Si algo debe funcionar en un gobierno como un perfecto y exacto mecanismo de relojería suiza es la comunicación oficial.

Esta comunicación es vital para quienes manejan el poder, pues de ella dependen la empatía, la conexión, la credibilidad, la confianza y el apoyo de los ciudadanos a la gestión gubernamental.

La falta de ese recurso, por tanto, es justamente el gran fracaso del régimen de Lenín Moreno (2017-2021), quien concluirá en mayo próximo su gestión sin jamás haber encontrado, en todos estos cuatro años, las estrategias adecuadas para llegar a los ciudadanos, la manera de tender puentes con la gente común, la forma de decirle a la sociedad que se encuentra en buenas manos y que se está trabajando por ella.

Al contrario, como ha sido costumbre de este Gobierno, nunca hubo estabilidad en el cargo de los funcionarios y esta inestabilidad genera incertidumbres, inseguridades, falta de certezas y de verosimilitud.

Unos secretarios organizaron “foros semanales” del Presidente con los periodistas, foros que no duraron ni siquiera un mes, mientras otros ejecutan intrascendentes programas, de aquellos que se veían hace dos o tres décadas, en los que, supuestamente, el Mandatario responde las inquietudes ciudadanas a través de periodistas que no se complican la vida preguntando cosas de fondo.

Por esa razón, no hay ni hubo nunca una política de comunicación de Estado, sino ideas dispersas, desconectadas y confusas sin coherencia, continuidad ni solidez en las propuestas.

La comunicación gubernamental no fue capaz de entender que su principal objetivo no era adornar la escasa información concreta que se podía emitir debido a la falta de obras en beneficio de la gente, sino que debió pensar en que el objetivo era educar a los ciudadanos mediante espacios de reflexión, de análisis, de satisfacción de las demandas de la gente, de saber escucharla, de lograr entenderla, de transformar en hechos las promesas electorales que nunca se cumplieron, en especial la oferta de las casas y la fuentes de empleo.

Tampoco los hechos que se le fueron presentando al Gobierno fueron tratados de forma clara y transparente. Además de los errores técnicos en las transmisiones de las cadenas de radio y TV, hubo una patética respuesta a las grandes preguntas que el público quería que se le respondiera.

Basta citar unos ejemplos: la represión al levantamiento indígena de octubre del 2019, donde se intentó calmar los ánimos con dos tuits y una cadena nacional  en la que el Primer Mandatario ni siquiera tenía el texto en el teleprompter; el manejo de la crisis por la pandemia y las irregularidades en la vacunación; la actitud soberbia e indecente del saliente ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien terminó —como es usual en los sospechosos de corrupción— escapando a Miami; los grandes errores del presidente Moreno en el manejo de su cuenta de twitter al mostrarse tierno y amoroso con su esposa el 14 de febrero (“día del amor”) y al evidenciar su entusiasmo por el ganador de un reality show mientras ocurría la gravísima crisis en las cárceles, donde en un solo día hubo una masacre sincronizada en la que se asesinó a sangre fría a 80 personas privadas de libertad (PPL).

¿Cómo debió enfrentar el gobierno todos estos problemas?

El analista estadounidense James J. Garnett, considerado uno de los más importantes estudiosos de la comunicación gubernamental, enfatiza lo más importante para una eficiente respuesta a los requerimientos ciudadanos:

Primero, identificar, tan acertadamente como sea posible, aquello que es objeto del requerimiento del público.

Segundo, mantener el tono apropiado cuando se responde.

Tercero, proveer en la respuesta gubernamental información precisa, clara y específica, a menos que ello esté prohibido o sea tácticamente inadecuado.

Cuarto, asegurarse de que el lenguaje de la respuesta asume razonablemente los conocimientos del ciudadano, su vocabulario y sus intereses.

Quinto, cumplir con el requerimiento o facilitar los caminos para su entendimiento mediante acuerdos entre el Estado y los sectores afectados.

Sexto, hacer un seguimiento para conocer si a los ciudadanos les pareció útil la respuesta recibida.

Ninguno de estos puntos se ha cumplido durante el gobierno de Lenín Moreno. Confiados en el acercamiento que hicieron con los grandes medios en los primeros días del régimen, en junio del 2017, quizás los jerarcas de la “mesa chica” del Gobierno creyeron que contarían con el favor desinteresado y total de la prensa al haber conseguido el apoyo de los más poderosos canales de televisión, radiodifusoras y periódicos luego de reconciliar al poder político con los medios tras diez años de enfrentamientos durante el gobierno de Correa.

Si aquella fue la estrategia de comunicación, sin duda no la hubo. Como enfatiza Roberto Izurieta en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos, primero hay que establecer los objetivos y una vez determinados estos, se debe trabajar en la estrategia.

¿Cuál es el objetivo de contar con una estrategia? Persuadir a los ciudadanos y ganar su confianza, justamente lo que el régimen de Moreno nunca logró hacer (ni sabemos si se lo propuso) y a eso se debe su calificación de credibilidad y popularidad, una de las más bajas de la historia en el Ecuador.

¿Cómo persuadir a los ciudadanos? Volvamos a Roberto Izurieta cuando cita a Mckenone: “No se persuade con las cosas que los políticos consideran importantes, como con las cosas que la gente común considera importantes. Para los gobiernos y sus líderes, la política tiende a ser lo más importante: quién dijo qué,  una nueva mayoría en la Asamblea, el cuestionamiento de tal artículo de una ley, una nueva alianza entre bloques legislativos, etcétera. Para la gente común y corriente lo importante son las cosas que afectan su vida cotidiana: el alto costo de la vida, el trabajo, la seguridad, la salud, la educación, el transporte, el agua potable, entre otros. Por lo tanto, hay que enviar mensajes que le produzcan interés al público”.

Si somos rigurosos con estos principios, no queda duda de que los cerebros del gobierno de Moreno estaban preocupados de otras cosas y no de llegar al corazón de los ciudadanos.

Desmantelar los medios públicos, en especial su canal de televisión y su radiodifusora, fue otro grave error. ¿Lo decidieron para contentar a los medios privados y evitar la competencia con ellos?
Semejante razonamiento es absurdo. Una cosa es criticar la manera cómo se usaron los medios de comunicación en el anterior régimen y otra es desaparecerlos.

Los medios públicos (que deben ser estatales, no gubernamentales) deben servir para educar al pueblo, para enseñarle a reflexionar, para ayudarle a tomar decisiones, para hacer pedagogía de la salud, del trabajo, de la vida cotidiana, de los hábitos y de la conducta dentro de casa, con la alimentación, con la administración del dinero familiar.

Al final, Lenin Moreno no cumplió de lo que prometió: dijo que vendería los medios y no lo hizo, dijo que los medios deberían servir para que sean “la voz de los que no tienen voz” y no llevó adelante ningún programa con estos contenidos.

Sus grandes estrategas ni siquiera tuvieron iniciativas para crear programas y espacios donde los ciudadanos se expresen o donde el Presidente pueda dialogar no con los periodistas de otros medios, sino con la gente de a pie para crear espacios de consenso o disenso, que son el rasgo clave de la democracia.

Como decía el maestro colombiano Javier Darío Restrepo: “La consolidación de la democracia está reclamando que el poder mediático se use para impedir que el fanatismo, esa bestia ciega que solo cree en su propia verdad y en la capacidad de la fuerza para imponerla, domine la escena en la información pública y que, en cambio, se destaque la presencia de la tolerancia en todas sus manifestaciones. Decía Sócrates que uno se hace justo en contacto con los justos; el ciudadano lector, oyente o televidente se hará tolerante en contacto de los tolerantes y con las prácticas de la tolerancia”.

Por falta de objetivos y de estrategia, queda en evidencia todo lo que se desperdició en comunicación durante los cuatro años de Gobierno.