Una consulta popular planteada por el gobierno del presidente Lasso en el actual momento político, en donde los números, porcentajes y las encuestas de carne y hueso no le favorecen, convertiría el ejercicio de la democracia directa en un trágico aborto para cualquier aspiración de cambio porque los electores —en la gran mayoría de los casos— votan por quien propone la consulta más que por el contenido mismo de las preguntas. Y hay que reconocerlo, esto ocurre no solo por la falta de madurez política de nuestro pueblo, sino también porque el proponente de la consulta se convierte en sí mismo en el mensaje. Si a esto agregamos la profunda desconexión entre las elites gobernantes y los ciudadanos, y el rechazo de estos últimos hacia lo político y hacia un tipo de política muy presente en los últimos quince años tendremos un escenario plagado de frustraciones colectivas y una consulta popular convertida en plebiscito a la gestión del Presidente de la República.

¿Qué busca el Gobierno del Presidente Lasso? ¿Una consulta que resuelva conflictos institucionales, políticos y sociales o una consulta plebiscitaria para ganar autoestima y “popularidad”?

Pero hay más. Los personeros del Presidente Lasso utilizaron las instituciones muerte cruzada y consulta popular, de manera irresponsable (como si estas fueran globos de ensayo) y con pretensiones coercitivas, vaciando la esencia conceptual de las mismas y reduciéndolas a simples verborreas propias de una pelea de callejón con otras funciones del Estado, principalmente la Asamblea Nacional. Aunque no lo quieran admitir, esto produjo un desgaste.

Pareciera entonces que, frente a la serie de críticas expuestas por la opinión pública, el Gobierno quiere “lavarse las manos” al endosar a los ciudadanos su responsabilidad por la falta de gestión política en el tratamiento de temas altamente cuestionados por la opinión pública: combate al narcoterrorismo, descomposición institucional del Estado, crisis del sistema de salud y seguridad social, la Asamblea Nacional o el CPCCS. Si esto es así, la consulta popular, como institución operativa del ejercicio de la democracia directa, pasaría a ser un mero requisito formal para bajar tensiones y buscar algo de legitimidad y respaldo popular. Estas condiciones no nacen de manera advenediza, se trabajan a diario, en espacios abiertos y con una multiplicidad de actores.

¿Puede la consulta del Presidente Lasso canalizar las demandas de los ciudadanos cuando estos son los grandes ausentes en la construcción de la consulta del Gobierno? ¿Qué busca con esta consulta señor Presidente? ¿Reforzar el poder (ausente en unos casos y frágil en otros) del Ejecutivo? Si esto es así la consulta popular será un fracaso, porque su implementación debe ser vista y entendida como un mecanismo que complemente la democracia representativa y no como un medio para reforzar al Gobierno -este o cualquier otro- en su calidad de administrador de un mal diseño institucional.

Los ecuatorianos requieren una suerte de nuevo contrato social que, en las condiciones actuales, incluso con una consulta popular de por medio, el Gobierno del Presidente Lasso no está en capacidad de ofrecer. Por ello, cobra suma importancia el papel de la sociedad civil organizada, a través del Colectivo Ciudadano Voces por la Democracia, y su iniciativa de consulta popular, pues no se ajusta a las lógicas rupestres del electorerismo y los cálculos político-partidistas de momento con los cuales convive el régimen y que constituyen su principal falla de genética.