La campaña por el NO en la consulta popular está cuesta arriba. De culo y contra el viento, como dicen los españoles. Los argumentos de sus principales voceros son demasiado pedestres como para incrementar la adhesión de los votantes. A lo mucho, cuentan con la fidelidad de un porcentaje de la población ecuatoriana convencida de un modelo de vida basado en el cemento y la tecnología. Nada más.

El discurso de que los ingresos por la producción petrolera sirven para financiar el desarrollo requiere de una información más precisa para ser convincente. Tendrían que demostrar, con cuentas en la mano, que los ingresos generados por la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) en efecto han servido, directamente, para financiar la construcción de un determinado número de escuelas y hospitales. Esto por citar el ejemplo más simple.

Directamente. Porque la tesis de que esos recursos se integran al presupuesto general del Estado, ese referente tan difuso de la administración pública, no ofrece ninguna garantía de veracidad.

Pero que poco o nada va –directamente– al beneficio de la población.

En la vereda del frente, en cambio, quienes abogan por el SI tienen mayores elementos de convicción. La protección de la biodiversidad, o la defensa de los pueblos no contactados, son objetivos que no necesitan ser contabilizados para demostrar su valor. Más aún en un momento en que el planeta se está chamuscando por efecto de un modelo de producción industrial basado en la devastación de la vida. Quienes rechazan estos valores seguramente optarán por convertir a la selva amazónica en fundas plásticas. Pero difícilmente esas aspiraciones generarán nuevas simpatías.

Lo más probable es que el SI se imponga en la consulta popular. Es más, algunos fervientes defensores del extractivismo ya los están admitiendo, implícita o explícitamente. El debate, entonces, debe centrarse en el escenario posterior a la consulta. Concretamente, en qué sucederá luego de las elecciones generales. Porque la trascendencia de la consulta popular dependerá en gran medida de quiénes lleguen al poder ejecutivo y legislativo en el próximo período. Y ahí las consecuencias pueden variar radicalmente.

Si triunfan quienes abiertamente se han decantado por continuar con el mismo modelo productivo, buscarán todas las artimañas técnicas y jurídicas para postergar la aplicación de los resultados de la consulta. El ministro Santos Alvite ya anticipó, muy suelto de huesos, que el desmontaje de la infraestructura en el bloque 43-ITT podría demorar varios años.

Si triunfan quienes se han pronunciado en favor de mantener el petróleo bajo tierra, se puede esperar que la decisión mayoritaria de los ecuatorianos se cumpla inmediatamente.