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21 de Junio del 2016
Ideas
Lectura: 9 minutos
21 de Junio del 2016
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

La carta bajo la manga
Podría sostenerse que el estilo presidencial ha consistido en los nueve o casi diez años de gobierno, en esconder sus objetivos y engatusar a los incautos. Por eso me parece instructivo analizar el juego que está detrás del dinero electrónico.

En torno al dinero electrónico se libra un debate de equívocos que se origina en la pretensión del gobierno de valerse de la tecnología para camuflar la creación de una moneda paralela al dólar cuyo uso podría dar lugar a “una potencial emisión inorgánica de recursos” como una manera encubierta de “dar respuesta a la angustiosa falta de liquidez de la economía”. 

Hay, entonces, una estrategia de juego con la cual el gobierno intenta alcanzar determinados objetivos con los que la población estaría en desacuerdo. El ocultamiento de esos objetivos es parte medular de esa estrategia, lo cual supone apelar a beneficios aparentes derivados del uso del dinero electrónico para la población de manera de que ésta respalde la propuesta gubernamental.

¿Se aplica sólo en el caso del dinero electrónico? La posibilidad de echar abajo la enmienda constitucional que prohibía la reelección del presidente Correa ¿no va por ese mismo camino?
Podría sostenerse que el estilo presidencial ha consistido en los nueve o casi diez años de gobierno, en esconder sus objetivos y engatusar a los incautos. Por eso me parece instructivo analizar el juego que está detrás del dinero electrónico.

El gerente del Banco Central, Diego Martínez, en entrevistas concedidas a los medios de comunicación, ha hecho gala de arrestos argumentativos para convencernos que el Gobierno no está pensando en nada de lo que sugieren sus detractores. O sea, el primer paso de la estrategia es dar a la apariencia una condición de verdad, desde la cual se intenta dejar sin piso los argumentos contrarios. Según el gerente “se quieren mezclar varios aspectos, el aspecto de dolarización, de estabilidad económica, las intenciones del gobierno, con el propósito de politizar un tema que es completamente beneficioso para la ciudadanía”.

A la pregunta del entrevistador, Gonzalo Rosero, sobre si “se compromete a que el dólar billete no desaparezca y sea reemplazado en cualquier instancia por un papel que diga: este papel vale tantos dólares y pueden ser  reclamados en las disponibilidades de las cajas del Banco Central, Ministerio de Finanzas?”, el gerente defendió el uso de “tecnologías que nos permiten facilitar las transacciones”, sin responder explícitamente la pregunta del periodista. E insistió: “el dinero desde el celular, el dinero del uso efectivo desde el celular ¿desdolariza a la economía?”.

Remarcando el carácter voluntario del uso del dinero electrónico, el gerente justificó el  incentivo de ahorrarse 4 de los 14 puntos del IVA, como algo inocente: “si usted ecuatoriano quiere ahorrarse 1 punto de los 14 puntos del IVA, utilice su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito, si no, no lo haga, es una decisión suya”. Además de esta ventaja, el gerente también mencionó “la seguridad de que no nos roben” 

El peligro de que el gobierno, a través del Banco Central entregue papeles y no dinero, fue señalado por el ex vicepresidente de la República, León Roldós, en entrevista a Ecuavisa. Puso como ejemplo el pago de tres millones de dólares mensuales a la Asamblea y a sus legisladores y empleados mediante dinero electrónico. “Es como que el Estado va a ordenar al Banco Central que lo emita; ¡no!, tiene que entregarse el dinero”. Y advirtió el problema "no es sólo de si me acojo o no al dinero electrónico, somos todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos los que sufriremos las consecuencias, si mañana en lugar de entregar dinero, se entregan papeles del Estado”.

Fundamentó su advertencia en el hecho constatable de que este es “un Estado moroso y este puede querer sacar las castañas del fuego, usando la vía del dinero electrónico”. Y agregó: “tiene que haber transparencia, por eso solamente contra dinero, contra las trasferencias presupuestarias es que puede haber pago de remuneraciones, pago de obligaciones, pago de transferencias, solamente contra entrega de dinero al Banco Central del Ecuador, lo demás sería una emisión de un instrumento que puede llevar a la catástrofe total a la dolarización”.

A diferencia de la contienda en torno a las “enmiendas constitucionales”, en este caso,  al gobierno no le basta el control que tiene sobre la Asamblea Nacional, ni las leyes tributarias aprobadas por ésta. Las marchas contra las enmiendas se estrellaron cuando la Asamblea, de espaldas al pueblo, aprobó las llamadas enmiendas constitucionales.  El uso del dinero electrónico es una decisión de cada ciudadano y, por cierto, termina concerniéndonos a todos. De ahí que el gobierno deba apelar a los intereses de los ciudadanos para ganarse su confianza y apoyo. Y ahí reside lo que el gerente del Banco Central no entendía, esto es, la relación entre “varios aspectos”: la crisis económica, el incremento del desempleo, la falta de liquidez, el déficit fiscal, y desde luego, la crisis de confianza, la “confianza de la gente en el gobierno será lo que permita o no que funcione el dinero electrónico” 

En este terreno la correlación de fuerzas no le favorece al gobierno; en la opinión pública sobre este tema pesa más la desconfianza ciudadana, los argumentos contrarios a las tesis del gobierno concuerdan más con las percepciones de los ciudadanos.  

Esta puede ser una prueba de fuego para el gobierno: si sale vencido, los resultados electorales le serán adversos. Quedará al descubierto su vulnerabilidad. Los vencedores tendrán a su haber una alta aceptación de la ciudadanía y quedará demostrado que el gobierno tiene un techo que no puede rebasar. Su fuerza, sin duda, es relativa, cuando quienes tienen la última palabra no son los organismos controlados por el gobierno, sino el conjunto de la sociedad civil. La resistencia civil, en este caso, tiene un valor político incalculable.

Gabriela Calderón, en entrevista de Marlon Puertas en Focus Ecuador,  destaca que con la dolarización “quitamos el poder a los políticos de emitir moneda”. Nada raro sería que con el cuento del dinero electrónico el gobierno pretenda recuperar ese poder. El gobierno no sabe cómo cubrir el hueco fiscal, que se estima en 10.000 millones de dólares. Las medidas tomadas, como las salvaguardias, las reformas tributarias, la venta de los activos estatales, lejos de resolver el problema de la crisis fiscal han producido otros, como el encarecimiento del costo de producción para el mercado local e internacional, lo cual afecta su competitividad. El gobierno no ha impulsado acuerdos comerciales orientados a promover el acceso de nuestros productos de exportación como el camarón, el banano, las flores, el café, el cacao a los mercados de Europa y de Asia. Tampoco ha reducido el gasto corriente, sustento de su política clientelar.

Este gobierno nos ha enseñado que la política no se sustenta en la verdad. Gabriela Calderón en la mencionada entrevista, razona que en la historia “no importan tanto los hechos sino quien cuenta los hechos y quien se impone en la narrativa de los hechos”. Sostener, por ejemplo, que este es un país “de maravilla”, que no existe crisis económica, que esta década es un “década ganada”, que el Estado no guardó la plata sino que invirtió en educación, salud, infraestructura, que devolvió al pueblo la esperanza, la alegría, el poder, es una narrativa que el presidente y sus corifeos proclaman a los cuatro vientos. 

La falta de transparencia se le ha vuelto un boomerang al Gobierno. Ha tenido que pagar un alto costo en credibilidad y confianza. Nadie cree en la palabra del presidente ni de sus colaboradores.  La confiscación de la división de funciones, la mordaza impuesta a los medios de comunicación a través de la Ley de Comunicación y los organismos de control correspondientes, ha hecho que la narrativa oficial no sea “contrastada” con ninguna otra narrativa, contrariando su propia  “filosofía” que incrimina a los medios de comunicación privados por no “contrastar” la información ni sus fuentes. Eso es precisamente lo que ocurre con la narrativa oficial.

[PANAL DE IDEAS]

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