
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
La pandemia del Covid-19 ha puesto en escena una pugna permanente entre lo que la realidad devela y lo que el poder pretende ocultar. Aquellas condiciones estructurales que podrían explicar la evolución de la catástrofe sanitaria mundial son disimuladas desde el discurso médico hegemónico. Tanto los organismos supranacionales como los gobiernos de todos los países centran su atención en el combate curativo contra la pandemia, y colocan una cortina frente a los problemas socioeconómicos que aquejan a miles de millones de seres humanos.
Aunque ya existen investigaciones que señalan a la producción industrial irracional, al colapso ambiental, al consumo desaforado y a la pobreza como factores decisivos en la aparición y propagación de la pandemia, las autoridades siguen empeñadas en dilucidar los misterios patógenos del coronavirus. Las respuestas, dentro de esta lógica, provendrán obviamente desde la tecnología médica. Las vacunas nos salvarían de un problema que es, a todas luces, más complejo de lo que suponemos. No obstante, los grandes intereses económicos no quieren hablar del asunto.
La gran mayoría de fallecidos durante ese período pertenece a zonas de la ciudad carentes de servicios como agua potable, vivienda, transporte, alcantarillado, educación, salud o recreación.
Por eso se posicionan con tanta fuerza los mensajes que apelan a las medidas de bioseguridad o a la responsabilidad ciudadana como estrategias para superar la crisis. Como si la marginalidad social fuera una ficción. Que los barrios más pobres de las principales ciudades del país sean lo más afectados no es una casualidad. Además de las necesidades insatisfechas que enfrentan a diario, el incumplimiento de normas es parte de la cotidianidad de comunidades enteras excluidas del consumo y de la modernidad.
En un estudio de próxima aparición, Patricia Sánchez y Giannina Zamora demuestran que la tragedia que vivió Guayaquil entre marzo y mayo de este año se debe fundamentalmente a un modelo de ciudad basado en prioridades empresariales antes que sociales; es decir, en negocios antes que en derechos. La gran mayoría de fallecidos durante ese período pertenece a zonas de la ciudad carentes de servicios como agua potable, vivienda, transporte, alcantarillado, educación, salud o recreación.
La ficción socialcristiana de la ciudad modélica, tan promocionada durante los últimos 25 años, salió a flote con una simple amenaza sanitaria. La ausencia crónica de planificación, así como la mezquina especulación de la tierra, terminaron creando una ciudad social y económicamente fragmentada, con ciudadelas del primer mundo y barrios del quinto mundo. La alta concentración de unidades de salud en determinados sectores confirma las profundas desigualdades sobre las que se construyó un modelo de desarrollo abiertamente neoliberal.
¿Cómo sostener el discurso de la eficiencia política frente a la pandemia? Pues ocultando hasta donde sea posible los estragos más patéticos. Por ejemplo, las muertes. De acuerdo con información estadística proporcionada por el Registro Civil, este año terminaríamos con aproximadamente 40 mil fallecidos en exceso a nivel nacional. No se necesita de mayor agudeza mental para atribuirlos a la pandemia. Sin embargo, las autoridades siguen hablando de 13 mil fallecidos por Covid-19 hasta la fecha. Esa cifra ni siquiera refleja lo que ocurrió en el puerto principal en dos meses.
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