La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de fondo emitida con fecha 23 de agosto del año 2013, establece la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la defenestración de 27 magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, a través de una resolución interpretativa realizada por  una mayoría del ex Congreso Nacional de fecha 8 de diciembre de 2008. En aquella época esta agrupación política también “combatía” a la derecha del Ecuador que encabezaba el ex presidente de la República, León Febres  Cordero.

Esta bandería partidista estuvo conformada por los padres y madres de la Patria que pertenecían a los sectores políticos: Sociedad Patriótica, Socialistas, Movimiento Popular Democrático; y, Prian, quienes a través de una resolución interpretativa de la Constitución de 1998 declararon terminados los períodos y procedieron a reemplazarlos por jueces y juezas de una lista, que previamente fue consensuada, sin ningún mérito y oposición, sino solamente por afinidad al grupo gobernante y como siempre a  la “lealtad” al gobierno de turno.

Dos años antes se gestaba la asociación de Jueces para la Democracia, capítulo Ecuador, integrado por servidores y servidoras judiciales que en su mayor parte habrían cursado sus estudios en calidad de becarios en la Escuela Judicial de España, donde por medio del ex juez español de vigilancia penitenciaria, Antonio Doñate Martín, docente de este centro de capacitación europea fuimos cooptados para generar y promover el asocianismo judicial en American Latina.

Este movimiento judicial a nivel internacional, pero sobre todo en España y Portugal, se conformó por una necesidad vital de defender la Democracia desde los estratos jurisdiccionales,  compromiso de promoción de derechos Humanos y una lucha incesante en contra de tiranías y regímenes fascistas. En pocas palabras, una militancia dirigida hacia la dignidad de la persona desde la trinchera de los juzgados.

Estos colectivos, tanto en el franquismo en España como en la “Revolución de los claveles” en Portugal, tuvieron un papel de resistencia frente a los abusos; siendo entre estos muy pocos aquellos que a través de sentencias judiciales enfrentaban al poder abusivo y mortal.

En Latinoamérica igualmente se fomentaron estas iniciativas asociativas, en plena dictadura de Alberto Fujimori, como fue el caso conocido como “Barrios Altos”, en el cual,  la jueza Antonia Saquicuray tuvo la valentía de no aceptar las leyes de amnistía a favor de las fuerzas militares que estuvieron implicadas en este asesinato colectivo.

Precisamente en los años 2002, 2003 y 2004 se consolida la “Asociación de Jueces para la Democracia” capítulo Ecuador, con pocos jueces y juezas, quienes debían pasar un examen riguroso previo a ser aceptados como socios; en esa época sosteníamos que teníamos que convertirnos en la “reserva moral” de la Judicatura.

Este colectivo fue el primero en invitar a nivel judicial al magistrado Baltasar Garzón Real, para que apoyara  una cruzada por la libertad de expresión de jueces, que no podíamos expresarnos ni antes ni después de sus resoluciones, peor aún por las violaciones a las leyes y las inconstitucionales provenientes de las Funciones del Estado.

La resolución del 8 de diciembre del 2004, cuando se rompe el orden constituido, la facción judicial tuvo un quiebre no muy difundido, ya que la Federación Nacional de Judiciales, con Luis Muñoz Pasquel a la cabeza, apoyaba a la denominada “Pichi Corte” mientras que “Jueces para la Democracia” respaldaba a los magistrados elegidos constitucionalmente, encabezados por el doctor Hugo Quintana . El problema fue mayor, por cuanto estos grupos pertenecían a un mismo sector de judiciales, así como servidores judiciales de la Federación de Judiciales se encontraban como magistrados de la denominada “Pichi Corte”.

De forma inmediata y por los nexos que se había logrado en Europa y América Latina, se enviaron comunicaciones dando a conocer sobre el ataque a la Democracia, pero nuestro horizonte se dirigió a buscar respuestas de la Organización de Naciones Unidas, a través del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

En aquella época dirigía esta Relatoría el argentino Leandro Despouy, con quien la filial hermana MEDEL de Europa y Jueces para la Democracia España y Argentina, tenían una relación fraterna. Fueron estas asociaciones quienes gestionaron para que el Relator demostrara su interés en venir al Ecuador para que pudiera realizar el informe respectivo sobre la situación judicial de nuestro país.

Además,  tuvimos que viajar a Porto Alegre, Brasil, donde se desarrollaba un seminario de “Independencia Judicial en Latinoamérica”, evento que sirvió para apuntalar aún más la denuncia de este ataque a los jueces y sobre todo a la Democracia.

La presión al presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, fue extrema ya que inicialmente no existía posibilidad de la invitación oficial del Relator a nuestro país, situación que impedía conocer de cerca los hechos consumados. Sin embargo, el Estado aceptó y al fin arribó Leandro Despouy; fue él quien realizó el primer informe sobre nuestro país, el mismo que se difundió a escala mundial, así como también sirvió de base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente expedida y que ahora es noticia por el ejercicio del derecho de repetición.

Mientras las organizaciones de derechos Humanos, ONG, los denominados Forajidos hacían fila para entrevistarse con Despouy, Jueces para la Democracia coordinaba acciones tendientes a demostrar las afectaciones a la independencia judicial en el Ecuador.

Ese fue el inicio de un desconocimiento a regímenes de facto que se apoderaron de la Función Judicial y Tribunal Constitucional, para sus objetivos mezquinos, siempre en nombre del combate a la derecha y de los poderosos.

Ese fue uno de los últimos actos  comprometidos con la defensa de la Democracia y división de poderes, experiencia que en la actualidad ni siquiera se menciona o se intenta ejercerlo como un derecho de asociación, y que está lejos de realizarlo, por cuanto ni se cuenta con estabilidad, tampoco con carrera o peor aún con la libertad de expresión de los servidores judiciales.

Solamente aparecen en fotos dirigentes que están de lado del Poder, sin reacción ni crítica y como grupo que grita en la Plaza de la Independencia a favor de los presidentes Maduro y Correa.

Un homenaje a  Antonio Doñate, Miguel G, Miguel A, Miguel T, María Patlova G, Pablo V, Iván G, Edgar F, Fernando G, Girard V,  Luis Alberto G, y otros, quienes forjados en el compromiso judicial lucharon ante los abusos de quienes en su momento, “metieron las manos en la justicia” y que en represalia, les iniciaron juicios penales, administrativos disciplinarios, desconocieron sus derechos como judiciales, y otros decidimos salir de una Función, que no garantizaba nada, solo convertirse en el eco de la Función Ejecutiva, que como dicen los “revolucionarios” es el “jefe” de todas las Funciones.