
¿Cree usted, amable lector, que la corrupción es solo un problema contable? ¿Cree usted que la corrupción no causa daño alguno a los ciudadanos comunes? ¿Cree usted que la destitución el año pasado de Dilma Roussef fue solo una maniobra política sin base alguna en la realidad? ¿Cree usted que la reciente orden de prisión a Luiz Inacio Lula da Silva es solo una maniobra política sin esa base? ¿Cree usted que los casos de corrupción descubiertos recientemente en América Latina son solo una conspiración de la derecha contra los gobiernos progresistas?
Es probable que usted haya contestado no a todas o casi todas esas preguntas. Pero hay un académico estadounidense que no solo contesta sí a todas ellas, sino que sostiene que “debemos ser escépticos frente a todas las acusaciones de corrupción y preguntarnos si no son una maniobra de distracción de temas más importantes como la forma de distribuir los recursos a toda la sociedad de manera más justa y razonable”.
¡Escépticos frente a todas las acusaciones de corrupción! ¿En qué mundo vive este académico?
Sus afirmaciones las hizo al contestar la pregunta “¿Los casos de corrupción están aumentando el riesgo político del Ecuador?” que planteó la revista electrónica Latin American Advisor de la organización Diálogo Interamericano a él y a tres economistas ecuatorianos, y cuyas respuestas aparecen en el número del viernes 14 de julio. Los tres economistas (Ramiro Crespo, Walter Spurrier y Abelardo Pachano) obviamente no ven que los casos de corrupción aumenten el riesgo político: ¡ven que el riesgo político aumentará si no se persiguen los casos de corrupción! Y que ese es el riesgo político principal de Lenin Moreno y del país como tal: no perseguir y castigar a la corrupción.
Pero el académico estadounidense, como unos cuantos analistas y políticos que se consideran de izquierda, explican con piruetas lógicas lo que sucede en América Latina, donde ya hay un ex presidente preso y otros encausados por la oleada de revelaciones que la justicia brasileña obtuvo y sigue obteniendo de los altos ejecutivos de Odebrecht y otras firmas constructoras del Brasil. Para ellos la culpable es esa justicia, no los políticos corruptos.
En realidad, se necesita una dosis de ingenuidad, cuando no de cinismo, para cerrar los ojos ante las contundentes pruebas que van apareciendo. Pero el académico de marras, de nombre Marc Becker, profesor asociado de historia de la Universidad Truman, debería reflexionar mejor acerca de los efectos de la corrupción sobre los pobres, si es que de verdad le importan no solo como objetos de su especulación académica.
Para Becker la corrupción, “es más una complicación para las grandes compañías por las dificultades que crea para anotar activos y pasivos en un registro financiero que por cualquier impacto real que tenga en los ciudadanos comunes”. Se parece mucho esta explicación a la de Rafael Correa de que los pagos que hacen las empresas corruptoras no afectan al Estado ni a los ecuatorianos, porque salen de sus comisiones.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos caminos vecinales, cuántos sistemas de agua potable para las comunidades, cuántos proyectos de riego cree el señor Becker que podían haberse hecho si no se hubieran cogido unos cuantos funcionarios del gobierno de Correa las inmensas sumas que han aparecido y aparecerán?
Piénsese solo en los US$ 33,5 millones que constan en la denuncia presentada por la fiscalía estadounidense en la Corte de Nueva York. La acusación, hecha pública por el Departamento de Justicia de EEUU el 21 de diciembre pasado, es que coimas por ese monto, entregadas a quien tenía el poder de decisión sobre contratos de obras, pasaron por el sistema bancario de EEUU entre 2007 y 2016. Nótese que hay muchas otras coimas, como han revelado los ejecutivos de Odebrecht, que fueron directamente del Ecuador a cuentas en paraísos fiscales, así que hay que esperar que se revelen montos mucho mayores.
¿Cómo ser escéptico ante las denuncias de corrupción, si las empresas Odebrecht y Braskem, la subsidiaria petroquímica de Odebrecht y Petrobrás, admitieron haber pagado aproximadamente US$ 788 millones en sobornos en Angola, Mozambique, Ecuador, Perú, Panamá, México, República Dominicana, Argentina, Colombia, Guatemala y Venezuela, además de por supuesto Brasil?
Si Becker y otros creen que estos son inventos para atacar a gobiernos supuestamente progresistas, ¿cómo y por qué esas dos empresas se comprometieron a pagar más de US$ 3.500 millones en 20 años a los gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza? Esa es la multa más alta jamás pagada en el mundo por acuerdos de delación premiada. Las dos empresas se declararon culpables y se comprometieron a proveer detalles de los sobornos. Bastante caro y estúpido resultaría el conciliábulo para atacar a los supuestos gobiernos de izquierda.
Y digo supuestos porque todos sabemos lo que fue el Gobierno de Correa. Un gobierno concentrador, antidemocrático, derrochador, enemigo de las causas populares, como del propio movimiento indígena. Baste ver lo encabritado que se puso el expresidente al saber de la decisión de Moreno de dar a la Conaie en comodato por 100 años el edificio que el primero les quiso arrebatar y que les había sido dado por el Gobierno de Rodrigo Borja 25 años atrás, como seguramente sabe Becker, quien ha escrito sobre el movimiento indígena ecuatoriano.
Y esto, como digo, es solamente una parte del escándalo, porque aún falta que sepamos mucho más como nos lo muestran los casos de Caminosca y del millón a Alecsey Mosquera. Por ejemplo, ¿qué contendrán, los videos en la suite del Swissotel?
¿Es solo un problema contable? Qué profunda equivocación la de Becker. Para nosotros, para los que somos de izquierda, de centro-izquierda, de centro, es un problema sangrante, porque es dinero de los ecuatorianos, de los ecuatorianos pobres. Esta no es una causa de la derecha; es causa de los progresistas porque no hay justicia distributiva en un país si es que parte de esos recursos se los embolsican unos cuantos poderosos que no tuvieron que dar cuentas y que aspiran a no seguirlas dando, aunque cargaron con el país en peso.
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