El 1 de junio de 1986 León Febres Cordero (LFC) llevó a cabo un plebiscito para preguntar al país si los ciudadanos independientes podían participar en elecciones sin estar afiliados a partido político alguno. Una pregunta cándida, a la que más de la mitad de los ecuatorianos (56.85%) respondieron con un rotundo NO. Antes de ese junio del 1986, LFC había enviado tanques a la Corte Suprema de Justicia para influir en una elección que no le gustó (Octubre 1984), había comenzado en la instalación del neoliberalismo (economía social de mercado), tenía varias denuncias de ejecuciones extrajudiciales y era conocido por la represión desmedida a sus opositores, que incluyó una brutal golpiza al diputado socialista Diego Delgado. El rechazo al plebiscito más allá de la pregunta era el rechazo a los dos años de gobierno e impedían que LFC para reflotar y ganar capital político desde una pregunta edulcorada.

En el año 2011, Correa lanza su consulta popular, en la que se incluían demandas animalistas y en contra de los juegos de azar, pero sobre todo la posibilidad de incidir directamente en el sistema de justicia del país (burdo hacerlo con tanques). Estando en la cúspide de la popularidad, ganó la consulta y la justicia que antes fue favorable al socialcristiano LFC cedió espacios al nuevo caudillo tropical.

Luego vino la consulta de Lenín Moreno y ahora el presidente Lasso lanza la suya.

Se podrían hacer análisis más profundos de todas las consultas populares que anteceden a la del 5 de febrero, a las diversas preguntas y los momentos políticos en las que fueron lanzadas, pero de manera general se puede concluir algunas cosas: las consultas populares miden el pulso político del gobierno de turno, son la posibilidad de acrecentar su capital político, pero, sobre todo, la posibilidad para aquellos mandatarios con una mínima aceptación de reflotar.

Entre lo que se consulta están “preguntas caramelo” atractivas para todos o para ciertos sectores de la sociedad. Estas buscan atraer el voto en plancha y que se vote por las preguntas que concitan el verdadero interés del mandatario (generalmente destinadas a que este acumule más poder). Los plebiscitos lanzados en momentos de alta aceptación popular gubernamental han sido ganadas, desde ese liderazgo han podido ejecutar lo planteado y han entregado al gobernante decisiva influencia en las otras funciones del Estado.

En febrero del 2023, el presidente Lasso tiene 11% de aceptación, en el 2022, solo ejecutó el 31% del presupuesto asignado para su gestión, la obra pública e inversión social son bajísimas y el subempleo llega al 21%.  Lanza su consulta salpicado del escándalo Panamá papers (casi olvidado) y de la presumible corrupción que involucra a altos funcionarios de su gobierno y a su cuñado. Publicita su consulta popular y la maquilla, pero no difunde los Anexos a la misma. Esos son algunos de los detalles en donde se muestran sus verdaderos intereses.

Parte de una “pregunta caramelo”, es la pregunta 1, en la que plantea cambios constitucionales para lograr la extradición de los vinculados al narcotráfico, y más allá de que esa medida per se no soluciona los acuciantes problemas de seguridad que vive el país, es el imán que invita a votar sí por el resto, por las preguntas que realmente interesan a Lasso y  que inciden en las otras funciones del estado, comenzando por… ¡sí, adivinaron! meterle mano a la justicia, ahora quitándole poder ( pregunta 3) para dárselo al/la Fiscal general (que ha sido  complaciente con el presidente).

En la pregunta 2, plantea la reducción del número de asambleístas, desde cambios que gestarían una nueva Asamblea dominada por los grandes partidos (pregunta 4). Casualmente aquellos que han pactado con el partido del presidente: PSC y UNES–RC. Estos nuevos “padres del Patria” estarían encargados de la designación de las autoridades de control y fiscalización, excepto el Procurador… ¡pues este sería elegido por el presidente desde una terna! Estas, ahora, son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero como este no le es favorable y está seguro que tampoco lo será luego de las elecciones del 5 de febrero, Lasso no plantea su disolución, simplemente se juega por su castramiento en las preguntas 5 y 6.

Las preguntas 7 y 8 están dedicadas para ganarse el favor de comunidades, pueblos y ambientalistas (Correa en la suya lo hizo con los animalistas) y con estas preguntas espera tener sus votos hacia las le interesan de verdad. Expertos en la materia dicen que estas preguntas no son necesarias pues la Constitución garantiza plenamente lo que se plantea y que solo dependería de la voluntad política del presidente ejecutar estas propuestas.

De ganar el SI, el presidente acumularía más poder e influencia en las otras funciones del Estado, en los órganos de fiscalización y control, tal como lo hizo en su tiempo su supuesto archienemigo Correa.

La ganancia del NO sería una manifestación de rechazo frontal y un golpe político a un gobierno que no solo ha mostrado ineficiencia en el manejo del Estado y está salpicado por la corrupción, sino que ha incumplido desde diversos ámbitos con su plan de gobierno. Los verdaderos alcances de la consulta están en los Anexos a la misma. Más allá del bombardeo mediático promocionando su “pregunta caramelo” y de las intervenciones compungidas de las funcionarias del gobierno, se deben estudiar los Anexos que muestran los tramposos alcances de la consulta.

Como la Constitución garantiza la revocatoria del mandato, pero esta, casi nunca se hace efectiva desde leguleyadas, votar todo NO es un golpe contundente al pésimo gobierno del plutócrata.