El único requisito que existe para que la Asamblea Nacional enjuicie políticamente al Presidente de la República es demostrar fáctica y fehacientemente que éste ha cometido un delito “por omisión” de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o peculado.

Mientras la Constitución sostiene lo anterior, para la Comisión Ocasional, creada para investigar el caso denominado “El Gran Padrino”, demostrar el cometimiento de uno de estos delitos se torna un reto casi imposible de cumplir. Justificar la existencia de un “delito de corrupción” y luego determinar la participación del presidente en éste, no es cosa fácil de lograr. Peor todavía si la propia Constitución permite el enjuiciamiento político del Presidente sin dar inicio a un proceso penal, ya que la Asamblea no es la Fiscalía, en donde sí se realiza una investigación probatoria penal, y por consiguiente sí se cuenta con las herramientas y personal capacitado para probar delitos, tales como son pericias técnicas, investigadores, capacidad tecnológica, etc. De allí que esto puede convertirse en un bote salvavidas para Lasso.

Precisamente es aquí cuando se abre una gran oportunidad para el Gobierno del Ecuador de revertir el torrente de oposición que busca su salida, y retomar la iniciativa con cierta parte de la Asamblea con quienes tiene posibilidades de llegar a un acuerdo. Paradójicamente, la solución vendría de la mano, ya no del análisis constitucional o jurídico, ausente por cierto en el informe de la comisión ocasional, sino de la gestión política del Presidente y su gobierno, así como de la capacidad de mostrar eficazmente más obra pública, mejores servicios públicos y en general mejorar sustancialmente su imagen ante la opinión generalizada. Me refiero precisamente a tender puentes directamente con las bancadas socialcristiana, rebeldes de Pachacutik, Izquierda Democrática orgánica, y los dos o tres independientes que aún existen, así como invertir directamente los recursos, mostrando el beneficio macroeconómico en los bolsillos y en las mesas de los ecuatorianos.

Ante la imposibilidad de enjuiciarlo políticamente, incluso eliminando la “traición a la patria” como causal y dejando únicamente las del numeral 2 del artículo 129 (delitos de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, y peculado), y por existir el bloqueo de la muerte cruzada por iniciativa de la Asamblea Nacional, se abre este boquete de oportunidad, que sería en este punto, el más grande que ha tenido el Presidente de la República desde que empezó a caer estrepitosamente en las encuestas por allá en enero 2022 y luego de su rotunda derrota en el Referéndum Constitucional de inicios de febrero.

Sumemos a la ecuación al movimiento indígena, que se muestra paradójicamente más cauto, menos agresivo y más calculador ante la posibilidad de quedar estigmatizado por los habitantes de la urbe. No sería raro que con un poco de ayuda de un gestor de la política adecuado, Leonidas Iza acuerde con el Presidente Lasso mantener las cosas como están, a cambio de una agenda mínima de gobernabilidad que les permita, a los dos, concluir sus sendos mandatos.

La oportunidad política de revertir el caudal opositor va a costar mucho, pero salvaría al Presidente. Requiere de kamikazes políticos, artesanos del acuerdo, inmolaciones discrecionales, constructores de puentes, y varios tarzanes del manejo de crisis. Grandes costos que casi sin dudarlo, serán aceptados por ciudadanía a cambio de una paz que dure hasta el 2025, cuando ya las fuerzas políticas requieran nuevamente retomar sus agendas electorales.

El país no gana nada con un Lasso fuera del poder. Hablar de su salida, sea por la vía que sea, solo “normaliza” este comentario y lo convierte en un escenario posible, por lo que revertir esta narrativa una vez muerto el juicio político, es una oportunidad de oro que podría ser la última.

Todo dependerá, entonces, de la capacidad de maniobra política y de gestión operativa que pueda tener el presidente en este escenario: comunicar esto correctamente a la ciudadanía, sentarse con las fuerzas políticas no beligerantes, y un acuerdo de no agresión con el movimiento indígena. Lasso naufraga políticamente, pero ahora tiene un bote salvavidas.