Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, encargada de tratar las reformas a la LOC, frente a la revelación de que el artículo cinco de dicha ley —en el cual se establecía que la comunicación es un servicio público— no fue modificado tal como se aprobó en la Comisión, y creyó aprobar el pleno de la Asamblea, dijo estar sorprendido. Como sorprendidos estamos todos, pues el mismo asambleísta, el 18 de diciembre pasado, refiriéndose al informe de la Comisión sobre este artículo, afirmó: “Se establece de manera imperativa que la comunicación debe ser un derecho más no un servicio” (Ecuavisa).

Frente a lo sucedido, el asambleísta dio tres versiones. Según la primera, se trató de una omisión involuntaria, que, en todo caso, mantiene el “espíritu de la ley”, es decir, que la comunicación no es un servicio, sino un derecho. De acuerdo con la segunda, entre los proyectos de reforma presentados, ninguno planteaba la modificación del artículo cinco y, de acuerdo con la tercera, el problema obedeció a su decisión personal de acoger la propuesta de la asambleísta de AP, Karina Arteaga, de mantener el artículo cinco sin ninguna modificación.

Las contradicciones que hay en las distintas declaraciones de Corozo muestran que el asambleísta mintió a todo el país y engañó a sus propios colegas haciéndoles creer que habían aprobado algo que, gracias a su intervención de última hora, en realidad no aprobaron. Pero su decisión tiene otras implicaciones. Al incluir un cambio que va a contramarcha de lo decidido por la Asamblea, Jorge Corozo mostró que prácticas recurrentes del régimen anterior como el irrespeto a la palabra dada, la imposición del punto de vista personal sobre los acuerdos colectivos, el desprecio a la inteligencia de los demás, el cinismo y la mentira, siguen vigentes. Ochoa, falsificando la norma para mejor perseguir a los medios de comunicación es el antecedente más ilustre de la actuación de Corozo.

El inducir a error a un juez es un delito. ¿Lo es, también, el inducir a error a quienes elaboran una ley; es decir, el marco para la convivencia ciudadana y para las relaciones de esta con la autoridad?

La actuación de Corozo es, abiertamente, antiética y, quizá, delictuosa. ¿Es admisible, entonces, que alguien que mintió, indujo a error a sus colegas, y rompió el acuerdo colectivo, siga ocupando su cargo de legislador? Él sabía, sin ninguna duda, que la propuesta de la asambleísta Arteaga era inadmisible, y lo era por la sencilla razón de que iba en contra de lo que el pleno de la Asamblea ya había sancionado. Esto no le importó, sin embargo, y mantuvo el discutido artículo cinco tal y como lo formuló el “correísmo”, desconociendo, además, que había sido declarado inconstitucional por el organismo competente.

Uno de los factores que lleva a la ruina a los autoritarismos y sus sostenedores es la ceguera y la pérdida del sentido de la realidad que padecen. La artimaña de Arteaga y Corozo estaba destinada al fracaso. No obstante, la llevaron a cabo. ¿Exceso de confianza? ¿Ganas de molestar? ¿Prepotencia? ¿Expresión de la opinión verdadera de Corozo? ¿Mensaje cifrado a Moreno y los suyos?