Entre algunas de las cosas en que coinciden los asambleístas correístas y los de Pachakutik es que les molesta que el periodismo denuncie públicamente sus trafasías por las redes sociales y por los portales web, pero no les estorba el cada vez más turbio y agrio ambiente parlamentario donde no hay día que estalle un escándalo.

¿Por qué les molesta a los correístas? Es una buena pregunta, con una mejor respuesta: porque en el caso de los representantes legislativos de este movimiento quedó flotando en el ambiente que algunos de ellos, como los asambleístas de otros partidos, sabían lo de las travesuras de su colega Bella Jiménez, de Izquierda Democrática, pero se debatían entre denunciarlo públicamente o quedarse callados si nadie más lo ponía en evidencia pública.

Pero, además, les incomoda el trabajo de los periodistas, en especial los digitales, porque estos no temen a la verdad y la exponen con calidad, con argumentos, con cifras, con datos, y eso al flamante movimiento presidido ahora por la exlegisladora Marcela Aguinaga, le desprestigia más, luego de la serie de actos bochornosos que la justicia ha podido establecer contra los principales líderes de su agrupación cuando esta gobernaba desde Carondelet y controlaba, desde el mismo palacio de Gobierno, las demás funciones y entidades del Estado.

¿Por qué les molesta a los legisladores de Pachakutik? Porque empieza a regarse en este bloque la idea de que hay corrupción por donde se lo mire y que a su presidenta, Guadalupe Llori, le está quedando muy grande el cargo. Y esto, claro, debilita la imagen del movimiento y sus líderes, así como está debilitándose Izquierda Democrática por el caso de su diputada Bella Jiménez.

Veamos si no: las denuncias del legislador Fernando Villavicencio contra Llori, por su intento de comprar seis automóviles de alta gama (¿para sentirse más presidenta que nunca?), contra Rosa Cerda (¿por sus clases de cómo robar sin que nadie se dé cuenta?) y contra Ricardo Vanegas (¿por ser accionista de una oscura y torcida empresa privada que presta servicios al Estado?).

Lo patético de todo esto es que los acusados no se sienten responsables por los hechos de corrupción de los que se les acusa, sino que les enfurece que el país conozca las denuncias antes de que ellos lo difundan, como dijeron los correístas en una rueda de prensa en la que, con un descaro digno de mejores causas, dijeron que los periodistas solamente deberían informar los hechos que ocurren en el recinto parlamentario luego de que los asambleístas hagan las denuncias (¿).

Llori, que parece no dar pie con bola al frente de la máxima entidad parlamentaria del país (insólitamente, es una de las parlamentarias que menos asiste a las votaciones y que acude poco a las sesiones) votó en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) contra Fernando Villavicencio, al igual que lo hizo la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, imputada por tejer una red de diezmos a cambio de empleos en la Asamblea y en el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones.

El lugar común calza aquí, perfecto: los pájaros contra las escopetas. Un asambleísta denuncia y cuando se votó en el CAL qué hacer con él por sus investigaciones, ni Llori ni Jiménez tuvieron la delicadeza de excusarse para no votar.

Su burda actitud llegó al colmo de que las dos denunciadas por Villavicencio, como era obvio, votaron a favor de que la Asamblea debata cómo castigar a este parlamentario.

Pero la cereza en el pastel la puso Ricardo Vanegas Cortázar, del movimiento Pachakutik. Según dijo, está preocupado por la difusión de los chats en Whatsapp.

El asambleísta Vanegas pidió a la fiscal Diana Salazar que inicie una investigación penal para determinar si existen personas o grupo de personas dedicadas a interceptar las llamadas y los chats de los 137 asambleístas sin que haya orden judicial.

Según publicó diario El Universo, La preocupación del legislador se deriva porque en “redes sociales se difunden audios y chats de teléfonos que han sido intervenidos”, en referencia a las capturas de mensajes publicados en los portales web de investigación, que involucran a legisladores en la gestión de cargos públicos.

En una carta enviada este 27 de agosto a la fiscalía general del Estado, el representante de Pachakutik dice que ha solicitado que desde el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) se le informe si los teléfonos celulares de los 137 asambleístas que integran la Asamblea están siendo intervenidos “y, de ser ese el caso, con qué autorización judicial se procedió a interceptar llamadas y capturas de pantallas”.

Vanegas, según el rotativo, “advierte que de no existir una orden judicial, esa acción podría adecuarse a lo que disponen los artículos 178, 180 y 230 del Código Integral Penal (COIP), relacionados con penas privativas de la libertad por la intercepción de teléfonos sin orden judicial previa. Afirma, además, que esas acciones de publicar chats se enfocan en desestabilizar las labores de la Asamblea Nacional”.

¿En serio cree eso el experimentado doctor en Jurisprudencia y Derecho? Me niego a creerlo, porque más lo percibo como una amenaza velada a los periodistas de investigación. Al verse acorralados por las denuncias, no encuentran otra manera de que los hechos ilícitos queden impunes y en lugar de evitar la utilización de los chats para sus oscuros fines e intereses buscan que nadie escuche sus cosas oscuras.

Cuando los ciudadanos decidieron votar por los nuevos legisladores, lo hicieron con la convicción de que terminarían los oscuros días de la presidencia de César Litardo, un gobiernista solapado que hasta el 14 de mayo de este año presidió una Asamblea que terminó en el dos por ciento (sí, dos por ciento) de credibilidad.

Pocos ecuatorianos se habrán imaginado que era posible que el prestigio y la reputación de la función más importante del Estado pudiera caer más bajo, pero cuando la nueva conformación de la entidad recién cumple los 100 días, es evidente que estamos bajo el signo de una nueva estructura política con peores defectos de la anterior.

¿Qué deberían hacer Llori, el CAL y los legisladores? Poner todas las cartas sobre la mesa y confesar todo lo que hacen por debajo de las funciones, para las cuales la gente los eligió. Y renunciar e irse. Pero, es lógico, no lo harán. Buscarán cualquier manera de blindarse para evitar marcharse o que se los investigue y sancione.

Cierto es que hay redes sociales contaminadas de odio y de calumnias, pero la mejor manera de evitar ser víctima de ellas no es pidiendo que se investigue quién está filtrando o quién está espiando, sino transparentando su gestión y dedicándose con pulcritud a la función para la cual se les eligió.

La gran periodista argentina Leila Guerriero dice que detesta las redes sociales “porque son una especie de ágora a momentos muy tóxica (…). Cuando veo algunos comentarios —sobre todo en Twitter, que es una red tan tremendamente agresiva— me pregunto cómo puede la gente sobrevivir a esos 280 caracteres sin abrirse las venas. Me parece una fuente de amargura y de depresión. Yo viviría llorando si me dijeran esas cosas. Sin duda son un gran difusor de odio y de fake news y de mitos y leyendas de toda clase. Están puestas al servicio de eso, de dividir, de que la gente se olvide de discutir lo que importa y discuta de manera personal cosas para no llegar a ningún acuerdo”.

Esto es cierto. Pero si un político no quiere verse manchado y triturado por tuits que repiten con vileza y crueldad lo que los medios digitales de investigación revelan, la solución es dejar a un lado la corrupción, no en solapadas advertencias, como lo han hecho los correístas y los Pachakutik, para atemorizar a quienes, desde sus pequeñas pero valientes trincheras periodístico-ciudadanas, denuncian y exigen un país limpio, un Estado transparente, unos funcionarios públicos sanos que luchen por una democracia limpia, no por un dinero sucio.