, y en contravía, el espionaje sobre las acciones del Estado a favor de los subversivos. Aunque la probabilidad de ocurrencia de esta hipótesis haya sido mínima, el efecto que pudo haber producido es decisivo porque anula la capacidad de previsión del estado, por tanto, la contrainteligencia tiene una tarea incompleta en ese aspecto.

Ante esto, el desafío queda planteado, el Centro de Inteligencia Estratégica debería ser el principal instrumento de obtención, análisis, difusión y evaluación de inteligencia para el estado en función de proteger y mantener los intereses y objetivos nacionales ante potenciales amenazas y riesgos que pudieran poner en peligro su estabilidad y supervivencia. Por lo que, el proceso de profesionalización de la inteligencia en nuestro país se encuentra aún pendiente y necesita de la voluntad política para llegar a su consolidación.

Ahora, una vez superada la conspiración queda en manos de las Fuerzas Armadas recuperar el orden y la seguridad pública en cumplimiento del estado de excepción y propiciar niveles de seguridad aceptables para el restablecimiento de todos los demás ámbitos del estado. Es digno de elogio la madurez democrática demostrada por la institución militar que se constituye como una conducta ejemplarizante para actores pseudo demócratas que pretendan el poder por la fuerza. Asimismo, es imperativo entablar el diálogo y consenso con el movimiento indígena, quienes merecen bienestar, paz, tranquilidad y respeto, por fuera de cálculos y engaños políticos.