En las elecciones de abril de 2021 triunfó la opción contraria al populismo autoritario. Paradójicamente, el Gobierno electo está asediado por mecanismos y prácticas heredadas del correísmo.  Gobernar bajo el imperio de una estructura que conspira contra la democracia, es prestarse al juego que dejó montado Correa. ¿Por qué? Porque las instituciones creadas en la Constitución de 2008 no permiten el funcionamiento limpio de la democracia.

El objetivo de una constitución es dotar a los gobiernos de instrumentos que faciliten el ejercicio responsable del poder. Dado que éste no es omnímodo no puede hacerse cargo de todas las demandas sociales que confluyen en una coyuntura política determinada.

Cuando una constitución es un pliego de peticiones, y no diferencia el corto, mediano y largo plazos, condena a todo gobierno a incurrir en incumplimientos reiterados, por la limitación de recursos de los que dispone. El populismo constitucional ignora estas restricciones y genera un estado de convulsión social permanente.

Puede sostenerse que con ello se produjo un debilitamiento premeditado del Estado al crear, como contrapartida, la acumulación de poder para neutralizar la acción de las funciones propias de un estado de derecho. Esto conllevó a la concentración del poder en manos del ejecutivo, refrendada a través de consultas populares.

En eso consistió la democracia directa del correísmo, una democracia al margen del control recíproco que ejercen las funciones del Estado, abriendo muchas puertas para la corrupción.  

Instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el Consejo Nacional Electoral devinieron en dependencias gubernamentales que alteraron el sentido de la participación ciudadana y el rol de los partidos políticos.

La primera -la participación ciudadana- es una prerrogativa de la sociedad civil y fue confiscada por un organismo estatal. El régimen de partidos, que confiere a la representación un canal orgánico para procesar las demandas ciudadanas, también lo fue.

Adicionalmente, en la práctica, la Constitución institucionalizó el estallido social como respuesta al incumplimiento del gobierno de los derechos sociales consagrados en su texto. Bajo su amparo las organizaciones sociales recurren a la violencia, y no al diálogo.

Eso atenta contra el pluralismo que es la base y sustento de un régimen democrático.
En una sociedad democrática hay proyectos políticos diversos que se disputan la hegemonía transitoria del poder.  La práctica de la confrontación y la imposición de medidas, reclamadas desde la base social, sin el debido sustento técnico, no le dejan al gobierno otra alternativa que salvaguardar el orden. No hacerlo implica caer en una anarquía institucional. 

Bajo un gobierno autoritario el desbalance entre las demandas sociales y su capacidad de respuesta se solventa mediante el clientelismo y la concentración del poder.  Esto no es posible cuando quien ejerce las funciones de presidente se mantiene en los límites de su función. Tal es la diferencia entre un presidente autoritario y uno democrático, como evidencian tanto las presidencias de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso, con la de Rafael Correa.

En la Asamblea Nacional se ha implantado una corriente desestabilizadora. El llamado quinto poder es el Caballo de Troya de tal desestabilización. Las amnistías aprobadas confieren estatuto de ley a la insubordinación social impulsada con fines antidemocráticos.

Dejar que esa situación perdure implicaría una abdicación del poder emanado de la voluntad democrática. El juego político fundado en el equilibrio de funciones no puede librarse si está condicionado por la existencia de candados institucionales que lo enervan.

La reforma política, entonces, es una tarea improrrogable si queremos evitar la demolición progresiva de la democracia. Debemos restituir la plena vigencia del Estado de derecho, y los contrapesos en el ejercicio del poder. Ello exige el concurso de todas las fuerzas democráticas, a través de la construcción del más amplio consenso.