Las líneas comunicacionales oficiales para enfrentar las críticas llegaron por chat a los altos funcionarios del gobierno. Estas tienen una carga de autocomplacencia desbordada.

“El Gobierno de Ecuador fue pionero en la región en tomar medidas restrictivas para prevenir la propagación del virus. Por ello se declaró emergencia sanitaria, Estado de Excepción y toque de queda a escala nacional”, dice el primer párrafo del documento de una página. Paradójico cuando solo Guayas tiene más casos que países enteros, como Colombia, Panamá y Paraguay; y dejaron que se efectúen espectáculos deportivos, con más de 35 000 personas a inicios de febrero.

Otra es defender al Comité de Operaciones de Emergencia (COE), ese organismo administrativo del Gobierno, saturado de burocracia, atiborrado de confianza política y carente de solvencia ante la catástrofe. Dice el documento de la Secom: “El COE nacional revisa y evalúa permanentemente las resoluciones expedidas para reducir la propagación del virus. Las medidas tomadas y las nuevas decisiones responden a un único objetivo: proteger a la población y prevenir más contagios”. Esto se traduce en que no importa la realidad. Importa el mantener el costo político de esta crisis abajo. Fin.
El gobierno pide que todos arrimen el hombro, e implícito está la demanda de ausencia de crítica. Eso sí, están permitidas las lisonjas de todos los que quieran.

El COE, es decir el gobierno golpeado en credibilidad, y que no es secreto para las autoridades, es insuficiente para navegar en la crisis. No pueden estar a cargo de temas sensibles, como ofrecer y aclarar las cifras médicas, personajes que saben de banca, definir la entrega de los alimentos para los niños... Es la realidad.

Por eso, es necesaria una válvula de escape en el ámbito político. Porque la crisis no solo es, como sostiene el Gobierno, sanitaria, económica y social. Es también política.

Pasar por las decisiones de la Asamblea Nacional, desprestigiada, fofa y hasta, en algunos casos, sediciosa, es la última opción. Dejar que el bloque dirigido por un prófugo también manipule las riendas del destino del país, es un despropósito.

Los bloques que buscan de verdad que nos acompañe la buena fortuna en el futuro pueden ayudar mediante otro mecanismo.

El apoyo político debe ser condicionado. Los más pragmáticos políticos, dirigentes gremiales, líderes de la sociedad civil organizada, economistas, periodistas, deben participar. No los que solo arriman el hombro al gobierno porque les dicen... No sólo los aplaudidores. Los que siguen las órdenes de la Secom, tal como pasó en el correísmo.

Se requiere de los ecuatorianos, libres y preparados, que puedan dar ideas sensatas, que no lastimen a los más vulnerables, el trabajo y las empresas privadas.

Pasar por encima de la Asamblea es posible.  El Presidente puede convocar, por el desastre nacional, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, más conocido como el Cosepe. Este se enmarca en el articulo 389 de la Constitución que dispone al Estado que proteja a personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo; además, la mitigación de desastres, la recuperación y mantenimiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad.

Además, ya se cumple el requisito máximo para su activación: tiempos de crisis o grave conmoción social. La convivencia, la seguridad de los ciudadanos y del Estado, y el desarrollo del país están comprometidos.

El Cosepe lo integran tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ministros clave (Gobierno, Defensa y Cancillería), FF.AA., Policía, y, además, representantes de entidades de la sociedad, ciudadanos, que Lenín Moreno considere necesario convocar. Allí puede contar con esos apoyos condicionados para sacar adelante al Ecuador soporte político y técnico especializado.

Además, hay un control democrático a las acciones que se realicen. La Justicia, la Contraloría, ponen sus ojos en cada una de las acciones del Cosepe.

El diálogo de tres años no ha funcionado. Los contactos con sus aliados políticos, tampoco. El Ecuador necesita de un desprendimiento inédito, y debe empezar del mismo Presidente.

Hay un punto adicional. El probable aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de febrero del 2021, que es la pesadilla del correísmo. Es que aplazar las elecciones parece irremediable. La pandemia no terminará sino en dos o tres años. Según documentos oficiales de la OMS, este organismo internacional informará al mundo cuando el periodo de Pandemia haya finalizado, y demorará ese lapso de tiempo luego de la vacunación.

El Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de montar elecciones digitales o electrónicas. No tiene los recursos ni las herramientas. Y es impensable que inviertan millones de dólares cuando la prioridad es enfrentar la pandemia y levantar la economía.

Por eso, llevar a millones de ecuatorianos a recintos electorales, con la realidad actual y la que se proyecta, sería ‘bárbaro’, como dijo el Vicepresidente. Rayaría en lo criminal. El futuro cercano, luego de que finalicen las medidas de confinamiento, tiene como regla de oro evitar una segunda ola de brote masivo de enfermos por Covid-19.

El Presidente ya no tiene la opción de ser el líder de la transición. Lo aplastó el tiempo y las actuales circunstancias. Está obligado a ser el líder de un grupo de ecuatorianos que busquen la fortuna de ahora y de las generaciones que vienen detrás de nosotros. El Cosepe puede ser esa salida a la crisis de cuatro aristas.