La marcha de Los Shyris no fue solamente un ruido, “una reacción violenta a una situación penosa”. Parafraseando a Jacques Ranciere, filósofo francés, fue la “expresión de un logos” o sea, fue más que “el estado de una relación de fuerzas”; consistió en el ejercicio de un derecho, una manifestación de la comprensión que sobre la crisis económica tiene la “otra parte”.  Para el Gobierno tal manifestación es parte de la “desestabilización” en la que estaría empeñada la oposición, y más específicamente la “restauración conservadora”. Con ello el Gobierno priva a los integrantes de la  oposición de su condición de “seres parlantes”. Los manifestantes, dado que no son consultados por el Gobierno para la toma de decisiones, hacen oír su voz en las calles, no para “desestabilizar” al Gobierno sino para hacerle “comprender” que en democracia no se puede “ordenar” sin deliberar.

La argumentación no es privativa del Gobierno. En la democracia el “habla” es atributo de todos; es la demostración de que los seres parlantes somos seres pensantes, que como tales somos iguales, y que, por tanto, “comprendemos” que quienes nos “ordenan” lo hacen bajo el supuesto de que no comprendemos, y de que no somos iguales.  Y comprender es expresión de la subjetividad, un campo en el que impera la diversidad. Esta es la gran diferencia entre las dos marchas: la de Los Shyris exhala pluralismo; en la de la Plaza Grande, la uniformidad le quita espontaneidad y vitalidad a la voz de sus participantes.     

El paquete tributario que se discute en la Asamblea Nacional da lugar a distintas lecturas e interpretaciones. Según Pablo Lucio Paredes, ex secretario de Planificación del extinto Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), ex asambleista constituyente y columnista del diario El Universo, lo que está en debate es ¿qué es mejor para los individuos que conforman la sociedad? ¿El gasto que los privados hacen de sus recursos o el  gasto que el Estado es capaz de realizar con esos recursos convertidos en impuestos? 

Lo que estaría en discusión, entonces, desde esta perspectiva, sería la eficiencia de unos y otros para conseguir “mayor productividad económica y social”. El tema así entendido se vuelve ideológico. Los que marcharon en Los Shyris serían partidarios de que los “privados” manejen sus recursos; mientras que los que se congregaron en la Plaza Grande  serían partidarios de que esos recursos sean administrados por el Estado.

El paquete tributario, pues, pretendería devolver al Estado esa facultad de gasto. Pero en realidad no es eso lo que está en debate o al menos, no sólo eso. No es que el Estado quiera apropiarse de los recursos de los privados para él administrarlos, sino para cubrir un déficit fiscal generado por una deficiente administración de sus propios recursos, cuando el precio del petróleo bordeaba los cien dólares el barril. 

Éste, consiguientemente, no es un tema teórico, sino práctico. El Gobierno no supo administrar el superávit que tuvo durante los primeros años de su gestión; hoy el déficit le cogió desprevenido; y, por cierto, no quiere que se “entienda” que su paquete tributario afecta al pueblo, a amplios sectores de la población; quiere camuflarlo con intenciones plausibles para la protección de la salud; quiere además que se “crea” que con los recursos que el Estado obtenga de dicho paquete el Gobierno continuará con su política social, a lo que, según el presidente Correa, se oponen quienes manifestaron su “desacuerdo” en Los Shyris.

El presidente pretende, pues, construir un equívoco “escenario de habla”: entre los que defienden los intereses de los “privados” y los que con el gobierno se empeñan en llevar adelante la política de distribución de la riqueza a favor de los más pobres. Esta nueva reforma tributaria, que se agrega a  “una docena en nueve años”, sin embargo,  está lejos de ser un mecanismo de redistribución del ingreso y de la riqueza.  Como dice Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas y columnista de diario El Comercio, con esta reforma “se le resta aire al sector privado”, en momentos de una aguda recesión económica. Tal reforma se da tras el abandono de los proyectos de ley de la herencia y de la plusvalía, en torno a los cuales el ex secretario de Planificación, Pavel Muñoz, promovió un amplio diálogo con el sector productivo y otros sectores de la sociedad, y que al término del cual fue removido de sus funciones. Se produce también tras haber el Gobierno abandonado la política laboral contraria a la flexibilización laboral. Tras haber eliminado el  40% de aportes del Estado para el financiamiento de las prestaciones del Seguro Social.   

El Gobierno, angustiado por la merma de recursos fiscales, está negociando la explotación de campos petroleros, como el Auca, con la empresa francesa Schlumberger; no se descartan otras negociaciones de este tipo con otros campos, como el Sacha, lo cual deja sin piso el discurso oficial de la  soberanía nacional. El endeudamiento externo con China en condiciones onerosas, cuando el Estado tenía altos ingresos por el petróleo, el inicio de los trabajos de perforación de un pozo para explotar crudo  en el Yasuní, configuran un cuadro que está lejos de la perspectiva con la que se legitimó la “revolución ciudadana”.

Así como el presidente Correa niega la existencia de una crisis económica, no obstante las medidas que toma para encararla, tampoco reconoce el abandono de la “revolución ciudadana” y actúa como si ella todavía estuviera vigente. De ahí que la marcha de Los Shyris no tenga el carácter que el gobierno le atribuye. Más bien recoge el descontento social provocado por la crisis económica y el ineficiente enfrentamiento de la misma por el Gobierno, descontento no solo de la oposición sino de muchos de sus  partidarios.

Lo que está en debate, entonces, es el tipo de ajuste que es necesario hacer para afrontar con seriedad y eficacia  la crisis.  Dicho ajuste no puede ni debe agravar la recesión, con medidas aisladas, de corto plazo y contradictorias. Hace falta un programa económico serio, técnica y políticamente sustentable.  El presidente Correa se afana por diferenciarse de los gobiernos del pasado que ejecutaron drásticos programas de ajuste. Su intención en ese sentido es plausible, pero los resultados hasta ahora no le dan la razón. 

El presidente Correa ignora el componente político de la crisis: la falta de seguridad jurídica, el riesgo país, la falta de confianza y credibilidad en su palabra. Lo que ayer le fuera útil para salvaguardar la gobernabilidad- el hiperpresidencialismo,- hoy se le ha vuelto en contra de su credibilidad y su capacidad para mantener y afianzar su legitimidad. La sobreexposición que se deriva del hiperpresidencialismo le ha restado apoyo a su gestión. Cercanos a un evento electoral el gobierno debe dar muestras de madurez. La administración que le resta debe tomar en cuenta no sólo sus intereses como gobierno saliente, sino los del gobierno que le suceda, y, desde luego, los del país. Nadie quiere la desestabilización del gobierno.

En la propia Alianza PAIS, según se sabe, hay acalorados debates internos en torno al  “legado” correista. Las facciones que se disputan la herencia del correismo oscilan entre la incondicionalidad y la distancia crítica.

Una demanda en la marcha de Los Shirys fue la de la fiscalización. Ello cobra cada vez más fuerza por los ejemplos de Brasil, Argentina y Venezuela, así como por el reciente escándalo de los Panama papers.
La exigencia de transparencia es tanto más imperiosa por la concentración del poder, la falta de independencia de las funciones del Estado, la limitada acción de la Contraloría General del Estado y otros organismos de control. Esto no hace sino relievar la importancia de la acción fiscalizadora de los medios de comunicación independientes, impresos y digitales, tan duramente atacados por el gobierno,  así como de la acción de protesta de los ciudadanos y de los sectores sociales organizados.

El control de los gobiernos es tarea fundamental de una democracia responsable; ahí reside el valor de la marcha de Los Shyris. El Gobierno debe receptar ese mensaje sin rencor ni espíritu de retaliación.