Todos los días, los medios de comunicación de masas muestran asesinatos, colgamientos, decapitaciones, acribillamientos, masacres dentro de las cárceles y masacres en los barrios más empobrecidos del país. Todo este escenario me recuerda la Colombia de los años 80 que se desangraba por las disputas de las bandas criminales, sobre todo las del narcotráfico que habían permeado las estructuras del Estado. Luego, esta violencia se replicó de manera ampliada en México a partir de la firma del Tratado de libre Comercio de Norteamérica, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. El modelo criminal de México se extiende por América Latina, en lo que se denomina la mexicanización del subcontinente.

El Ecuador, un país considerado en el siglo pasado como una isla de paz entre dos países atrapados en la violencia generalizada, hoy se desangra por la violencia desatada por las bandas criminales que operan y crecen a la luz del capitalismo mafioso y, sobre todo, por ausencia de políticas estatales que resuelvan los problemas estructurales que generan el contexto social propicio para el crecimiento del capital ilegal. Si bien este problema viene desarrollándose durante las últimas dos décadas de malos gobiernos, el actual parece no tener ni la mínima idea de cómo poder contenerlo o quizás es parte de una intención que la mirada común de los medios y sus analistas no alcanza a observar.

Después de los últimos acontecimientos de violencia criminal ocurridos, sobre todo el lamentable suceso de Cristo del Consuelo, vale preguntarse: ¿a qué intereses beneficia este tipo de actos de terror en contra de la población?  Es elemental que de manera inmediata beneficia a la banda criminal que lo ejecutó, ya sea porque es un ataque-venganza a la banda o bandas rivales o porque es una muestra de fuerza que le permite control territorial para sus negocios. Sin embargo, esto es demasiado obvio y raya en la ingenuidad con beneficio de inventario de los análisis mediáticos y sensacionalistas que dominan la opinión pública.

Quiero ensayar una respuesta distinta, menos obvia y visible.  La sociedad occidental capitalista se desarma por la propia expansión del capital, que en su cruzada mercantil desmonta todo el edificio estatal y la democracia liberal. Se abre, así, una época de desorden político-social, expresión del debilitamiento de las dos condiciones de posibilidad del aparecimiento del Estado: el monopolio de la violencia y el de las finanzas. En medio de esta crisis político-institucional generalizada, las bandas criminales del capitalismo mafioso empiezan a disputar el control de la violencia y las finanzas a un estado democrático en desaparición. El desorden político no es disfuncional a la expansión del capital, al contrario, le da las facilidades para su depredación. En las actuales condiciones de reproducción final y salvaje del capitalismo, un Estado liberal democrático ya no sirve, se necesita un Estado policiaco para detener la inconformidad social en avance debido a la rapiña del sistema económico. La implementación de este leviatán del siglo XXI necesita justificarse ante la sociedad, la manera de hacerlo es dejar que el desorden criminal avance para tener el argumento de la instauración de un Estado fascista penetrado por los negocios del capital mafioso y listo a operar junto con las bandas criminales en contra de los pueblos en lucha.

Estamos, creo, frente a la mutación del Estado liberal en un Estado policiaco y fascista, encargado de resguardar el capitalismo mafioso más salvaje y depredador.  Así, creo, que este crecimiento de las bandas criminales en el país y la poca capacidad del gobierno de frenar este caos con políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales de desigualdad, inequidad, injusticia, empobrecimiento, etc., es parte de un plan de las élites nacionales e internacionales, el Plan Ecuador que se quiere implementar en nuestro país.