La confluencia de desajustes en las áreas económica, social y política configura un escenario de amenazas para la democracia. La economía, expresada en un decrecimiento; el desborde de la protesta social en octubre; los enfrentamientos políticos de cara a las elecciones del 2021 ponen en riesgo la estabilidad democrática.

Esto afecta no solo al actual Gobierno. No solo en el Ecuador, sino en la región, el descontento social ha puesto en serios apuros a los gobiernos de Chile y Colombia. El debate sobre los modelos económicos no puede ya ignorar los impactos sociales y políticos derivados de las políticas de austeridad ni de las centradas en el crecimiento económico.

El papel del Estado se vuelve crucial para atenuar les efectos de la brecha social derivada de una economía de mercado sin regulaciones. Aunque, tampoco el modelo sustentado en el control del mercado por el estado garantice un equilibrio necesario entre crecimiento económico y equidad social. Hoy más que nunca es necesario conectar la economía con la política. No cabe manejar la economía sin medir los efectos que puedan tener en la política determinadas medidas económicas. Tampoco cabe propiciar el paternalismo estatal, con prácticas clientelares, a expensas del crecimiento económico. La economía no puede ponerse al servicio de proyectos populistas de los que se aprovechan círculos de poder enquistados en el aparato del estado.

La protesta social de octubre introdujo un nuevo ingrediente. El movimiento indígena radicalizó sus demandas, y a él se unieron sectores sociales organizados como las centrales sindicales, sectores poblacionales afectados por la desocupación y el subempleo y las universidades que retomaron su rol de reserva estratégica de la protesta social. Volvió, entonces, a gestarse un reagrupamiento de fuerzas, similar al que precedió el ascenso de Rafael Correa en el 2006.

No obstante, la acción de la justicia en el caso de los actos de corrupción en torno a los convenios del gobierno anterior con la empresa brasileña Odebrecht, el correismo ha salido beneficiado con las movilizaciones de octubre. Como que la atención se desplazó del combate a la corrupción, al combate contra el convenio del gobierno con el FMI y la consiguiente “traición” de Moreno, supuestamente entregado a los grupos económicos privados. Hay en este campo una disputa entre las fuerzas de la izquierda por capitalizar ese descontento social. La lucha contra el neoliberalismo deja en segundo plano el ajuste de cuentas por los actos de corrupción que se ventilan en las Cortes.

Por su parte, los partidos de la derecha no han abandonado su discurso anti estatista, siguen abogando por la instauración de un modelo neoliberal, sin sacar las lecciones derivadas del desfogue social en Chile. Pero, además, Creo y el PSC se disputan espacios en la perspectiva de la contienda electoral del 2021. Ello los lleva a tratar de capitalizar la oposición al gobierno de Lenin Moreno. Lo cual se traduce en oponerse a medidas económicas con las que, en teoría, podrían concordar, pero que les son perjudiciales electoralmente.  

El Gobierno de Moreno ha visto disminuida su popularidad, aparece a la defensiva y se bate entre el compromiso adquirido con el FMI, los diálogos con los movimientos sociales y su herencia correista. Su margen de maniobra es cada vez menor.

El temor del gobierno de una posible insurgencia le lleva a privilegiar los mecanismos de seguridad e inteligencia, revelando la carencia de una estrategia política que ataque las causas de esa posible insubordinación social. La gobernabilidad democrática, por tanto, se ve amenazada por una convergencia de fuerzas de la izquierda y de la derecha, que apuestan, cada cual por su lado, a sacar provecho de la crisis social, de la recesión económica, y de la debilidad del gobierno. Ello, por cierto, no cesará en el futuro inmediato. Las condiciones de ingobernabilidad del actual gobierno, seguirán vigentes en el próximo, lo cual limitará los márgenes de acción de éste. Seguirá primando el gobierno de las circunstancias. Esto implica “esquivar el conflicto de cada hora, empleando los medios que sean aun a costa de acumular con su empleo mayores conflictos sobre la hora próxima”, como lo afirmara Ortega y Gasset, a propósito de la orfandad de proyectos de los gobiernos de turno.

Hay, sin duda, una crisis de liderazgo. Los partidos políticos piensan en el corto plazo, no avizoran el mediano y largo plazos. La polarización ideológica incrementa su incapacidad de ver más allá de la coyuntura. Siguen atados a visiones parciales, y en cierto modo, anacrónicas. Carecen de proyectos de significación trascendente y de cuadros políticos debidamente capacitados para gobernar.
¿Cómo encarar, por ejemplo, el tema de la construcción de un estado plurinacional?
¿Cómo encarar el combate contra el desempleo y el subempleo?
¿Cómo evitar el colapso de la seguridad social?
¿Cómo conciliar el crecimiento económico con el bienestar social
¿Cómo construir o reconstruir un verdadero régimen de partidos?
¿Cómo evitar los desastres ambientales producidos por el extractivismo?
¿Cómo orientar la acción colectiva en contra de la discriminación de género?
¿Cómo elevar la capacidad de gobierno como un factor estratégico para contrarrestar el inmediatismo y la improvisación?
¿Cómo establecer un sistema de petición y rendición de cuentas en base a una real división y autonomía de las funciones del estado, y a una efectiva auditoría social, desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil?

La departamentalización del saber lleva a que los expertos respondan estas preguntas fragmentariamente. Aquí viene el papel de las universidades. A la academia le corresponde proveer a los políticos y a los economistas de una visión de conjunto sin enclaustrarse en las parcelas del conocimiento, amuralladas en las especializaciones de cada carrera profesional.

Más que la suerte del gobierno de Moreno, lo que en realidad está en juego, a corto plazo, es la gobernabilidad democrática.