El gobierno de Guillermo Lasso puede resumirse en una palabra: improvisación. No solo por la falta de preparación política del Presidente, sino fundamentalmente por la carencia de equipo. Basta mirar el perfil de quienes hoy son gobierno para constatar que la principal cantera de “cuadros” fue un banco privado (el Banco de Guayaquil) y una prelatura de la Iglesia Católica (el Opus Dei).

Gobernar siempre es una tarea colectiva. Cuando los gobernantes carecen de equipo para viabilizar sus planes, la democracia brinda una salida: construir gobiernos de coalición. Lasso pudo hacerlo, debió hacerlo, pero no lo hizo. Al contrario, optó por lo de siempre: los acuerdos de trastienda, los pactos con los grupos de poder económico –a cuyos intereses se debe en cuerpo y alma– y las redes de corrupción que se reproducen sin cesar en el aparato estatal. Así, a la debilidad política del gobierno se añadió una debilidad estratégica. Entonces el haz de crisis se volvió inmanejable.

La crisis de seguridad y la ola de violencia criminal es, ante todo, un síntoma de erosión democrática. El capitalismo parasitario que impera en Ecuador convive sin problemas con el capital ilícito; lo favorece, lo estimula, lo premia. Esa es la lógica del mercado. Lo que está en disputa entre el Estado y las organizaciones criminales no es cuántas armas, tecnología o dinero manejan, sino la legitimidad que ostentan: es decir, la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad.

Cuando los gobiernos no son capaces de afrontar una crisis de seguridad valiéndose de las reglas democráticas, deslegitiman el Estado y alimentan la erosión democrática. Entonces surgen experimentos autoritarios como los de Bukele en El Salvador o Boluarte en el Perú. Ambos, ya no juegan con reglas democráticas, sino con la violencia como instrumento para la preservación del orden. Lo que parece ser momentaneo en el Perú, es ya una política permanente en El Salvador.

Pero los generales poco saben de esto. No solo por falta de interés, sino porque el proceso de democratización jamás llegó al interior de los cuarteles. En América Latina, las Fuerzas Armadas y la Policía siguen siendo un reducto autoritario bien lubricado con los recursos del Estado.

La democracia es un régimen político exigente que solo funciona cuando convergen cuatro condiciones: una partitura bien trazada (las reglas de juego), músicos entrenados para ejecutarla (los políticos profesionales), un director de orquesta talentoso (el jefe de Estado y de Gobierno) y un público dispuesto a escuchar (la sociedad civil). En Ecuador tres de las cuatro condiciones no se cumplen. En Perú fue igual y ya vemos las consecuencias.

La erosión democrática en Ecuador es un proceso de larga data. La inestabilidad política que vivió el país en el período 1997-2007 tiene como hilo conductor la disputa inter-élites por definir quién saqueaba al Estado. Luego, con Rafael Correa, se logró estabilidad política, pero a costa de seguir achicando la cancha democrática y ampliando la represión. 

Desde entonces, líderes de opinión que sufren de amnesia selectiva no han cesado en atizar la polarización. Para unos, antes de Correa vivíamos en el paraíso. Para otros, vivíamos en el infierno y Correa nos rescató. En este maniqueismo navegaron Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Subidos en sus enclenques veleros casi sucumben a las tomentas provocadas por sus errores políticos (octubre del 2019 y junio del 2022), mientras la República se desgaja.

Ahora, el extravío estratégico del gobierno de Guillermo Lasso está conduciéndole al país a un laberinto catastrófico. Por un lado, es incapaz de implementar una estrategia de seguridad integral. Sin estrategia política no hay estrategia de seguridad posible. Por otro lado, carece de inteligencia contextual para percibir que la expansión de la frontera minera en un país megadiverso y multiétnico solo alimentará la violencia política y puede provocar la clausura de su gobierno o de la democracia.