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1 de Julio del 2020
Ideas
Lectura: 8 minutos
1 de Julio del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Justicia a la medida
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La sesión se instaló el 8 de diciembre con apenas 53 diputados presentes (de un total de 100). Luego de una larga discusión aprobaron una resolución, mocionada por Luis Villacís del MPD, en la que cesaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a sus conjueces, y nombraron a sus reemplazos. Este caso de corrupción nos costó a los ecuatorianos más de 12 millones de dólares, que tuvimos que pagar como indemnización a los magistrados, cesados inconstitucionalmente.

A propósito de las columnas publicadas en semanas anteriores, me ha causado sorpresa leer algunos comentarios en los que se afirma que no se puede hablar de corrupción en casos en los que no están involucrados recursos públicos. Una de las definiciones de corrupción más aceptada internacionalmente es la de Transparencia Internacional, según la cual “consiste en el abuso del poder para beneficio propio”.

Para seguir en la línea de vencer la memoria cortoplacista de muchos ecuatorianos, y debido a que algunos actores mencionados a continuación podrían aparecer en las papeletas de febrero de 2021, esta semana recordaremos cuando a finales de 2004, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron tomarse la justicia.

Lucio Gutiérrez Borbúa llegó a la presidencia el 15 de enero de 2003, luego de vencer en la segunda vuelta electoral a Álvaro Noboa. A los pocos días de asumir el poder, empezaron los cuestionamientos. Medios de comunicación reportaron la existencia de un círculo de familiares en cargos clave, pese a la prohibición constitucional del nepotismo. Su hermana Susana terminó de consejera en la Embajada en Argentina, su hermana Paola de coordinadora en el Banco del Estado, su hermana Janeth en la Secretaría de la Presidencia, su cuñado Napoleón Villa fue designado como presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, para citar algunos casos. Luego vendrían escándalos relacionados con la supuesta desaparición y venta de armas del Ejército a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC; sobreprecios en la compra de insumos para asistir a comunidades por la erupción del volcán Tungurahua y hasta el presunto uso de recursos públicos para promocionar candidatos del partido de gobierno en las elecciones seccionales de 2004.

Estos hechos provocaron que, a inicios de noviembre de 2004, la oposición legislativa (Partido Social Cristiano, Movimiento Popular Democrático, Izquierda Democrática y Movimiento Pachakutik), presente formalmente un pedido de juicio político contra Gutiérrez acusándolo de peculado, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. La reacción desde el Ejecutivo fue inmediata, de la mano de su operador político Carlos Pólit, entre cambios de gabinete y hasta amenazas de encarcelar a Álvaro Noboa por manipular los precios de la harina a través de su monopolio. En tiempo récord, unos días más tarde, Gutiérrez no solo que frenó el juicio político en su contra, sino que logró consolidar una nueva mayoría legislativa junto al PRIAN de Noboa y al PRE de Abdalá Bucaram.

El 23 de noviembre de 2004, Gutiérrez anunció la intención del gobierno de impulsar en el Congreso Nacional, la reorganización del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Dos días más tarde, el 25 de noviembre, se instalaba la sesión en la que la diputada del PRE, María Augusta Rivas, mocionó debatir el cese de los miembros del Tribunal Constitucional por un presunto nombramiento ilegal. La reorganización se aprobó con 55 votos a favor, designando de manera inmediata a los 9 vocales principales y 9 suplentes para un nuevo Tribunal. Pocas horas más tarde, mediante una nueva resolución, el Congreso declaró el cese de los vocales principales y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, bajo una supuesta designación contraria a la Constitución, designando nuevos vocales principales y suplentes.

Las dos nuevas conformaciones, respondían a la nueva mayoría legislativa.

La Presidencia le correspondió del Tribunal Constitucional recayó en Estuardo Gualle Bonilla, representante del Ejecutivo de Gutiérrez. La Presidencia del Tribunal Supremo Electoral recayó en el representante del PRIAN, Wilson Sánchez.

En otra jugada política, antes de seguir con el plan previsto, tan pronto entró en funciones el nuevo Tribunal Constitucional emitió una decisión, en respuesta a una solicitud de Gutiérrez, “para impedir que los jueces de instancia acepten al trámite acciones de amparo constitucional en contra de la Resolución Parlamentaria (…), adoptada por el (…) Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004”.

Pero la parte gruesa del reparto aún estaba pendiente y se debía proceder conforme con lo acordado.

Este caso de corrupción nos costó a los ecuatorianos más de 12 millones de dólares, que tuvimos que pagar como indemnización a los magistrados, cesados inconstitucionalmente. El país aún espera que se ejerza la repetición contra los políticos responsables de este hecho.

El 5 de diciembre de 2004, en plenas fiestas de Quito, Lucio Gutiérrez convocó al Congreso Nacional a sesión extraordinaria con varios puntos, entre los que se encontraba el análisis de una resolución “sobre la situación jurídico constitucional de la Función Judicial”. La sesión se instaló el 8 de diciembre con apenas 53 diputados presentes (de un total de 100). Luego de una larga discusión aprobaron una resolución, mocionada por Luis Villacís del MPD, en la que cesaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a sus conjueces, y nombraron a sus reemplazos.

La Presidencia de la Corte, tras un fugaz paso de Ramón Rodríguez Noboa, terminó en manos de Guillermo Castro Dáger del PRE.

El reparto se completó a inicios de 2005 con el cambio de autoridades en el Congreso. El diputado del PRE Omar Quintana Baquerizo fue electo como su Presidente.

Se produjo así un caso en el que claramente se evidenció el abuso del poder para beneficio propio. Este caso de corrupción nos costó a los ecuatorianos más de 12 millones de dólares, que tuvimos que pagar como indemnización a los magistrados, cesados inconstitucionalmente. El país aún espera que se ejerza la repetición contra los políticos responsables de este hecho.

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Para no olvidar:

Formaron parte del Tribunal Constitucional: Carlos Julio Arosemena y Carlos Soria (PRIAN), Estuardo Gualle Bonilla y Milton Burbano (PSP), Víctor Hugo Sicouret (PRE), Lenin Rosero (MPD), Hernán Rivadeneira (PSE), Genaro Eguiguren (PSC) y René de la Torre (DP).

Formaron parte del Tribunal Supremo Electoral: Wilson Sánchez (PRIAN), Pedro Pablo Gómez (PSC), Ramón Alarcón (DP), Fabián Villarruel (PSP), Giovanni Atarihuana (MPD), Carlos Pardo (PRE) y Jorge Valdospinos (ID).

La nueva Corte Suprema de Justicia quedó integrada por: Guillermo Castro Dáger, Francisco Icaza Garcés, Jorge Fantoni Camba, Luis Alvarado Macías, Rossy Nevárez Rojas, Angelita Albán Llanos, Carlos Pozo Montesdeoca, Luis Fernando Ortiz Bonilla, José García Falconí, Bolívar Vergara Acosta, Bolívar Guerrero Armijos, Ramiro Román Márquez, Ramón Rodríguez Noboa, Armando Bermeo Castillo (quien renunció a la designación y rechazó ser posesionado), Efrén Gavilanes Real, Darwin Muñoz Serrano, Adolfo Cuvi Gaybor, Gonzalo Silva Hernández, Oswaldo Toledo Romo, Gonzalo Proaño Cordones, Norberto Fuertes Vallejo, Luis Cueva Camón, David Saa, Cumandá Altamirano Escobar, Julio Jaramillo Arízaga, Carlos Gerardo Vásquez, Ernesto Velásquez Baquerizo, Gonzalo Muñoz Sánchez, Ángel Garzón Zapata, Efrén De la Torre Terranova, Tito Libio Mendoza Guillem, Gonzalo Guerrero Cazares.

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