José Saramago dice que el camino de los equívocos nace estrecho, pero que nunca falta quien se empeña en ensancharlo. Así ha sido el itinerario del gobierno en los últimos dos años. Apremiado por una crisis fiscal que ya se anunciaba en 2013, tomó la decisión de meterle la mano al Yasuní y destapó su propia caja de Pandora. Los monstruos de la improvisación, la ineptitud y la inseguridad invadieron el otrora venturoso mundo del correísmo. A partir de entonces todo ha sido una retahíla de errores y meteduras de pata.

Ni la aplastante derrota de febrero del 2014 sirvió al oficialismo para echar cable a tierra. Desde el país imaginario de la publicidad negó sistemáticamente la realidad. Cuando cientos de miles de ciudadanos salieron a protestar a las calles, ya en el 2015, un régimen sorprendido y anonadado no encontró mejor respuesta que negar y reprimir. Incapaz de reflexionar, de hacer un análisis serio y responsable de la coyuntura, de ver con objetividad la situación política, optó por lo más simple: ampliar el camino de los equívocos.

El problema de la ofuscación oficial es que impide hacer previsiones. Cualquier interpretación de la situación política se convierte en fina especulación, en sutil filigrana. Las contradicciones inocultables al interior del equipo de gobierno, los bruscos cambios de rumbo, las desautorizaciones presidenciales a altos funcionarios, las rectificaciones, etc. proyectan un panorama enrarecido. Hay decisiones e iniciativas del gobierno que, a primera vista, no tienen pies ni cabeza. Como mantenerse en la mal llamadas enmiendas constitucionales.

En el 2015 Rafael Correa perdió las elecciones del 2017. Eso lo saben inclusive algunos dirigentes de Alianza País que ya no quieren comer más cuento. No solo que en todos lados se siente el pronunciado desgaste del “proyecto”. También la popularidad del Presidente decae. Al hartazgo ciudadano se suma una crisis económica que, debido a la opacidad oficial, parece una ruleta de casino, pero que de todos modos nos pasará una costosa factura. Cuando el bolsillo se haga huecos, la desaprobación popular frente al gobierno será incontenible.

¿Por qué entonces el correísmo se empecina en las enmiendas, particularmente en la reelección indefinida de autoridades?

En primer lugar porque retirarlas equivaldría a aceptar una derrota política que ahondaría su debilidad electoral. Además, esa derrota puede aparecer como un triunfo de la izquierda y de los movimientos sociales. Para aquellos sectores del gobierno y de la oligarquía que están empujando un pacto desesperado hacia la derecha, esta posibilidad resulta inadmisible. Desde su perspectiva, el poscorreísmo tendrá que darse, como siempre, sobre la base de la exclusión de la izquierda.

En segundo lugar, porque la reelección indefinida posibilita un acuerdo de toma-y-daca que permitirá al correísmo salvar los muebles. O cubrirse las espaldas. El mensaje es tan simple como contundente: ganarse a todas aquellas autoridades seccionales que se beneficien de la medida a partir de 2019. Con esos operadores electorales, el oficialismo podría participar en mejores condiciones en las elecciones de 2017, inclusive con otro candidato. Aunque no ganen, un buen bloque parlamentario no es un mal negocio. La tranza sería la retribución a sus aliados de turno. Así, al menos, Alianza País no se quedaría sin pan ni pedazo. Pero el cálculo, además de dudoso, es irresponsable.

En estas circunstancias, la transformación del país pasa a segundo plano, queda para las calendas griegas. La realpolitik exige pragmatismo. Aferrarse al poder siempre ha sido la consigna de la política tradicional. Para ello el correísmo no tiene ningún empacho en devastar las instituciones… o incendiar el país en diciembre. Querrá aprobar las enmiendas aunque tenga a todo el país en contra.