La declaratoria de “guerra contra el terrorismo” por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, no fue una decisión de último momento. Al contrario, responde a una plan de Fuerzas Armadas puesto en marcha desde mediados del 2022. La asistencia de Israel fue crucial y la cooperación con las agencias federales de EE.UU. (DEA e INL), complementaria.

No es una coincidencia que el sábado 29 de abril, el Ministro de Defensa, Luis Lara, presentara públicamente, en Esmeraldas, el primer cargamento de armas y municiones provenientes de Israel. Se trata de 5.765 fusiles de asalto Arad, calibre 5.56 y el Remington Galil francotirador. El fusil subcompacto Tavox95 y la ametralladora Negev 5.56 https://bit.ly/3njZSAc.

Tampoco es coincidencia que el 8 de mayo llegaran al país 14 millones de municiones con las que se entrenará a grupos tácticos de la Policía Nacional en técnicas de combate cerrado https://bit.ly/3AJirRj.

La adquisición de este equipo de asalto para combate urbano se concretó en noviembre del 2022. Por entonces, diario La Hora reportó que “con el apoyo de Israel, el Ejército implementará una unidad de caballería mecanizada…, compuesta por vehículos blindados …para evitar daños por las explosiones de minas que la narcoguerrilla siembra en la frontera. También patrullarán el litoral… Para las unidades especiales del Ejército se adquirieron 5.700 kits de asalto (fusiles de asalto, chalecos, comunicaciones, cascos y protección)” https://bit.ly/3nmRHTJ.

El primer acercamiento con la industria militar israelí, durante el gobierno de Lasso, fue en marzo del 2022. La ESPE —Universidad de las Fuerzas Armadas— fue sede del seminario sobre “inteligencia en el campo de batalla y el combate al crimen organizado”. En este evento participaron: el Ministro de Defensa de entonces, Luis Hernández; el embajador de Israel, Zeev Harel, y una delegación de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Israel. Además de los representantes de varias empresas de seguridad militar israelí. "El Gobierno de Israel nos va a ayudar a luchar contra la amenaza que se vuelve cada vez más grande, que es el crimen organizado", dijo el Ministro Hernández https://bit.ly/3LKk33u.

Dos meses más tarde, en mayo del 2022, el Gobierno ecuatoriano realizó una visita oficial a Israel. En la comitiva estaba Fausto Cobo, actual director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, CIES, y probablemente el más entusiasta promotor de los intereses de Israel en Ecuador.

Desde entonces, al menos dos delegaciones de asesores de seguridad israelí visitaron Ecuador para diagnosticar las necesidades, particularmente en Guayaquil. La cita clave fue el 7 de noviembre de 2022, cuando una delegación oficial se reunió con los ministros Juan Zapata y Luis Lara para definir el cronograma de entrega https://bit.ly/420vzha. Las adquisiciones por un monto que bordea los 700 millones de dólares comprenden compra de armamento, municiones, tecnología y asesoría.

El 7 de diciembre de 2022, el presidente Lasso dejó en manos de la Asamblea el proyecto de enmienda constitucional para autorizar la participación de FF.AA. en la seguridad interna. En marzo pasó el primer debate.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional estaba en marcha la aprobación del proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos legales sobre seguridad integral, propuesto por iniciativa del Ejecutivo. Esto se concretó el 5 de enero de 2023. Con 117 votos de todos los bloques parlamentarios se aprobó la ley, en segundo y definitivo debate.

Así se incorporaron tres reformas claves para fortalecer la capacidad punitiva en la “guerra contra el terrorismo”. La reforma al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluye una definición amplísima de “colaborador de la delincuencia organizada”. La ampliación de la pena por el delito de terrorismo (artículo 366 del COIP). Y la habilitación del ciberespionaje para investigaciones sin autorización judicial (art. 67 y siguientes de la Ley reformatoria).

Todo indica que la declaratoria de “guerra contra el terrorismo” siempre fue la brújula estratégica del Gobierno y su frente de seguridad.

Siendo así, cabe preguntar: ¿Cuántos de los “actos terroristas” que han ocurrido los últimos meses fueron realmente perpetrados por grupos criminales? ¿Cuántos de esos “actos de terror” forman parte de un conjunto de operaciones psicológicas realizadas para aclimatar a la sociedad y lograr su apoyo en una “guerra contra el terrorismo”? ¿Entre los sobres-bomba enviados a varios medios de alcance nacional –el 20 de marzo de 2023– y la tortura y posterior asesinado de Rubén Chérrez – el 31 de marzo de 2023–, qué acto de terror recibió más atención mediática?

La resolución del COSEPE, del pasado 27 de abril, transforma la naturaleza del conflicto, convirtiéndolo en un problema de defensa nacional. En consecuencia, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume la conducción de las operaciones militares y la Policía Nacional se convierte en fuerza auxiliar. Según lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional.

Históricamente, han existido dos modelos dominantes para pensar el contraterrorismo: el modelo de justicia penal y el modelo militar. Ecuador está optando por el segundo, haciendo caso omiso de las vulnerabilidades endógenas, tanto en la administración de justicia como en la Policía y las FF.AA. Se parte de una premisa falsa: que las fuerzas de seguridad no están contaminadas por el crimen organizado. Es sabido que ninguna estrategia militar puede ser exitosa si las premisas de partida son inconsistentes.

En la “guerra contra el terrorismo” la inteligencia se vuelve central. Pero la información ya no se recopila con fines probatorios para el enjuiciamiento penal, sino con fines de guerra: para neutralizar y eliminar la amenaza. El miedo a los falsos negativos (no detectar una amenaza) conduce a ampliar la red de vigilancia vulnerando los derechos ciudadanos y facilitando el abuso militar y policial. Y el miedo al fracaso (no derrotar la amenaza) conduce a los falsos positivos: victimizando a inocentes.

El entusiasmo militar por emular las operaciones contraterroristas de Israel en Ecuador puede hacernos perder las proporciones. Ni los drones, ni los software espías, ni los fusiles y ametralladoras de última generación pueden sustituir la sensatez y sesibilidad moral que se requiere para contrarrestar los efectos de la grave criminalidad.

“La política contraterrorista israelí se basa en el supuesto de que el terrorismo no puede ser suprimido completamente, solo minimizado y reducido al nivel que pueda ser tolerable para la sociedad Israelí”, lo explica Charles D. Freilich –en su libro titulado Israeli National Security. A new Strategy for An Era of Change (2018)–. Por tanto, se justifica la guerra permanente contra sus amenzas que actualmente son Irán, Hezbollah y Hamas.

¿Quién va a decidir si la “amenaza terrorista” ha sido derrotada o no en Ecuador? ¿Hay un horizonte de tiempo en esta nueva estrategia guerrerista? ¿O tendremos que aceptar, como en Israel, que las “batallas” sean indefinidas?

La expansión sin límite del poder coercitivo del Estado israelí ha socavado su democracia. Hace rato que sus operaciones de contraterrorismo se convirtieron en terrorismo de Estado. Hoy son especialistas en el asesinato político de los opositores y adversarios. Su gobierno ha reeditado un apartheid mientras promueve la expansión de las colonias sobre territorios palestinos. ¿Este debe ser nuestro socio y referente en “seguridad”?

El 11 de junio del 2021, en la ceremonia de cambio de mando, el Gral. Luis Lara [hoy Ministro de Defensa], en su discurso de orden manifestó: “la insurgencia interna es, señor presidente —dirigiéndose a Guillermo Lasso—, una de las mayores amenazas para la integridad de la nación, los sucesos de 2019 en Ecuador y las recientes asonadas de Colombia y Chile así lo confirman” https://bit.ly/3AKQDMv. Luego, tras las protestas de junio de 2022, ya como Ministro de Defensa, no dudó en atribuirle autoría criminal a las movilizaciones del movimiento indígena, vinculándolas con el narco.

Con estas ideas en mente no es difícil que la “guerra contra el terrorismo” se convierta en terrorismo de Estado para neutralizar definitivamente la resistencia del movimiento indígena y campesino ante la expansión de la frontera minera, petrolera y el agronegocio; mientras las redes de crimen organizado siguen gozando de protección estatal.