El Banco Central del Ecuador ha realizado un último ajuste –a la baja- a las previsiones de crecimiento de la economía local para el año 2021 y el guarismo pasa de 3,1% a 2,8%, lo cual denota que la reactivación económica será moderada, más aún si se toma en cuenta que el decrecimiento del PIB en el 2020 fue del orden del 7,8% lo cual dicho sea de paso se tradujo en el incremento de la pobreza al 32,4%, con lo cual hemos retrocedido al menos dos décadas en esa materia.

Desde luego, se ha dicho que una condición sine qua non para permitir la reactivación de la economía y una normalización de las actividades en general post Covid-19, es la vacunación masiva de la población. Consecuentemente, mientras más se demore el proceso de inmunización, se prolongará asimismo alcanzar el despegue de la economía.

En esto hay que tener presente que, hasta el momento, se ha vacunado un 15,1% de la población en cuanto a la administración de primera y segunda dosis lo cual, y al ritmo de inmunizaciones diarias actuales, se requeriría más allá de 292 días para alcanzar la meta de inmunizar al menos al 70% de la población ecuatoriana. Como vemos, el plan 9/100, es decir, vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días, hasta el momento acusa retrasos, por lo que será necesario redefinir estrategias y asegurar la provisión de vacunas, lo cual no depende exclusivamente de las acciones del gobierno, sino también de la disponibilidad del biológico por parte de las farmacéuticas proveedoras en cuyo aspecto es evidente su injusta distribución debido a la alta concentración o acaparamiento de vacunas por parte de las economías del primer mundo en detrimento de los países en desarrollo.

Y cuando hablamos de equidad y justicia social, necesariamente debemos también reclamar la llamada justicia tributaria ya que la necesidad de recursos para atender las múltiples necesidades derivadas de la emergencia sanitaria y de las crecientes demandas sociales es enorme y, por lo mismo, exige que los grupos o sectores más pudientes de la economía aporten, es decir, tributen efectivamente, en una mayor proporción frente al peso de la crisis. A esto se suma que no se descarte una contribución en función del patrimonio (riqueza).

Basta recoger el estudio efectuado por la CEPAL para conocer que la evasión tributaria en el Ecuador es de al menos el 7,7% del PIB, es decir, alrededor de 7.000 millones de dólares de los cuales el 4,4% corresponde a evasión del impuesto a la renta de empresas; 1,1% de evasión del impuesto a la renta de personas naturales y el 2,2% final a la evasión en el pago del IVA.

Desde esa consideración, no cabe, entonces, lo que propone el FMI con aquello de incrementar el IVA en 3 puntos porcentuales. No es momento de subir impuestos. Todo lo contrario, con una demanda agregada contraída lo que la teoría sugiere es reducir impuestos para estimular el consumo de las familias; reducir las tasas de interés para incentivar las inversiones; sostener el gasto público y dinamizar el sector externo de la economía.

No se puede seguir cargando el peso de la crisis en los hombros de una clase económica media y baja pauperizadas. Hablemos de mejorar la recaudación. Es momento de actuar buscando la justicia social por lo que no podemos dejar a un lado la sensatez y hasta el sentido común.

@giovannicarrion