En el Ecuador, como en cualquier democracia, los procesos de democracia directa como las consultas populares y sus resultados están determinados por las estrategias políticas de los proponentes.

Ello implica que tanto el desarrollo en sí del evento consultivo, cuanto el esperado impacto social y político que producirá su resultado, habrán sido valorados previamente en base a una investigación rigurosa que evite los sesgos resultantes de sondeos de opinión hechos a medida.

Cuando una iniciativa de democracia directa viene desde el gobierno, se infiere que su equipo político habrá estimado la conveniencia de activar la participación popular para enmendar y reformar leyes, atendiendo a las necesidades y los sentimientos de la población, y no únicamente a los intereses del régimen de turno.

En nuestro país, es común que las enmiendas y reformas constitucionales resultan al poco tiempo un fiasco o en la apertura de una caja de Pandora (como en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la “metida de mano en la justicia”), cuyos desastres deben ser recogidos por las siguientes administraciones, lo que obliga eventualmente, a convocar nuevos procesos consultivos para derogar, enmendar, reformar, o para perfeccionar el desorden anterior, si se trata de un gobierno “continuista”.

Las consultas, referéndums o plebiscitos se utilizan cuando los gobiernos sufren un agotamiento de su capital político, o cuando, por el contrario, gozan de suficiente respaldo ciudadano como para emprender las reformas que convienen a sus proyectos, o a los intereses de las élites a las que representan.

No es coincidencia, entonces, que un país como el Ecuador se prepare para la duodécima consulta popular de su historia republicana.

Y no es coincidencia tampoco que, empujados por las urgencias de la coyuntura, los estrategas del Ejecutivo y sus aliados motiven en espacios de opinión el posicionamiento anticipado de que un SÍ en la consulta, argumentando que el apoyo a esta propuesta y luego el voto afirmativo en las preguntas, deberá interpretarse como un voto de confianza al Ejecutivo.

Nada más falso.

La burbuja de apoyo ciudadano que pretende insuflarse por confusión o por exceso de viveza criolla, escamotea el análisis sobre las razones que se ocultan tras la consulta y que sostienen una pretendida unidad en la estructura de la pirámide que forma el cuestionario, cuya base -dicen los autores- es la seguridad, siendo los otros dos elementos conectados, la calidad institucional, y la protección al medio ambiente.

El gobierno promueve su movida política como suele hacerlo: desde el marketing y las relaciones públicas, pero sin superar los evidentes y cotidianos desencuentros de su gestión.  Las preguntas propuestas no apuntan ni de lejos, a resolver las preocupaciones inmediatas de millones de ecuatorianos que surfean entre el desempleo, el subempleo, la inseguridad, y la desesperanza aguijoneadas por la desconfianza en las instituciones, la bajísima evaluación ciudadana a la labor del régimen y del presidente, y la insatisfacción con la democracia como sistema de representación; datitos que a ciertas encuestadoras parece no importante difundir.

Por si esto no fuera suficiente, se pretende desplegarla en medio de distractores tan fuertes como el mundial de fútbol y las próximas elecciones seccionales, y lo que es más grave, cuando solo 4 de las 13 mesas de diálogo entre el gobierno y los líderes del movimiento indígena lograron cerrar hasta el momento, dejando temas híper sensibles sin consenso.

Se ha reconocido que las enmiendas que se busca aprobar son una medida inmediata frente a problemas que en el futuro podrían ser mejor confrontados; tal contradicción  resiente la dignidad y la inteligencia de los ciudadanos a quienes se convoca para sumarlos en la cuerda estirada de un gobierno huérfano de claridad política y respaldo popular, que propone un futuro por verse, cuando la gente tiene su presente acorralado por problemas que no han sido atendidos con la sensibilidad social ni la eficiencia debidas.

Por otro lado, los ciudadanos suelen responder a las consultas mostrando su rechazo o aprobación, en conexión con sus circunstancias individuales, y no precisamente en base a una reflexión serena sobre las preguntas que se le presentan. Como ejemplo recordemos los ocurrido en nuestro país con Febres Cordero (1986) y Durán Ballén (1995), cuyas propuestas fueron rechazadas como una expresión del descontento social frente a sus gobiernos; o el reciente caso de Chile, que negó la reforma constitucional planteada por un gobierno fresco, liderado por un joven mandatario.

Las encuestas y los debates fraguados al calor del interés de las élites o de la presión de la crisis de gobernabilidad, eluden la discusión reflexiva alrededor de los temas que contienen las preguntas, y llevan a que los ciudadanos se pronuncien por el Sí o el NO al gobierno, más no al contenido e impacto sustantivos que pueden traer enmiendas de verdadero interés público.

Es por eso que todos debemos preguntarnos ¿Qué hay más allá del enunciado retórico de la actual Consulta, si llega a aprobarse tal como está por la Corte Constitucional?

Situar la consulta en su justo contexto no es una negación de la factibilidad o necesidad de reformas urgentes. El tiempo mostrará si entre la moneda fragmentada de las preguntas de esta Consulta, se esconde, bien doblado, en el fondo de la chauchera política del presidente Lasso, el último billete de a cinco de su estrategia para gobernar lo que le queda.