A los jóvenes sí les interesa la política. Es más, buscan involucrarse activamente en ella a través del pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. En este sentido, el voto facultativo es el primer acercamiento de la juventud hacia la participación política y el quehacer responsable de la cosa pública. Lo cual es un hecho importante, pues se rompen barreras de exclusión etarias y falsos estereotipos que asocian a los jóvenes de 16 a 17 años con una inmadurez casi generalizada. Pero también es la oportunidad para reconocerse a sí mismos como ciudadanos (en todo su estatus) con capacidad para incidir con su voto en la agenda política del país y, por ende, en la toma de decisiones.

Esta ampliación de la ciudadanía por medio del sufragio es significativa. Según datos oficiales del órgano electoral, desde el año 2009 hasta el 2019, cerca del 61% de jóvenes con voto facultativo en todo el país acudió a las urnas en los seis procesos electorales que se llevaron a cabo durante ese periodo: tres elecciones generales (2009, 2013 y 2017); dos elecciones seccionales (2014 y 2019); y una consulta popular (2018). La mayor participación electoral de jóvenes de 16 a 17 años, se registró en el balotaje presidencial de 2017, pues el 78,4% de jóvenes (530.019 de un total de 676.147) ejerció su derecho al voto. Mientras que la elección con menor porcentaje de participación de este grupo etario fue la del 2018, en ella solo el 60,9% de electores (407.594 de un total de 669.348) sufragó.

Pese a que hasta el momento no se conocen los resultados que arrojó el último proceso electoral de 2021 en cuanto a la participación de los 633.044  jóvenes con voto facultativo y la incidencia que pudo o no tener la pandemia en el comportamiento de este electorado. Los resultados de los procesos anteriores revelan que los jóvenes se legitiman como ciudadanos por intermedio del ejercicio electoral y, en consecuencia, que sí les interesa la política y sobre todo la democracia.

Esta destacada participación electoral no se ve correspondida con la aplicación eficiente de la cuota del 25% de jóvenes de 18 a 29 años en la conformación de las listas para las elecciones pluripersonales. De hecho, el mismo Código de la Democracia (reformado en 2020) y las organizaciones políticas tienden a cosificar e instrumentalizar la participación activa de la juventud en el quehacer político y electoral. Uno de los inconvenientes es el vacío que existe en la norma, pues no deja claro si ese 25% de jóvenes deben integrar las listas como candidatos principales o suplentes, situación con la que jugaron los partidos y movimientos políticos para cumplir con la ley, a costa de enviar a los jóvenes a las suplencias.

El último proceso electoral de 2021 da cuenta de ello. De un total de 2.247 candidatos entre asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos (incluido el binomio presidencial), tan solo el 21,5% estuvo integrado por jóvenes de 18 a 29 años que participaron como candidatos principales. Este porcentaje se incrementó casi al doble (41.3%) para los candidatos suplentes a las dignidades citadas. Cabe preguntarse. ¿Qué tipo de inclusión y participación política es la que promueve el Estado con los jóvenes? ¿Una participación meramente cuantitativa? Si bien es cierto, existe un incremento en el porcentaje de jóvenes que integraron las listas para las elecciones pluripersonales de 2021 con relación a las del 2017 (13,73% fueron candidatos principales y el 23,97% suplentes), la tendencia es siempre a favor de que estos ocupen un rol secundario.

Lo expuesto arroja otras inquietudes. ¿Hasta qué punto la cuota del 25% de jóvenes en la conformación de las listas para elecciones pluripersonales logró cumplir con las expectativas de los colectivos juveniles y de la sociedad civil que la promovieron? Si la aplicación de esta cuota no cumplió con las expectativas de quienes la impulsaron ¿se podría hablar de un perjuicio a los jóvenes en la reforma al Código de la Democracia de 2020? Por otra parte. ¿En qué medida es posible cualificar la eficiencia de los nuevos cuadros políticos en la administración de la cosa pública, si los propios partidos relegan a la juventud y la utilizan como figura de relleno en la conformación de las listas?

Urge una reforma e incluso la formulación de un nuevo Código de la Democracia que depure estas y otras anomalías, y libere de trampas la aplicación de la legislación electoral. Por ejemplo, al llenar el vacío que tiene la ley en la cuota del 25% con la delimitación explícita del porcentaje de jóvenes que deberán participar como candidatos principales y suplentes en las listas de las distintas elecciones pluripersonales (13% para candidatos principales y 12% para suplentes). Esto impedirá que los caudillos (hombres y mujeres) de las organizaciones políticas sigan subutilizando a los jóvenes con candidaturas suplentes. Lo cual se debe complementar con el requisito de una militancia comprobada en los partidos y movimientos —posiblemente no menor a dos años— para que estas nuevas figuras, forjadas en las canteras y escuelas de formación política de cada organización, lleguen con mérito propio a disputar su presencia en las listas electorales y no por parentesco, amistad, condición económica o incluso por ser émulos de sus máximos dirigentes.

Finalmente, la democracia interna de los partidos y movimientos tiene que ser repensada y junto con ella, la presencia de los jóvenes al interior de las organizaciones políticas. No puede continuar el viejo esquema en el que se agrupa a los jóvenes como núcleo para que estos traten únicamente temas relacionados a nuevas reivindicaciones, por ejemplo, los problemas medioambientales, del ecosistema, las nuevas tecnologías y demás, porque esto puede ser una forma moderna de estereotipar a la juventud para que hable de unos temas y no de otros. Un verdadero ejercicio de la democracia interna haría que la presencia de los jóvenes permee dentro de todos los espacios directivos de las organizaciones políticas con puestos de incidencia y en igualdad de condiciones.

El tiempo apremia para cumplir con las tareas pendientes que demanda una democracia moderna con mínimos de calidad. ¿Será que hay voluntad política para hacer los cambios necesarios?