Curarse en salud es una expresión que denota la decisión de anticiparse preventivamente a los acontecimientos. En el mundo de la política, esta anticipación suele ser más bien oportunista, cuando no abiertamente dolosa, como crear los resguardos jurídicos para una futura quiebra fraudulenta y planificado del sistema financiero. De eso ya tuvimos una amarga experiencia en el Ecuador.

La expresión, pese a su amplitud y versatilidad, se vuelve inoportuna cuando de por medio está en juego la vida de mucha gente. Esta posibilidad trasciende la lógica de las contingencias y entra en el terreno de los efectos indeseados de ciertas decisiones extremas. Por ejemplo, las guerras, que son la manifestación más ilustrativa de la extralimitación de la política: frente a la posibilidad de que se produzcan excesos de brutalidad y violencia, los Estados establecen límites legales a los actos implícitos en una conflagración: se puede dispar a un soldado enemigo, pero no se puede ajusticiar a los prisioneros.

La idea de regular los actos bélicos implica, en la práctica, el reconocimiento de la incapacidad de la política para resolver los conflictos por medios pacíficos; es la aceptación de que el desbordamiento de las contradicciones sociales puede terminar en situaciones violentas. No se busca prevenir la confrontación, sino prevenir sus abusos.

El acuerdo ministerial 179, que acaba de expedir el ministro de Defensa Nacional, ingresa peligrosamente en el ámbito de la militarización de los conflictos sociales. Pasa del campo de la política al de la guerra interna. Se anticipa a lo que, desde la visión del poder y del control de la sociedad, implicaría el enfrentamiento de un enemigo del Estado.

En el mundo militar, la construcción de escenarios es un recurso fundamental –y hasta ahora irremplazable– de la planificación. En principio, los escenarios son elaborados a partir de información verificable y de predicciones objetivas. Lo que marca la diferencia son las visiones de los responsables de tomar decisiones a partir de esos escenarios. Una línea militar más dura y fundamentalista adoptará respuestas más intransigentes frente a los eventuales conflictos.

El acuerdo ministerial de marras nos planta una interrogante urgente: ¿cuál fue el escenario que elaboró el estamento militar para haber aprobado una norma que prevé la necesidad de utilizar armas letales en las movilizaciones? ¿Existe información verificada sobre potenciales enemigos internos que puedan atentar realmente contra la seguridad interna del Estado, o solamente se están blindando contra el descontento popular? ¿Prevén situaciones explosivas como resultado del inhumano manejo de la crisis y de la indignación ciudadana por la corrupción imperante? ¿Es la guerra interna la única alternativa para combatir la pobreza y la desigualdad social?

El país tiene el derecho a conocer cómo se analizan y procesan los escenarios políticos desde una perspectiva tan delicada como la seguridad nacional. La militarización de los conflictos sociales puede terminar en un colapso de la democracia y en una vulneración sistemática de los derechos humanos.