Un gobierno deslegitimado y envuelto en escándalos de corrupción, con bajos niveles de ejecución presupuestaria que a la vez ha sido incapaz de resolver los problemas de la población: inseguridad, desempleo, falta de salud y educación, entre otras necesidades; hoy propone desesperado una consulta con varias interrogantes para la población, entre las cuales se encontraba la pregunta 6 que buscaba cambiar las atribuciones constitucionales de designación de autoridades a través de concursos públicos de oposición y méritos con veeduría e impugnación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Dicha pregunta 6 que también buscaba cambiar la designación de las y los siete consejeros del CPCCS fue observada por la Corte Constitucional ya que el Presidente de la República pretendía concentrar poder e imponer a dedo al Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Fiscal, Superintendentes, vocales del Consejo de la Judicatura, miembros del CNE y TCE, entre otras autoridades, convirtiendo a la Asamblea Nacional en mero formalizador de sus designios.

Una vez que la Corte Constitucional frenó las intenciones burdas del régimen hoy nuevamente, a través de leguleyadas, el Gobierno acudió a la Corte Constitucional. Dividió la pregunta 6 en dos, que en el fondo buscan restringir derechos y vulnerar la participación ciudadana. Por ejemplo, pretenden que las consejeras y consejeros del CPCCS sean impuestos por Carondelet y la Asamblea Nacional, sin tomar en cuenta la votación universal del pueblo, para que se elija en las urnas en febrero del 2023 a los siete consejeros nacionales, evidenciando con esto las ideas atrasadas del Gobierno respecto a la democracia.

En la misma línea, estas dos preguntas que el Ejecutivo insiste en imponer buscan eliminar los concursos de méritos y oposición con veeduría ciudadana que realiza el CPCCS y de esta manera trasladar la designación de altas autoridades del Estado a la Asamblea Nacional y al Gobierno, lo que podría ocasionar la vuelta a las malas prácticas del viejo Congreso o al denunciado reparto de hospitales en cuya nueva versión estarían ahora las autoridades de control.

En la letra pequeña de los anexos está la nueva trampa de estas dos preguntas de la consulta gubernamental. La Corte Constitucional ya se pronunció en su momento rechazando la pretensión del régimen de afectar la división de funciones del Estado, el hiper presidencialismo y la nueva metida de mano en la institucionalidad. Por tanto el organismo constitucional debería ratificarse en su pronunciamiento y así evitar las infulas autoritarias del la Función Ejecutiva que se ha dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras instituciones del Estado en lugar de dedicarse a trabajar en beneficio de las mayorías.

Los más de 50 millones de dólares que le cuesta al pueblo la consulta del Gobierno nacional podrían ser utilizados en la compra de medicinas para los hospitales o para la infraestructura escolar o para la obra pública en carreteras o en créditos a bajas tasas de interés en beneficio de las ecuatorianas y ecuatorianos.

Corresponde a los sectores sociales levantar acciones señalando el carácter concentrador y antidemocrático de la consulta del gobierno y colocar amicus curiae ante la Corte Constitucional en defensa de la participación social y la democracia.

@davidroserow