Etimológicamente, la palabra instituir significa establecer o poner en pie algo. Una institución, entonces, es la concreción colectiva de esa voluntad. Para que una institución funcione tiene que existir una intencionalidad compartida. Es decir, un acuerdo social al cual adhiere un grupo de individuos.

Las instituciones no siempre están rígidamente establecidas. Tomemos como ejemplo al matrimonio. En el Ecuador actual la unión de hecho tiene las mismas garantías que cualquier sociedad conyugal. Desde hace muchos años se eliminó del Registro Civil la figura del hijo ilegítimo. En consecuencia, ningún ecuatoriano está obligado ni tiene la necesidad de casarse para gozar del derecho a constituir una familia. No obstante, miles de compatriotas optan a diario por el matrimonio civil. En cierto sentido, buscan legitimar una situación, más desde lo social que desde lo jurídico.

Pero sí hay instituciones que requieren de una estricta normativa. Se trata de aquellas que implican decisiones de carácter público y que, por lo mismo, pueden afectar derechos de la ciudadanía; como la administración de justicia. En este caso no caben opciones entre la obligación y la voluntad, porque se trata de una institución que debe proyectar orden y reducir la incertidumbre de la ciudadanía.

Históricamente, los grupos de poder han aplicado el relativismo institucional a su conveniencia. La célebre consigna colonial de que “la ley se acata, pero no se cumple”, tiene vigencia hasta nuestros días. La práctica de la coima y la comisión en la administración pública es una contra-institución establecida por un acuerdo tácito e ilegal entre corruptos.

Durante diez años, y cobijado por una verborrea refundacional, el correato se empeño en demoler aquellas instituciones que constituían una traba para su proyecto de apropiación dolosa del erario nacional. Criminalizó la protesta social, persiguió al periodismo de investigación, manipuló la justicia, formuló leyes fascistoides para asegurar el control social y la impunidad administrativa, oficializó la discrecionalidad.

Imbuidos por un delirio providencialista, los correístas obtusos no repararon en la eventualidad de un viraje histórico. Jamás calcularon un cambio brusco de escenario, menos aun habiéndole heredado el gobierno a uno de los suyos. Apostaron por la perpetuación del relativismo institucional instaurado durante una década. Utilizaron el ambiguo argumento de que la revolución es fuente de derecho como parapeto para la más flagrante arbitrariedad. Y lo peor fue que no hubo ninguna revolución ni nada que se le pareciera.

Por eso resulta risible que hoy se quejen de la supuesta arbitrariedad de las instituciones, sobre todo de la justicia. ¿Qué más podían esperar de una institucionalidad dinamitada por ellos mismos? Se escandalizan porque se les pasa la factura de sus abusos. Me recuerdan a los pinochetistas rasgándose las vestiduras por la detención de su máximo líder en una opulenta mansión londinense. El torturador y asesino quejándose de –esa sí– una institución democrática.

Si algo caracteriza a las instituciones serias es que trascienden la voluntad individual y el utilitarismo de las coyunturas políticas. Cuando tienen dedicatoria, dejan de ser instituciones.
Hoy el país intenta reconstruir una institucionalidad demolida por diez años de autoritarismo, pero los poderes espurios siguen conspirando contra los derechos colectivos. Lo constatamos en los pequeños fraudes electorales, en la designación de las algunas autoridades del Estado, en el tortuguismo de la justicia y en la persistencia de una institucionalidad verde-flex amañada.