En política, la línea que divide al realismo del cinismo puede llegar a ser de una sutileza exasperante. Por ejemplo, respecto de la corrupción. Tolerar que un funcionario robe pero que haga obras es, desde la perspectiva de una comunidad pobre, una forma absolutamente pragmática de enfrentar su marginalidad y sus carencias históricas. Frente al hambre crónica, la ética lleva todas las de perder.

Al contrario, para un segmento de la sociedad que interviene en la política desde otras necesidades y referentes, la simple idea de la corrupción como naturalización del ejercicio del poder es inaceptable.

Es por eso que la lucha contra la corrupción trasciende el campo de la higiene pública, porque se trata de un engranaje cardinal de esa forma distorsionada de capitalismo que se instaló en nuestras sociedades colonizadas. Extirpar la corrupción sin extraer otras piezas del sistema resulta una tarea complicada.

Analicemos brevemente el caso de la empresa Odebrecht. Que su industria de la corrupción se haya desatado durante el correato no implica que antes no haya estado operando con las mismas dinámicas. Son tres décadas de una presencia permanente –y preponderante– en el país. ¿Qué nos hace suponer que los gobiernos anteriores al correato no incurrieron en las mismas prácticas que hoy se denuncian?

Por eso hay que entender la expansión de los negocios de Odebrecht en la región como parte de una ofensiva de modernización capitalista encabezada por Brasil. Al margen de las condiciones políticas internas de ese país, en su imaginario nacional siempre primó su aspiración por construir una hegemonía latinoamericana incuestionable. Para eso, precisamente, se impulsó el proyecto IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana).

La conclusión obvia de esta iniciativa era concentrar los principales contratos en las grandes empresas. Ergo, en los gigantes corporativos brasileños.

Pero esta integración de la infraestructura regional tampoco puede se entendida al margen de una estrategia de ampliación de la frontera capitalista en el subcontinente. Es decir, de la colonización de todas aquellas zonas pródigas en recursos naturales. Neutralizar la resistencia social, indígena y ecológica que se opone a la desposesión territorial ha sido, por consiguiente, una condición imprescindible para esta modernización.

La corrupción fue el mecanismo más efectivo que encontraron para agilitar y controlar este proceso de expansión capitalista. Jamás la clase política latinoamericana iba a aceptar la irrupción exuberante de inversiones sin sacar su tajada. El discurso de la soberanía y el progreso está bueno para la tribuna: en la práctica, y como cínicamente pregonan los empresarios metidos a políticos, negocios son negocios.

En este modelo, modernización del capitalismo, extractivismo, control social y corrupción van de la mano. Se necesitan mutuamente. Se complementan. Son una adaptación de las viejas formas de dominación, donde la corrupción es el efecto secundario (la externalidad, como dicen los expertos) de una forma muy pragmática de entender el progreso, de acercarse a esa línea tenue que la separa del cinismo. De ese cinismo que inmortalizó el expresidente Julio César Turbay Ayala en una frase memorable: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.